| DOCTRINA

Palabras clave | Keywords

América Latina
Comercio
Covid-19
Integración

Resumen | Abstract

Producto del Covid-19, la mayoría de los países están adoptando políticas comerciales proteccionistas para controlar la propagación del virus. Se han impuesto restricciones al movimiento de personas, servicios, tecnología y bienes. Con toda seguridad ello persistirá al término del virus y el proteccionismo será manifiesto en los sectores farmacéutico, equipos médicos, comunicaciones, inteligencia artificial y en alimentos, los cuales serán considerados bienes de seguridad nacional.

El naciente proteccionismo y la pandemia abren condiciones para el avance de la industrialización en los países de América Latina. Esta es una oportunidad para modificar la matriz productiva, caracterizada por la producción y exportación de recursos naturales, y así avanzar al desarrollo. Al mismo tiempo, la industrialización en mercados estrechos exige un esfuerzo de integración efectivo entre países de la región, para operar en escalas ampliadas, complementar recursos humanos y materiales y mejorar posiciones competitivas con los países desarrollados. El inocultable fracaso de los proyectos formales de integración regional deberá abrir paso a iniciativas pragmáticas de entendimiento entre países para mutuo beneficio. Un esfuerzo verdadero de integración regional resulta ineludible.

 

I. Introducción

Vivimos un momento de viraje de la globalización, que se profundizará con el coronavirus. Ello obligará a cambios productivos en América Latina y simultáneamente a decididos esfuerzos en favor de la integración regional.

El Covid-19 ha provocado una crisis humanitaria de proporciones y un desastre económico sin parangón. Millones de personas contagiadas y fallecidas. El planeta ha frenado en seco, con innumerables empresas cerradas, fronteras interrumpidas, asalariados cesantes, informales sin ingresos y minorías étnicas estigmatizadas.

Vivimos una preocupante incertidumbre, porque se desconoce cuánto durará la clausura de actividades, la ausencia de ingresos, el desempleo y todavía estamos a la espera de una vacuna o medicamento eficaz. Todos sufren la incertidumbre. Aquellos que cuentan con patrimonio, pero mucho más las familias que se han quedado sin ingresos.

Producto del Covid-19, la mayoría de los países están adoptando políticas comerciales proteccionistas para controlar la propagación del virus. Se han impuesto restricciones al movimiento de personas, servicios, tecnología y bienes. Con toda seguridad ello persistirá al término del virus y el proteccionismo será manifiesto en los sectores farmacéutico, equipos médicos, comunicaciones, inteligencia artificial y en alimentos, los cuales serán considerados bienes de seguridad nacional (Roubini, 2020).

Restricciones a la globalización ya se habían producido con la guerra comercial desatada por Trump contra China y ahora se acentuarán. La economía a escala planetaria, con segmentación de procesos productivos, cambiará a un sistema menos interconectado. Además, nuestras vidas estarán más limitadas físicamente y serán probablemente más virtuales. No es que la globalización se revierta, pero adquirirá nuevas formas. No existen garantías que la situación se modifique con el gobierno del presidente Joe Biden.

Cuando las calles se vuelvan a llenar y salgamos de nuestro confinamiento el sistema económico, basado en la producción a escala mundial y largas cadenas de abastecimiento, se transformará en otro menos interconectado. Nuestra vida va a estar limitada físicamente y será más virtual que antes (Gray, 2020).

A la salida del coronavirus, los países de América Latina tienen el desafío de construir economías y sociedades más duraderas y humanamente habitables, que terminen con la anarquía de los mercados. La economía tendrá que responder a nuevas e ineludibles exigencias productivas, sociales y medioambientales. Están las condiciones de posibilidad: el acortamiento de las cadenas de valor internacionales, el retorno al proteccionismo en los países centrales y la necesidad de encontrar autoabastecimiento en productos esenciales para la salud y la alimentación.

Durante las últimas tres décadas, la globalización ha acorralado a América Latina, especialmente a los países de Sudamérica, en la producción y exportación de recursos naturales. En vez de avanzar en la diversificación productiva se ha aceptado que las corporaciones transnacionales sobreexploten los recursos naturales, en favor del crecimiento de los países desarrollados y muy especialmente del mundo asiático. Un grave error que ha cerrado las puertas al desarrollo.

Sucesivos gobiernos no realizaron esfuerzos en defensa de la industria nacional ni tampoco impulsaron iniciativas que agregaran valor a los recursos naturales. Los casos de Argentina y Brasil son bastante dramáticos en Sudamérica, ya que sus economías se han primarizado para alimentar la industrialización y urbanización de China.

Al mismo tiempo, México, y parcialmente Costa Rica en Centroamérica, que no son básicamente exportadores de recursos naturales, tampoco han sido capaces de impulsar una verdadera política industrial. México, en particular, produce partes y algunos bienes manufacturados para los EE.UU.; sin embargo, se trata de «…exportaciones que parecen industriales, pero son básicamente bienes simplemente maquilados en el país, con un elevadísimo componente importado. Además, se trata de inversión extranjera (EE.UU.). Industria genuina, prácticamente ha desaparecido» (Valenzuela Feijóo, 2020).

En consecuencia, el crecimiento económico y exportador de las últimas décadas no ha favorecido el desarrollo en los países de América Latina. La actividad productiva de estos países, fundada en la explotación de recursos naturales o en un tipo de industrialización trunca, no produce suficientes encadenamientos hacia el conjunto de la economía, genera escaso empleo productivo y concentra el ingreso en una minoría.

Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad Cambridge, señala que no da lo mismo lo que producen los países. Aunque una industria de pescado puede ser tan rentable como una industria electrónica, la primera promueve menos habilidades productivas y organizativas que la última. Según Chang, la evidencia internacional muestra que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización y, especialmente, a través del desarrollo del sector manufacturero, el verdadero centro de «aprendizaje del capitalismo» (Ha-Joon, 2016).

El naciente proteccionismo y la pandemia abren condiciones para el avance de la industrialización en los países de América Latina. Como en la crisis de los años treinta y luego en la 2ª guerra mundial, el freno a la globalización obligará a transformaciones productivas, que permitan el abastecimiento de bienes y servicios que, hasta ahora, eran cubiertos por importaciones. Esta es una oportunidad para modificar la matriz productiva, caracterizada por la producción y exportación de recursos naturales, y así avanzar al desarrollo.

Al mismo tiempo, la industrialización en mercados estrechos exige un esfuerzo de integración efectivo entre países de la región, para operar en escalas ampliadas, complementar recursos humanos y materiales y mejorar posiciones competitivas con los países desarrollados. El inocultable fracaso de los proyectos formales de integración regional deberá abrir paso a iniciativas pragmáticas de entendimiento entre países para mutuo beneficio. Un nuevo y decidido esfuerzo de integración resulta ineludible.

II. Industria e integración en el pensamiento de Prebisch-CEPAL

A fines de los años cincuenta, Raúl Prebisch, a la cabeza de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), señalaba que para avanzar hacia el desarrollo en los países de América Latina era imprescindible superar la dependencia exportadora de materias primas; así se podría pasar desde una industrialización liviana a una industria avanzada, de carácter más complejo. La CEPAL concebía, entonces, la dependencia del capitalismo avanzado como un asunto estrictamente comercial, cuyo efecto negativo se manifestaba en el deterioro secular de los términos de intercambio entre las manufacturas importadas desde los centros y las materias primas exportadas desde la periferia.

«Este incremento de la producción industrial dará amplio margen a la especialización y al intercambio recíproco, sobre todo en las nuevas actividades que habrán de desarrollarse en materia de bienes de capital, automotores y otros bienes duraderos de consumo, así como de productos intermedios. En efecto, a medida que se avanza en este proceso hay que abordar industrias cada vez más complejas en que la dimensión del mercado es factor primordial de productividad» (CEPAL, 1959).

Prebisch agregaba que el despliegue de una industria avanzada requería de un mercado ampliado, que diera respuesta a los estrechos mercados de la mayor parte de los países. La integración de los países de América Latina era entonces una condición indispensable para impulsar actividades industriales complejas y para lograr una posición competitiva frente a la industria de los países centrales.

La industrialización espontánea se llevó a cabo en compartimentos estancos y el mercado común se impone entonces como medio para superar el estrangulamiento exterior y promover la economicidad del proceso industrializador.

Para avanzar en la construcción del Mercado Común Latinoamericano (MCL) también se proponía reducir sustancialmente los derechos aduaneros entre los países latinoamericanos. Pero, como existían desigualdades de desarrollo se sugería, al mismo tiempo, un tratamiento arancelario diferencial entre los países de la región para lograr igualdad de oportunidades frente al mercado común.

En las condiciones descritas, el fruto de las nuevas inversiones de capital, exigido por el avance de la industrialización, superaría los compartimentos estancos que significan los estrechos mercados de cada uno de los países de la región y ello facilitaría la industrialización y el desarrollo económico de América Latina.  

«El mercado común responde al empeño de crear un nuevo módulo para un intercambio latinoamericano adecuado a dos grandes exigencias: la de la industrialización y la de atenuar la vulnerabilidad exterior de estos países. Mientras su economía convergía preferentemente hacia los grandes centros industriales para proveerlos de productos primarios, no existían mayores incentivos al intercambio recíproco» (CEPAL, 1959).

Aníbal Pinto agregaba un argumento adicional: la industrialización avanzada exige progreso técnico para elevar la productividad y ello no se logra con una industrialización encerrada en mercados estancos.

«No queda otro camino que establecer un proceso gradual de integración que lleve a una unión económica de los países latinoamericanos. De esta manera, las economías nacionales aprovecharían los recursos y el potencial de la región y podrían organizarse para producir, con una productividad mucho más alta que la actual y para un mercado de 230 millones de habitantes que se multiplica a una de las tasas más altas del mundo» (Pinto, 1969).

III. La Teoría de la Dependencia cuestiona la visión de la CEPAL

La CEPAL pensaba que era posible que las burguesías locales pudieran liderar la industrialización avanzada y veía al capital extranjero sólo como un complemento para la acumulación interna (Pinto, 1969). Esta visión fue cuestionada por la denominada Teoría de la Dependencia ya que la industrialización avanzada fue controlada completamente por el capital extranjero. No fue un complemento externo al ahorro interno, como la concebía CEPAL.

Así las cosas, la región pasaba de una dependencia comercial-financiera a una dependencia industrial. Esta nueva forma de dependencia subordinaba a la burguesía nacional al capital extranjero, y con ello impedía la posibilidad de un proyecto de desarrollo nacional autónomo, como pensaba la CEPAL.

En efecto, desde fines de los años cincuenta, del siglo pasado, con el término de la «industrialización espontánea», las empresas multinacionales, principalmente de origen norteamericano, se despliegan a lo largo y ancho de América Latina para realizar inversiones en industrias de transformación, en las manufacturas de punta de la época, entre las que destacan principalmente la industria automotriz, petroquímica y electrónica. Sus subsidiarias se instalan en los mercados nacionales, con el propósito de capturar a los consumidores locales, saltando así las elevadas barreras arancelarias que caracterizaban en aquella época a la política comercial.

Las corporaciones internacionales, aunque seguían controlando los centros de producción de materias primas, extienden también sus actividades hacia el sector manufacturero, con el propósito de obtener ganancias en los mercados internos de América Latina. A partir de esos años se puede hablar, entonces, de una «nueva forma de dependencia», que trasciende el ámbito comercial. Por cierto, se trata de un fenómeno que también se presenta en otras regiones del mundo, gracias al accionar no sólo de multinacionales norteamericanas, sino también de origen europeo y japonés.

La penetración del capital extranjero en el sector manufacturero tiene implicaciones sociales y políticas ineludibles. La burguesía nacional, que había impulsado la «industrialización liviana» en las primeras décadas del siglo XX, no tenía condiciones tecnológicas ni financieras para ampliar sus posiciones de acumulación en los sectores más avanzados tecnológicamente. La empresa multinacional ocupa ese espacio.

Dejemos hablar a Theotonio Dos Santos, uno de los fundadores de la Teoría de la Dependencia:

«La burguesía industrial latinoamericana, que nacía del proceso de industrialización de las décadas de 1930-40, se veía en una situación difícil con relación al capital internacional. Ella aspiraba a sustituirlo, pero no tenía el conocimiento tecnológico ni el peso financiero para enfrentar las grandes inversiones que se hacían necesarias para asegurar la competitividad en una fase más avanzada del desarrollo tecnológico.

Era inevitable, por lo tanto, que el capital internacional sometiese al nacional a su dinámica, lo que reflejaba la fuerza emergente de una economía mundial basada en un nuevo tipo de empresa multinacional» (Dos Santos, 2002).

Consecuente con su propuesta integracionista, Raúl Prebisch, desde la CEPAL, realiza ingentes esfuerzos para impulsar la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y también apoya la conformación del Mercado Común Centroamericano. Ambas se forman a inicios de los años sesenta.

Algunos años después, ante el inmovilismo de la ALALC, en la segunda mitad de los años sesenta, se conforma el Pacto Andino [1], cuyo propósito era especializar a cada uno de los países miembros en actividades industriales específicas y regular estrictamente al capital extranjero, muy en línea con el pensamiento de la CEPAL.

El Pacto Andino, posteriormente denominado Comunidad Andina de Naciones (CAN), dispone la eliminación de los aranceles entre sus miembros y, sobre todo, establece la Programación Industrial. Éste es un mecanismo por medio del cual se instalarían en la subregión nuevas industrias, que exigirían grandes inversiones y alta tecnología. Para proteger la producción industrial se estableció un Arancel Externo Común. Los sectores aprobados para la programación Industrial fueron el metalmecánico, petroquímico y el automotriz.

Pero, como se señaló arriba, esos tres programas, necesitados de altas inversiones y tecnologías fueron controlados por el capital extranjero. Ello quitó efectividad a los objetivos de la programación, como eran la reducción de la dependencia, el desarrollo de una industria eficiente y la mejor asignación de recursos.

IV. Emergencia del neoliberalismo

Posteriormente, en los años noventa, se instaló el modelo neoliberal, con reformas estructurales muy profundas. El Banco Mundial, el FMI y los países desarrollados exigieron a los países de la región ajustes radicales proempresariales y promercado, como condición necesaria para el acceso a financiamiento externo.

La denominada «década perdida» de los ochenta había sumido a la región en una crisis profunda con inflación, endeudamiento y empobrecimiento. Para poder acceder a recursos frescos se vio obligada a impulsar reformas que transformarían radicalmente el modelo de desarrollo de los países de América Latina. Los ejes del nuevo modelo han sido los siguientes: economía de mercado con Estado mínimo, privatización de las empresas públicas, apertura comercial indiscriminada, riguroso equilibrio fiscal y focalización de las políticas sociales.

«En los años noventa (…) los temas de la industrialización y transformación productiva tendieron a perder presencia en la agenda de los gobiernos, en tanto que los ecos de los organismos internacionales que promovían el ajuste estructural a fines de los años ochenta seguían marcando el énfasis en los equilibrios macroeconómicos, la desregulación, la apertura comercial y financiera y el retiro del Estado de las actividades productivas» (CEPAL, 2014).

Así las cosas, a partir de los años noventa, las coincidencias económicas de la época entre los países de la región favorecieron la implementación de acuerdos de complementación económica (ACE), en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI), continuidad de la ALALC. En el marco de la ALADI hubo apertura arancelaria entre los países de la región; sin embargo, el rasgo dominante de la apertura económica se dirigió hacia el resto del mundo, mediante los tratados de libre comercio (TLC) con los países desarrollados y, en los últimos años, con el mundo asiático.

En consecuencia, la estrategia económica neoliberal, junto a los TLC, favorecieron una presencia inversionista dominante de las corporaciones transnacionales de los países desarrollados en los países de la región. Así las cosas, los países de América Latina, en vez de construir una fuerza regional propia en lo comercial, empresarial, educacional y tecnológico han competido económicamente entre ellos, muy especialmente para acceder a las inversiones extranjeras.

V. Nueva fase de la globalización y una integración irrelevante

A partir de los años noventa se consolidó una nueva fase de globalización económica en el mundo, cuyo fundamento material se encuentra en el extraordinario avance de la ciencia y la tecnología. Los países desarrollados ya no fundan su actividad económica en la industria sino en los servicios y en las rentas generadas por la propiedad intelectual en informática, biotecnología, entre otras actividades de punta en el siglo XXI. Ello plantea inmensos desafíos.

La deslocalización de las actividades de las empresas transnacionales [2], muy especialmente en países asiáticos, para disminuir costos de producción, dificulta avanzar en industrias de transformación a las economías de América Latina. Las ha acorralado en la producción y exportación de materias primas y, en el mejor de los casos, en industrias maquiladoras.

Paralelamente, se ha acentuado la concentración de la ciencia básica y el progreso técnico en los países desarrollados, con un acentuado monopolio de las marcas y patentes [3].

Por otra parte, en la actual fase de la globalización, con el libre movimiento de capitales, se hacen más vulnerables nuestras economías frente a los vaivenes de la economía mundial. La escasa regulación internacional de los movimientos de capital de corto plazo genera inestabilidad financiera.

Así las cosas, las múltiples iniciativas y proyectos institucionales de integración que, desde los años sesenta, se han impulsado en Sudamérica han tenido un carácter eminentemente retórico y no han servido para aumentar el comercio intrarregional ni para potenciar las industrias locales. En efecto, las exportaciones intra-ALADI, como porcentaje del total exportado al mundo, han venido disminuyendo sistemáticamente: 15,5% en 1981; 13,2% en el 2000; y, 11,9% en el 2019 [4].

Tampoco la región ha ampliado la fuerza negociadora subregional. Así fue en el pasado con la ALALC y el Pacto Andino (hoy CAN) y en los últimos años con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), MERCOSUR, el ALBA, la Alianza del Pacífico, UNASUR, y recientemente PROSUR. No ha sido distinto en los países del norte, en Centroamérica y México.

La incapacidad de construir una fuerza propia, como logró la Unión Europea, tiene que ver con la fragilidad del empresariado y también de la clase política de nuestros países. Ambos se han subordinado al capital transnacional y han sido complacientes frente a la política norteamericana en la región. Y, en muchos casos, han sido doblegados por la corrupción, como ha sucedido, de forma vergonzante, con el caso ODEBRECH [5].

En consecuencia, no se ha cumplido la propuesta de Prebisch y, más bien, se ha confirmado la tesis de la Teoría de la Dependencia sobre la incapacidad de las burguesías de América Latina para impulsar un proyecto nacional autónomo. Sorprende sobre todo que los sectores políticos progresistas y de centro izquierda, que emergieron en la década 2000, no impulsaran una propuesta nacional de desarrollo y una política económica que obligase a un «comportamiento patriótico» a las burguesías nacionales y orientara a los inversionistas extranjeros en favor de las industrias de transformación.

En suma, cuando la industria manufacturera se ha trasladado masivamente a los países asiáticos ni la derecha, ni los socialdemócratas y tampoco los «socialistas del siglo 21» han sido capaces de impulsar la industria nacional. Han aceptado, incluso con mayor intensidad que en el pasado, que las economías de la región se dediquen a producir y exportar combustibles, minerales y alimentos. Y, en vez de impulsar una diversificación productiva, han aceptado, servilmente, que las corporaciones transnacionales sobreexploten nuestros recursos naturales, en favor del crecimiento de los países desarrollados y del mundo asiático.

Ello también explica que la institucionalidad integracionista se haya mostrado frágil y dispersa, y se caracterice por una insoportable retórica. No se ha valorado la importancia de actuar en bloque frente al poder de las empresas transnacionales, a los Estados Unidos y a la emergente economía China.

En efecto, Lula lideró con éxito el rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que tanto interesaba a los EE.UU. Pero, Brasil no quiso ejercer su liderazgo para avanzar en la integración regional. Por su parte, el presidente Kirchner, en Argentina, concentró todos sus esfuerzos en resolver los problemas internos heredados del periodo Menem, y se embarcó en un proyecto económico, de corte estrictamente nacionalista, dejando de lado la política regional; más aún, dedicó buena parte de su política exterior a una beligerante disputa con Uruguay, a propósito de una planta de celulosa, instalada cerca de su frontera.

Correa, en Ecuador y Evo Morales, en Bolivia, priorizaron la reformulación de los sistemas políticos internos, lo que comprometió fuertemente sus agendas. Finalmente, Chávez y después Maduro desplegaron un vigoroso activismo para acumular fuerza interna, pero con un rotundo fracaso en el ámbito de construcción económica. Al mismo tiempo, intentaron afirmar posiciones de liderazgo en Sudamérica, con la instalación del Alianza Bolivariana de América (ALBA) y el Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con una agresiva retórica que significó sucesivos conflictos con varios gobiernos de la región. Chile, por su parte, se olvidó por completo de la región y optó por privilegiar sus lazos económicos con la suscripción de sucesivos TLC con los países desarrollados y el mundo asiático.

El liderazgo progresista y de centro izquierda, que emergió en Sudamérica en la década del 2000, favorecido además por el superciclo de precios de las materias primas, perdió la oportunidad de impulsar un proyecto económico alternativo al neoliberalismo y menos convertir la integración regional en componente sustantivo de un nuevo modelo de desarrollo. El resultado inevitable fue su pérdida de legitimidad, lo que abrió paso a la derecha en todos los países de Sudamérica y a una crisis profunda en Venezuela:

«…el propicio escenario internacional entre 2003 y 2008 condujo al mejor período económico de la región en 40 años: la tasa media de crecimiento se elevó al 4,7% anual; la tasa de desempleo disminuyó del 10,7% al 7,3%; las cuentas fiscales y el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos se tradujeron incluso en años de superávits gemelos. Las exportaciones crecieron un 18% anual, potenciadas por las mejoras de los términos de intercambio derivadas de los altos precios de los productos básicos. En el ámbito social, la pobreza se redujo del 43,9% al 33,5% e incluso mejoró ligeramente la distribución del ingreso. En ese favorable contexto, de nuevo quedaron atrás las inquietudes sobre diversificación productiva y exportadora y sobre el rezago regional en materia de innovación y competitividad (Negritas mías)» (CEPAL, 2014).

Así las cosas, la incorporación incondicional de los países de la región a la economía global no ha ayudado al desarrollo. Por una parte, se siguen exportando recursos naturales, mientras el comercio intrarregional se viene reduciendo año tras año y, aunque existen inversiones intrarregionales de empresarios latinoamericanos no hay verdaderas complementaciones productivas, que apunten a una transformación productiva. Por otra parte, tanto en las negociaciones bilaterales, como multilaterales, al actuar divididos frente a los poderes dominantes los países se ha colocado en posición de debilidad en los temas sustantivos de la agenda internacional: apertura financiera, servicios, propiedad intelectual, controversias empresa-estado, entre otros.

VI. La irrenunciable integración

A pesar de las dificultades que ha tenido la región para integrarse, no sólo en el momento actual sino en sus distintas fases de desarrollo, la unión económica de América Latina sigue siendo un proyecto irrenunciable. Probablemente hoy día más que en el pasado, porque ahora los desafíos son mayores.

La emergencia de China y la India como potencias en pleno crecimiento, productoras a bajo costo de manufacturas y servicios, han empujado a la región a explotar exclusivamente sus ventajas comparativas geográficas. Ello potencia la exportación de combustibles, minerales y alimentos, dificultando la diversificación del patrón productivo-exportador.

Para salir del subdesarrollo no se puede seguir anclado en la producción y exportación de bienes primarios y es preciso diversificarse. Para mejorar la productividad, y competir con los países asiáticos, se necesita más inversión en ciencia y tecnología y se requiere de mayores recursos en educación pública. Para cumplir con esas tareas la integración es insoslayable. Los países de América Latina son generosos en bienes primarios pero escasos en ciencia, tecnología y educación, lo que obliga a iniciativas y a esfuerzos conjuntos.

En consecuencia, sigue vigente la preocupación primigenia del Prebisch: la integración es un componente fundamental del desarrollo. Para manufacturar, agregar valor a las exportaciones, potenciar las pequeñas empresas, utilizar tecnologías de última generación, mejorar la eficiencia de la fuerza de trabajo y negociar con las potencias industriales, la unión regional resulta fundamental, más aún en las nuevas condiciones de la economía global. Pero también no hay que olvidar la preocupación de la Teoría de la Dependencia sobre la incapacidad de las burguesías nacionales para impulsar un proyecto nacional de desarrollo.

VII. Más allá del proteccionismo y la pandemia

Las políticas proteccionistas del presidente Trump y ahora la dolorosa experiencia del Covid-19 están imponiendo serias restricciones al movimiento de bienes, servicios, capital, mano de obra y tecnologías. Todo indica que se acortarán las cadenas de valor internacionales, y existirá la necesidad de encontrar autoabastecimiento en productos esenciales para la salud y la alimentación y probablemente para algunos otros bienes.

Con la pandemia, la dependencia y lejanía geográfica se muestran peligrosas. Después del coronavirus resultará difícil ser abastecidos por suministros médicos provenientes de países lejanos. Esos suministros y otros bienes sensibles, como los alimentos, serán asunto de seguridad nacional y por tanto de necesaria producción interna. La eficacia económica que fundamentaba la globalización se modificará en favor de garantizar las necesidades básicas de las poblaciones.

El camino ya se ha abierto para la reindustrialización en los centros capitalistas (Pizarro Hofer, 2020) y eventualmente existen condiciones para retomar una industrialización sobre bases nacionales en América Latina y, quizás, con complementaciones productivas entre países cercanos. Ello desafiará el Estado mínimo y el fundamentalismo de mercado, ya que la industrialización exige políticas económicas activas de carácter sectorial y una decidida inversión en ciencia y tecnología, junto a una mejor educación.

Las tareas en la región son desafiantes y exigen voluntad política transformadora y un Estado activo con capacidad para disciplinar al gran empresariado.

En primer lugar, la reestructuración de los sistemas productivos exige superar la producción de recursos naturales, así como la maquila. La transformación productiva, unida a la ciencia y tecnología son indispensables para avanzar al desarrollo.

Segundo. Se precisa modificar el actual Estado subsidiario, reemplazándolo por uno activo, que impulse políticas económicas de fomento, en favor de actividades industriales y/o que intervenga directamente en iniciativas productivas, que al sector privado no le interesan. También requiere suficiente capacidad reguladora, como fue en Corea del Sur y en todos los países hoy industrializados de altos ingresos. El Financial Times, diario liberal, no tiene duda en destacarlo:

«Los gobiernos deben aceptar un rol más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como una inversión y no como un lastre, y buscar modos para que el mercado de trabajo no sea tan inseguro. La redistribución de la riqueza debe volver a estar en la agenda; los privilegios de los ricos deben ser cuestionados. Políticas que hasta hace poco eran consideradas excéntricas, como el salario mínimo y los impuestos a la riqueza, debe estar en el programa» (Financial Times, 2020).

Tercero. Se precisa aumentar sustancialmente la inversión en ciencia, tecnología e innovación, condición indispensable para que la inteligencia se incorpore en la transformación de los procesos productivos y agregue el valor indispensable para diversificar la producción de bienes y servicios.

Cuarto. Un nuevo proyecto productivo fundado en la industria, precisa mejorar radicalmente la educación formal y la capacitación de los trabajadores, así como un sistema de salud pública de calidad para toda la sociedad. Nuevas tecnologías, máquinas y procesos modernos exigen profesionales y trabajadores con formación y salud de calidad. Ello resultará en mayor productividad, mejores salarios y distribución del ingreso. Tal como se conoce en Finlandia y otros países nórdicos.

«Es difícil pensar que la región pueda lograr un crecimiento sostenible, reduciendo la pobreza y la desigualdad y avanzando en materia de innovación, sin diversificar su estructura productiva y exportadora. Como es evidente, para ello se requiere mejorar la calidad de la inserción internacional, lo que a su vez exige hacer apuestas sustantivas en favor de la calidad de la educación y la capacitación» (CEPAL, 2014).

En quinto lugar, el desenfrenado ataque a la naturaleza no puede continuar, tal como lo dice dramáticamente António Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas:

«La naturaleza está enfadada. Si no cambiamos urgentemente nuestra forma de vida, ponemos en peligro la vida en sí misma. En todo el mundo, la naturaleza está golpeando con furia. Miren a su alrededor. El nivel del mar está aumentando y los océanos se están acidificando. Los glaciares se están fundiendo y los corales se están blanqueando. Las sequías se expanden y los bosques se incendian. Los desiertos se expanden y el acceso al agua se reduce. Las olas de calor son abrasadoras y los desastres naturales se multiplican» (Diario El País, 18 de septiembre de 2020).

VIII. Integración regional y el retorno de la CEPAL a sus orígenes

La integración regional es un desafío ineludible, que ahora la propia CEPAL retoma, con fuerza:

«La industrialización y la transformación productiva fueron dejadas de lado por los gobiernos de la región en favor de los ajustes estructurales, los equilibrios macroeconómicos, la desregulación, el retiro del Estado de las actividades productivas y la apertura comercial y financiera indiscriminada al mundo. Así las cosas, se priorizó la suscripción de acuerdos de libre comercio con las economías industrializadas, perdiendo importancia real el mercado regional» (CEPAL, 2014).

La integración regional es ineludible. Al menos entre mercados vecinos tendrán que encontrarse espacios de complementación productiva, así como esfuerzos conjuntos en ciencia, tecnología y en educación superior. El freno a la globalización lo demanda, consecuencia del nuevo proteccionismo y los efectos del Covid-19.

El fracaso económico y político de los proyectos formales de integración regional debe ser reemplazado por iniciativas pragmáticas entre países para mutuo beneficio. Lo dice la propia CEPAL, retornando a sus orígenes:

«Hoy mantienen su validez los argumentos clásicos en favor de la integración: el incremento de la eficiencia productiva, el aprovechamiento de las economías de escala, la ampliación de los mercados y el mayor espacio para la complementación económica y la provisión de bienes públicos regionales» (CEPAL, 2014).

América Latina tendrá que apoyarse entonces en sus propias fuerzas, buscando entendimientos entre países de la región y eventualmente con algunas potencias intermedias, tales como India, China y Corea del Sur.

La transformación productiva, en favor de la industria, exigirá un esfuerzo de integración que debe ir mucho más allá de la apertura comercial, ya existente en América Latina [6]. Se trata de encontrar espacios inteligentes de complementación productiva entre países, con esfuerzos conjuntos en ciencia, tecnología y educación superior. Si esto ha sido posible entre los países desarrollados y China, distantes geográfica y culturalmente, con mayor razón puede impulsarse entre países cercanos.

En consecuencia, en la hora actual existen condiciones objetivas para terminar con la retórica y avanzar en favor de la industrialización y de una integración regional efectiva. Lo exige una globalización, que acorrala a la región en la producción de materias primas, a lo que se agrega ahora el proteccionismo. El asunto no es fácil. Un nuevo enfoque de integración debe ser capaz de trascender nacionalismos estrechos y contingencias políticas, para convertirse en una herramienta efectiva del desarrollo de nuestros países. Así ha sido en Europa y así está sucediendo hoy día en el Asia.

Avanzar en una industrialización, apoyada en la complementariedad productiva, elevaría el intercambio intrarregional de productos manufacturados. Este cambio en la matriz productiva reduciría la dependencia del sector externo que ha caracterizado el desarrollo regional.

Vale la pena destacar que, aunque el comercio intrarregional se ha reducido en las últimas décadas, las cifras también revelan que ese comercio se caracteriza por un elevado intercambio de manufacturas, así como por una gran participación de las pequeñas y medianas empresas, lo que, según CEPAL, abre espacio para la conformación de cadenas regionales de valor manufactureras (CEPAL, 2014).

Ello revela que existe un interesante potencial para un proyecto de reindustrialización de los países de la región que coloque el énfasis en las Pymes.

La CEPAL insiste en ese propósito cuando señala que:

« (…) las principales redes mundiales de producción se estructuran en torno a regiones específicas. Ello obedece en gran medida a la importancia que reviste la proximidad geográfica para organizar procesos productivos fragmentados entre varios países. Igualmente, importante es la existencia de políticas explícitas de apoyo a la integración productiva y de una adecuada infraestructura de transporte, logística, energía y telecomunicaciones» (CEPAL, 2014).

IX. Conclusiones

El presidente Trump atacó con políticas proteccionistas a China, Canadá y México, y ahora, producto del Covid-19, la mayoría de los países están adoptando políticas restrictivas en fronteras para controlar la propagación del virus. Con toda seguridad ello persistirá al término del virus y el proteccionismo será manifiesto en los sectores farmacéutico, equipos médicos, comunicaciones, inteligencia artificial y en alimentos, los cuales serán considerados bienes de seguridad nacional.

En consecuencia, el cierre de fronteras para acceder a manufacturas de alta relevancia obligará a los países de Sudamérica a modificar su modelo productivo, fundado en la producción y exportación de recursos naturales. En medio de graves situaciones humanitarias, no existen garantías que se respeten los compromisos de libre comercio contenidos en los TLC. Por tanto, como en la crisis de los años treinta, los países de la región deberán enfrentar restricciones comerciales que los obligarán a impulsar industrias de transformación.

La industrialización exige políticos y economistas independientes del gran capital nacional e internacional porque, a lo largo de décadas las burguesías nacionales se han desnacionalizado y, ahora, mucho más que en los años sesenta, se encuentran estrechamente ligadas al capital transnacional.  El camino es entonces difícil. Habrá que construir un Estado fuerte que, junto a los trabajadores y a pequeños y medianos empresarios, haga contrapesos al gran capital.

Por otra parte, a pesar de las dificultades que ha tenido América Latina para integrarse, no sólo en el momento actual sino en sus distintas fases de desarrollo, la unión económica de nuestros países sigue siendo un proyecto irrenunciable. Probablemente hoy día más que en el pasado, porque ahora los desafíos son mayores.

En consecuencia, la transformación productiva, en favor de la industria, exigirá un esfuerzo de integración que debe ir mucho más allá de la apertura comercial, ya existente entre los países de la región. Por tanto, sigue vigente la propuesta originaria de Prebisch: la integración es un componente fundamental del desarrollo. Para manufacturar, agregar valor a las exportaciones, potenciar las pequeñas empresas, utilizar tecnologías de última generación, mejorar la eficiencia de la fuerza de trabajo y negociar con las potencias industriales, la unión regional resulta fundamental, más aún en las nuevas condiciones de la economía global.

Notas:

[1] El Pacto Andino fue creado el 26 de mayo de 1969 cuando varios países sudamericanos suscribieron el Acuerdo de Cartagena. Inicialmente los países miembros fueron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En 1973 se une Venezuela como miembro pleno.

[2] No es casual, entonces, que dos tercios del comercio mundial sean realizados por estos conglomerados, de los cuales un 60% son operaciones intra-firma.

[3] El monopolio que ejercen los países desarrollados sobre la propiedad intelectual y las limitaciones a su difusión contrasta con las oportunidades que tuvieron Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur en los años 70´, con acceso fácil a las tecnologías, lo que fue fundamental en su diversificación industrial.

[4] ALADI, Sistema de Información de Comercio Exterior de la ALADI. Uruguay.

[5] Empresa constructora brasileña que durante veinte años sobornó a presidentes, vicepresidentes, parlamentarios y funcionarios de gobierno en varios países de América Latina para obtener beneficios en las contrataciones públicas.

[6] La ALADI tiene 50 acuerdos preferenciales en vigor que determinan que el 75% de los bienes que se comercializan en la región están libres del pago de aranceles o de impuestos de importación. Lo señala Alejandro de la Peña, el Secretario General de la ALADI, para el diario El Nacional de Colombia, el 17 de octubre de 2019.

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