| ARTíCULO

Keywords

Migración laboral
Empleo informal
Latinoamérica
Derecho del Trabajo

Abstract

Los trabajadores migrantes constituyen un grupo poblacional vulnerable. Asimismo, esta población puede tener más posibilidades de vincularse a un empleo informal cuando tiene un bajo nivel de escolaridad e incluso cuando los Estados de destino adoptan medidas legales que restringen la migración amparados en un enfoque de protección de la seguridad nacional. Estas situaciones aumentan las posibilidades de los trabajadores migrantes de vincularse a empleos informales que se caracterizan por bajas retribuciones y desconocimiento de los derechos laborales. En atención a ese contexto nos proponemos abordar la migración laboral en Latinoamérica atendiendo a la relación que existe entre esta y el empleo informal desde una perspectiva jurídico-laboral.

 

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Erica Florina Carmona Bayona

Doctora en Derecho | Profesora de Derecho Laboral | Universidad Santiago de Cali

Colombia

Este artículo es resultado del proyecto de investigación de la Universidad Santiago de Cali (Colombia) titulado «La segmentación del mercado de trabajo colombiano: una mirada desde la teoría de los mercados segmentados», identificado con código DGI-COCEIN-No.421-621116-D84. El trabajo se presentó como ponencia libre en el V Congreso Iberoamericano y Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social «Las Migraciones y su Transversalidad», que se celebró en la Universidad de Alcalá (España), los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

I. Introducción

El fenómeno migratorio es a escala global y de carácter complejo, pues, las personas cambian de país atendiendo a varias causas, dentro de las que se encuentra la laboral. Las personas deciden o se ven obligadas a movilizarse a otro país para trabajar en él y así mejorar sus condiciones de vida y las de su núcleo familiar. El análisis de la perspectiva laboral de las migraciones es necesario, atendiendo a que el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas incide en el bienestar de la población y tiene repercusiones en la competitividad y productividad de un Estado.

Los trabajadores migrantes constituyen un grupo poblacional vulnerable, sobre todo cuando tienen bajos niveles de escolaridad e incluso cuando provienen de un país con niveles de pobreza superior al país de destino. Por tanto, son susceptibles de ser discriminados en el acceso al empleo o en las condiciones de trabajo, si se comparan con los trabajadores nativos o de otros Estados con mejor nivel de desarrollo. El trabajador migrante que cumple con ese perfil suele ser objeto de prejuicios. Muchas veces se considera que vienen al país de empleo a arrebatar el trabajo a los nativos y a abaratar los salarios, aceptando frecuentemente remuneraciones bajas, especialmente cuando tienen la necesidad de asistir económicamente a su familia. Además, empleadores poco escrupulosos prefieren aprovechar esta mano de obra barata que supone una disminución de costes. Lo antes descrito conlleva casi necesariamente a que los inmigrantes tengan más probabilidades de vincularse a empleos informales.

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En este contexto nos proponemos estudiar la relación entre la migración laboral en América Latina y el empleo informal. Puesto que, una gran proporción de trabajadores migrantes se dedican a hacer trabajos por cuenta ajena en relaciones de subordinación que se encuentran en la economía informal. Para lograr nuestro objetivo, en primer lugar, analizamos documentos de la OIT sobre la migración laboral en Latinoamérica para identificar las relaciones con el empleo informal. En segundo lugar, interpretamos las normas internacionales y nacionales sobre la materia. En particular, detallamos las leyes migratorias de República Dominicana y La Argentina, por ser los países con mayor proporción de migrantes en empleos informales. El estudio de esas regulaciones se hace para identificar si las distintas normativas propician la informalidad o propenden por el tratamiento de la migración bajo un enfoque de protección de los derechos. Finalmente, analizamos el caso de los migrantes venezolanos en Colombia e identificaremos las circunstancias que podrían propiciar la realización de trabajos informales.

II. Migración laboral y derecho del trabajo

La Organización Internacional de las Migraciones (en adelante OIM) define la migración laboral como «el movimiento de personas desde el país de origen al país de destino con el objeto de trabajar» (sf., p. 1). Su principal finalidad consiste en poder obtener los medios de subsistencia necesarios para mejorar la calidad de vida tanto del trabajador como de su familia. Ahora bien, es cierto que esas consideraciones económicas suelen prevalecer en ese tipo de situaciones, pero no siempre es el punto determinante. Otros factores tales como lograr unas aspiraciones personales o un proyecto de vida deben tomarse en consideración. En ese sentido, y siguiendo a Roldán Dávila, la migración laboral vendría determinada por la decisión tomada por la persona migrante tras un análisis de costo-beneficio: permanecer en el país de origen o explorar nuevas oportunidades en un país que necesita mano de obra, que retribuye el trabajo con mejores salarios o que es la única opción ante la situación social y económica que vive (2012).

El fenómeno migratorio laboral puede ser abordado desde diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, los economistas han estudiado sus causas, refiriéndose a la necesidad de las economías desarrolladas de aprovechar la mano de obra migrante barata y la incapacidad del mercado laboral del país de origen de colocar a esos trabajadores (Roldán Dávila, 2012, p. 89). Debido a que nuestro ámbito de estudio es el Derecho del Trabajo, nos proponemos destacar la relación que existe entre migración laboral y Derecho del Trabajo.

Las normas internacionales del trabajo definen al trabajador migrante como la «persona que emigra de un país otro a ocupar un empleo que no habrá de ejercer por su propia cuenta» (OIT, convenios 97, 143 y Recomendación n.º 86). Además, tendrán esa calidad los admitidos como tales en el país de destino. Ahora bien, el fenómeno migratorio es de carácter trasnacional y global (OIT, 2016, p. 79) mientras el Derecho del Trabajo es de carácter local, aunque se nutre de normas internacionales y sufre procesos de transformación como consecuencia de la mundialización de la economía (Sanguineti Raymond, 2013, pp. 39-43). No obstante, cuando el trabajador migrante llega al lugar de destino será sujeto de aplicación del derecho nacional. Este sistema normativo estará armonizado con las normas internacionales que sean de aplicación directa en el país de destino, como los Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo (OIT, 1998) y los convenios de la OIT que haya ratificado ese Estado, especialmente los números 97 y 143 relativos a los trabajadores migrantes.

Una de las notas características del Derecho Laboral es que regula el trabajo por cuenta ajena, en contraposición con el trabajo por cuenta propia. Al respecto, Montoya Melgar sostiene que el trabajo es por cuenta ajena «en el sentido que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a persona distinta del propio trabajador», esto es, al empleador (2013, p. 39). La utilidad que genera el trabajo no la percibe el empleado de forma directa, sino que la aprovecha el empleador quien solo le retribuye una parte de esa utilidad al trabajador en forma de salario (Montoya Melgar, 2013, p. 39). La definición de trabajador migratorio, citada en el párrafo anterior, excluye como tal a quien realice el trabajo por su propia cuenta. En ese sentido, se identifican como trabajadores migrantes a los sujetos que emigran a un país distinto al suyo y en él realizan la actividad personal a favor de un tercero, quien se beneficia de la utilidad personal del trabajo y solo remunera al trabajador una parte de ella.

En la teoría laboralista, el trabajo objeto de regulación, además de ser por cuenta ajena, debe ser un trabajo personal, voluntario y subordinado. La subordinación jurídica se concibe como la nota de mayor relevancia en lo que respecta a la delimitación conceptual, y por tanto a la identificación práctica del trabajo asalariado (Maldonado Montoya, 2017). La referencia específica que hacen los convenios de la OIT respecto a que se considera trabajador migrante a quien no ocupará un empleo por su propia cuenta nos permite inferir que estas personas podrán realizar actividades remuneradas reguladas por el Derecho del Trabajo.

Es preciso destacar que la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias (1990) contiene una definición más amplia del trabajador migratorio. El artículo 2 define como trabajador migratorio a «toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional». Por tanto, reconoce como tales a los trabajadores fronterizos, a los trabajadores por temporada, al trabajador marino, al trabajador en una estructura marina, al trabajador itinerante, al trabajador vinculado a proyecto y al trabajador con empleo concreto. La Convención admite, en las modalidades de trabajador migratorio marino, en una estructura marina, trabajador vinculado a proyecto y trabajador con empleo concreto, la existencia de una relación laboral dado que se reconoce que estos estarán a cargo de un empleador.

Por otra parte, el texto señalado considera como trabajador migratorio a quien «realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales» (art. 2.h). De la interpretación de esta norma se desprende que aquellos trabajadores migrantes que realicen actividades por cuenta ajena tendrán o deberán tener un contrato de trabajo, regulado por la normativa laboral del país de destino.

III. El empleo informal como un problema jurídico-laboral

Según datos de la OIT la informalidad laboral representa un 46,8% del empleo de América Latina y del Caribe (OIT, 2014a, pp. 53 y 54) [1]. De esta información se desprende que un porcentaje importante de la fuerza de trabajo de la región está empleada en trabajos poco productivos, que se caracterizan por percibir remuneraciones bajas. Sin lugar a duda, esta situación impacta muy negativamente en el desarrollo económico y social latinoamericano.

En el estudio del fenómeno del empleo informal se utilizan diversas terminologías, como lo es la economía informal. Este concepto toma en consideración directamente el empleo sin atender al sector en que se desarrolle el trabajo. En ese sentido, la Recomendación n.º 204 de la OIT del año 2015, sobre la transición de la economía informal a la economía formal, la define como aquella que «hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que -en la legislación o en la práctica- están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto».

Según la anterior definición, en la categoría de empleo informal se agrupan las distintas situaciones en el empleo que pueden presentarse en la economía informal, dentro de las que encontramos a los sujetos que poseen y explotan unidades económicas en la economía informal, que pueden ser, los trabajadores por cuenta propia, los empleadores, los miembros de las cooperativas y de unidades de economía social solidaria (OIT, 2013, pp. 55 y 56) [2] y los hogares (parte I. 4 de la Recomendación) (OIT, 2017, p. 12).

También se enmarcan en esa categoría a los trabajadores asalariados con empleo informal, cuya «relación de trabajo no se rige por la legislación laboral común, no tributan, ni gozan de protección social o de determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia por enfermedad, etc.)» (Tokman, 2007, p. 98; OIT, 2003, p. 56). Es importante aclarar que estos trabajadores pueden prestar sus servicios tanto en empresas formales como en unidades económicas de la economía informal. En el mismo orden de ideas, se incluyen en esa misma categoría a los trabajadores que trabajen para esas empresas o unidades económicas de la economía informal. Al respecto, la Recomendación n.º 204 de la OIT incluye, como ejemplos, a los trabajadores subcontratados, los que hacen parte de las cadenas de suministro, los que trabajan en hogares como trabajadores domésticos remunerados y los trabajadores cuyas relaciones de trabajo no están reconocidas o reguladas [Parte I, punto 4. c) y d)].

Como bien podemos observar, este fenómeno significa, en gran medida, la exclusión de la aplicación del Derecho del Trabajo a un grupo sustancial de trabajadores, puesto que no están «reconocidos ni protegidos dentro de los marcos jurídicos reglamentarios» (OIT, 2002, p. 3). La legislación laboral y de Seguridad Social no se aplica a esas personas o no se hace cumplir (OIT, 2002, p. 6). Por tanto, analizar la informalidad laboral como un problema jurídico implica reconocer la falta de efectividad de las normas que regulan el trabajo asalariado.

La efectividad jurídica, sostiene Jeammaud (1984), «se concibe como la aplicación efectiva, real, de las reglas vigentes a los casos concretos que regulan». Además, añade el autor, que el concepto de efectividad carece de claridad, situación que dificulta medir o estudiar la efectividad del derecho. No obstante, existen situaciones en las que es patente la inefectividad de algunas instituciones jurídicas. En ese sentido, la magnitud del empleo informal en Latinoamérica (46,8%) demuestra claramente la inefectividad de la institución jurídico-laboral del trabajo asalariado como objeto de regulación y protección por el Derecho del Trabajo.

La tasa de informalidad de la región está compuesta por un 30,5%, que corresponde a los trabajadores que ocupan empleos informales en el sector informal [3]. Por otra parte, el 11,4% representa al empleo informal en el sector formal, en el que se encuentran las empresas creadas y registradas conforme a la legislación. Las causas de esta informalidad permiten comprobar aún más la inefectividad del Derecho del Trabajo, pues viene dada, principalmente, por el incumplimiento de las normas, que tiene como causa el desconocimiento de la ley, motivado por la incapacidad económica o por la debilidad de la institucionalidad de los Estados. Finalmente, encontramos, con un 4.9%, el empleo informal en los hogares constituido principalmente por trabajadores del servicio doméstico (OIT, 2014a, p. 11).

Los datos de informalidad laboral para América Latina y el Caribe presentan importantes diferencias entre los países: Guatemala es el país con mayor porcentaje de empleo informal (73,6%). Le sigue Honduras (72,8%), El Salvador (65,6%), Perú (64,1%), Paraguay (63,8%), Colombia (54,4%), México (53,7%) y República Dominicana (51,2%). En cambio, Costa Rica tiene la menor tasa de informalidad (30,7%), seguido por Uruguay (33,1%), Brasil (36,4%), Panamá (40,4%), Argentina (46,7%) y Ecuador (49,3%) (OIT, 2014a, pp. 53 y 54). Como podemos observar, la inefectividad del Derecho Laboral es patente, aunque se debe relativizar en atención a la variación del porcentaje de informalidad en cada país.

IV. La migración en Latinoamérica y el empleo informal

IV.1. Características generales

Las guerras que se vivieron en el mundo durante los siglos XIX y XX, así como las persecuciones de diferentes colectivos, principalmente por situaciones políticas, tuvieron como consecuencia para los países latinoamericanos una importante recepción de inmigrantes (CEPAL-OIT, 2017, p. 16). Los flujos migratorios han variado y se han fortalecido corredores intrarregionales, que, en todo caso, coexisten con los corredores extraregionales como los que tienen como destino Estados Unidos y España (OIT, 2016).

En el estudio La migración laboral en América Latina y el Caribe. Diagnóstico, estrategia y líneas de trabajo de la OIT en la región (2016), la Organización Internacional del Trabajo identifica los principales corredores migratorios intraregionales y sus características. Al respecto, expone que existen nueve corredores migratorios intrarregionales: i) los nicaragüenses, panameños y centroamericanos a Costa Rica; ii) los centroamericanos a Panamá; iii) los centroamericanos a Belice; iv) los haitianos a República Dominicana; v) los caribeños a Trinidad y Tobago; vi) los bolivianos, paraguayos, peruanos y ecuatorianos a Argentina; vii) haitianos y paraguayos a Brasil; viii) peruanos y argentinos a Chile; ix) y colombianos y ecuatorianos a Venezuela [4].

La OIT destaca que ha existido un incremento de la feminización del trabajador migrante (2016, pp. 67-68). El 55,7% de las mujeres migrantes participan en la fuerza laboral de América Latina y el Caribe (OIT, 2016, p. 68). Según datos de la CEPAL-OIT, 2010-2013), las inmigrantes son mayoría en Uruguay con un 55,4%, en Chile con un 54,6%, en Argentina con un 54,0%, en Costa Rica con un 51,9%, en Paraguay representan el 50,9% y en Venezuela el 50,5%. Por su parte, en la República Dominicana y Brasil la representación por sexo es mayoritaria para los hombres (61,5% y 59,65 respectivamente) (2017, p. 18).

El incremento de la participación de la mujer en las migraciones se puede constatar en los flujos hacia Chile, país en el que la población inmigrante de sexo femenino supera el 51% (Lupica, 2016) [5]. Además, existe una gran necesidad de trabajadores para realizar las tareas domésticas y de cuidado a las que no se están dedicando los trabajadores nacionales. Al ser estas unas labores muy feminizadas, son las mujeres inmigrantes quienes se encargan, mayoritariamente, de estos trabajos (OIT, 2016, p. 48).

Otra de las características destacables de los flujos migratorios se refiere a que la mano de obra migrante se emplea con mayor facilidad en trabajos informales. El hecho de que estén más predispuestos que la población nativa a vincularse a un empleo informal tiene su explicación en varios aspectos concurrentes. Por un lado, debemos partir del tratamiento, desde la perspectiva de la seguridad nacional, que han dado los Estados a las migraciones internacionales. Más precisamente, la falta de gestión hace que no se aborde la dimensión laboral de la migración, trayendo como consecuencia que sea débil o nula la actuación Estatal tendiente a lograr la inserción laboral decente de los inmigrantes (OIT, 2016).

Además, esta inacción incide en que la ciudadanía nativa tenga prevenciones, rechazo e incluso animadversión hacia la persona inmigrante. Asimismo, las restricciones de los Estados, respecto al ingreso a su territorio de los inmigrantes, se ve reflejado en las regulaciones migratorias poco flexibles cuyo incumplimiento pone al migrante ad portas de la informalidad. De lo anterior resulta que el migrante ingresa a un empleo informal, aunque su situación migratoria sea regular. Nos referimos a casos tales como los familiares del trabajador migrante a quien no se le reconoce permiso de trabajo, estudiantes migrantes con permiso de trabajo a tiempo parcial, solicitantes de asilo sin permiso de trabajo (OIT, 2016, p. 72).

Por otro lado, también ayuda a explicar la predisposición de los inmigrantes a ingresar en la informalidad laboral los bajos niveles de formación. La persona que carece de formación o cuyo nivel es bajo tiene mayores dificultades para ingresar a un empleo formal por los requisitos que se exigen. En cambio, tiene más posibilidades de encontrar un empleo informal por su baja productividad. Asimismo, cabe resaltar que en la economía informal no se exigen conocimientos especializados por cuanto usan tecnologías de «trabajo-intensivas» (Gallart, 2005, p. 134), que se basan en tareas repetitivas. Esta relación entre bajos niveles de formación y empleo informal, se explica, a su vez, en las falencias de los Estados en brindar servicios de enseñanza de calidad a la población (Saavedra & Tommasi, 2007, p. 316), que podrían constituir una oportunidad de mejora de sus circunstancias.

De todo lo anterior se desprende que los trabajadores migrantes, más vulnerables por su propia condición, reciben con frecuencia tratos discriminatorios. Ante esta realidad las normas internacionales intentan proteger a esta población: por ejemplo, el convenio 137 de la OIT, se refiere, entre otros, a la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (1990), se refiere específicamente en el art. 7 a la no discriminación en el reconocimiento de derechos, en particular, a la igualdad de trato respecto a la remuneración, las condiciones de trabajo y empleo (art. 25).

En los corredores migratorios intrarregionales, los países con mayor flujo de inmigración laboral son Argentina, Costa Rica y República Dominicana (CEPAL-OIT, 2017, p. 26). Asimismo, son estos países, especialmente República Dominicana (VI.2) y Argentina (IV.3) los que tienen mayor proporción de trabajadores inmigrantes en la informalidad. Por ejemplo, la magnitud de la informalidad alcanza en República Dominicana el 83,6% en el sector agrario y el 90% en el de la construcción, mientras que en Argentina esa tasa representa un 67,4% (OIT, 2015, p. 57; CEPAL-OIT, 2017, p. 26).

En contraste con los datos expuestos en el párrafo anterior, la tasa de informalidad de los inmigrantes en Costa Rica, representados mayoritariamente por nicaragüenses, es menor: para el año 2013 era de 29% (CEPAL-OIT, 2017, p. 26); para el año 2014 representaba el 11% (INEC), caracterizándose por ser trabajadores dependientes que laboran en el sector «primario, comercio, construcción y en mayor medida actividades de los hogares como empleadores» (INEC, 2015, p. 18).

La tasa de informalidad de los trabajadores inmigrantes en Costa Rica tiene una fuerte relación con la tasa de informalidad general. En su estudio temático sobre Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe, la OIT destaca a Costa Rica como el país con la menor informalidad de la región con un 30,7% (2014, pp. 53 y 54). Sin embargo, esta tasa aumentó durante el IV trimestre de 2014, quedando en un 45% (INEC, 2015, p. 14). Finalmente, las tendencias y el empleo informal en Colombia realizado por los migrantes venezolanos, bien regulares, bien irregulares, merecen igualmente que nos detengamos en su análisis. Destino temporal o permanente de muchos venezolanos, la migración venezolana en Colombia está propiciando una situación sin precedente para su vecino (VI.4).

IV.2. La inmigración laboral y el empleo en República Dominicana: el caso de los haitianos

El 87,7% de la inmigración laboral proviene de Haití: el 83,6% labora en la informalidad en el sector agrario, y un 90% está vinculado en empleos informales en el sector de la construcción (OIT, 2016, p. 33; CEPAL-OIT, 2017, p. 26). Precisamente, este sector es el que más concentra empleos informales en el país, dato que ha aumentado un 10,4% de 2009 a 2013, pasando de un 74,9% a un 85,3% (OIT, 2014, pp. 69 y 70).

Los inmigrantes haitianos suelen tener bajos niveles de formación. Según datos de 2012, el 47,8% tiene un nivel básico o primario, el 21,6% un nivel secundario y un porcentaje muy reducido del 5,7% tiene estudios universitarios y de posgrado. Asimismo, el 22,3% carece de un nivel de escolaridad (Antezana Rimasa, 2013, p. 16). Además, estos inmigrantes ingresan de forma irregular (OIT, 2016, p. 33; Antezana Rimasa, 2013, p. 5). Sin lugar a duda, estos factores favorecen su inserción en empleos informales.

La ley migratoria dominicana n.º 285-2004, de 15 de agosto de 2004, y su Reglamento n.º 631-2011, de 19 de octubre de 2011, priorizan la migración laboral controlada con el fin de que ingresen «los recursos humanos que requiera el desarrollo del país» (art. 3, Ley 285). Este control es acorde a la Constitución (2010), que prevé en su disposición relativa al derecho al trabajo, que es de «alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo» (art. 62.10). En ese sentido, el objetivo es permitir el ingreso de inmigrantes cualificados, siempre y cuando se respeten las cuotas de nacionales, que son mínimo el 80% del número total de trabajadores de una empresa (art. 135 del Código del Trabajo, Ley 16- 92).

En cuanto a los derechos laborales, la norma migratoria dominicana restringe el reconocimiento efectivo de los derechos derivados del trabajo solo a quienes están en situación regular. El art. 26 de la Ley 285-2004 prevé que «Los extranjeros habilitados para trabajar según su categoría o subcategoría de ingreso, gozarán de la protección de las leyes laborales y sociales». A contrario sensu se interpreta que quienes no estén autorizados para trabajar, aunque trabajen, no podrán reclamar sus derechos laborales y el acceso a la protección social. Sin duda alguna, esta norma fomenta la informalidad al excluir al empleador, que aprovecha el trabajo de un inmigrante irregular, de la sujeción a las normas sociales. También un sector importante de la doctrina ha cuestionado dicha regulación por cuanto «contradice el principio constitucional de igualdad, el principio de territorialidad de las leyes laborales que consagra el código de Trabajo y el principio de igualdad, que también recoge el Código de Trabajo» (Antezana Rimassa, 2013, p. 29).

De otro lado, la ley migratoria solo regula una subcategoría de trabajadores temporeros que permite a los trabajadores con poco o nula formación realizar oficios de forma temporal. Según la norma, los trabajadores temporeros se conciben como «todos aquellos extranjeros que ingresan al territorio nacional para prestar sus servicios laborales por un tiempo determinado, y bajo contrato, de forma individual o formando parte de contingentes, por personas físicas o morales que explotan en el país unidades económicas de producción, distribución de bienes y servicios, y de acuerdo a las asignaciones de cuotas y planes de política migratorias que elabore el Consejo Nacional de Migración» (art. 36.5 Ley 285-2004). En esta subcategoría podrían ubicarse un porcentaje importante de inmigrantes haitianos, caracterizados por sus bajos niveles de formación.

A pesar de que la norma prevé una situación de empleo regular (los trabajadores temporeros), al tiempo propicia el empleo informal debido que estos trabajadores no cotizan para obtener una pensión de vejez (Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, Banco Central de la República Dominicana, Banco Mundial, 2007, p. 29). La anterior conclusión tiene como sustento que la subcategoría de trabajadores temporeros hace parte de la categoría de los no residentes quienes, a su vez, están excluidos de la aplicación de la ley de seguridad social. Esto debido a que el artículo 5 de la Ley 87-2001 regula de forma expresa que «Tienen derecho a ser afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) todos los ciudadanos dominicanos y los residentes legales en el territorio nacional». Así, al no ser residentes, están excluidos del derecho a la protección social.

Siguiendo con esta modalidad de empleo, la autoridad migratoria dominicana sostiene que en el permiso que otorga a la persona indicará el empleador, el tipo de trabajo y la zona geográfica donde prestará el servicio personal. Esta situación, crea una relación de «sujeción al empleador», que restringe la libertad de locomoción del trabajador, lo que podría favorecer un aprovechamiento por parte de «empleadores inescrupulosos» (Antezana Rimassa, 2013, p. 26). Además, esta regulación restringe la libertad de trabajo al no otorgarle un plazo para buscar un nuevo empleo o una prórroga al término del contrato. Se produce un cambio automático de estatus, pasando a ser trabajador irregular, susceptible de sanción.

La regulación de los trabajadores temporeros en la ley migratoria incentiva claramente la vinculación del trabajador a un empleo informal. El cambio de estatus de trabajador regular a irregular se presenta cuando cambien de empleador, realicen trabajos en zonas no autorizadas para trabajar o realicen actividades laborales distintas para las que fueron contratados (art. 56 Ley 285-2004). Si bien, no está demostrada la relación causa-efecto entre la migración irregular y el empleo informal, la condición de migrante irregular constituye «un factor determinante que impida el paso a la formalidad en el empleo según las políticas y prácticas migratorias de cada país» (OIT, 2016, p. 71). Por tanto, el migrante irregular tendrá, ciertamente, más opciones en el sector informal que en el formal.

IV.3. La inmigración laboral y el empleo informal en Argentina

La tasa de informalidad laboral en Argentina está entre las cinco más bajas de Latinoamérica, correspondiendo al 46,7% (OIT, 2014, p. 53). Sin embargo, cuando se observa con más detalle la situación, se encuentra que, a pesar de esos datos, existe una espectacular participación en el empleo informal de los trabajadores inmigrantes latinoamericanos con un 67,4%, frente a un 41,7% de no migrantes (OIT, 2015, p. 57). La política migratoria argentina contenida en la Ley migratoria 25.871 le da un tratamiento basado en el respeto y la promoción de derechos. Además, reconoce de forma expresa que «El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad» (art. 4). En materia de relaciones de trabajo, ello implica garantizar a los extranjeros y sus familias acceso igualitario al empleo y a las condiciones de trabajo (art. 6).

En todo caso, únicamente el migrante regular podrá trabajar en actividades remuneradas por cuenta propia o ajena (art. 53 Ley 25.871). Tendrán esa condición quienes ingresen en calidad de residente permanente (art. 22), residente temporario en la subcategoría de trabajador migrante (art. 23) y los residentes transitorios en la subcategoría de trabajadores migratorios estacionales (art. 24). En estos dos últimos casos, el trabajador puede permanecer en el territorio durante el plazo autorizado y sus prórrogas. Un aspecto destacable de la regulación frente a los derechos laborales consiste en que, a pesar de que el trabajador no esté en una situación administrativa regular, se le reconocen los derechos nacidos de la relación de trabajo que haya iniciado pese a no estar autorizado (art. 56). Claramente, esta disposición no estimula el aprovechamiento de la mano de obra inmigrante en empleos informales con una precaria o nula retribución, pues el empleador deberá reconocer y pagar al trabajador todos los derechos que se hayan causado. Además, podrá ser sancionado por contratar a un trabajador migrante irregular (art. 59).

Este tratamiento es acorde a los derechos que se reconocen a los trabajadores en los convenios fundamentales de la OIT ratificados por el país y en las normas internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, el enfoque de respeto y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes es conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la ONU, el 18 de diciembre de 1990 y ratificada por el órgano legislativo argentino mediante Ley 26.202 promulgada el 10 de enero de 2007, con posterioridad a la ley migratoria de 2004.

La participación de los trabajadores inmigrantes latinoamericanos en el empleo informal argentino no está determinada por la situación migratoria irregular, al contrario del mercado de trabajo dominicano (respecto de los migrantes haitianos irregulares). En un estudio sobre migraciones laborales en Argentina se constata que «la elevada incidencia de la informalidad en el caso de los trabajadores inmigrantes (…) no tiene su principal causa en la irregularidad migratoria» (OIT, 2015, p. 60). Precisamente, el 89% de los inmigrantes latinoamericanos tiene documento de identificación nacional -DNI-, de los cuales, el 96% de los que trabajan en empleos formales cuentan con la documentación y un 86% de los que están vinculados en empleos informales tienen una situación migratoria regular, puesto que poseen dicho documento (OIT, 2015, pp. 60 y 61).

Ahora bien, es preciso aclarar que el DNI solo se entrega a los inmigrantes con residencia permanente y con residencia temporaria (art. 30 Ley 25.871). Por tanto, se excluyen a los trabajadores migratorios estacionales, por corresponder a una modalidad de residente transitorio. Sin embargo, la tendencia de los inmigrantes latinoamericanos a vincularse en empleos informales si tiene relación con condicionantes sociales y económicas. Existe un perfil sociodemográfico que caracteriza al trabajador informal: jóvenes, mujeres, bajo nivel educativo y la vinculación en los sectores con mayor tasa de empleo informal, tales como el trabajo doméstico, en la construcción y en la industria textil. Además, a este perfil se debe añadir la calidad de inmigrante, sin consideración a su situación administrativa (OIT, 2015).

Existen dos explicaciones interrelacionadas para esta situación. En primer lugar, existe un problema estructural en el mercado de trabajo argentino. En efecto, el desarrollo económico no ha tenido repercusión en la creación de empleo de calidad en unos sectores ocupacionales concretos (construcción, industria textil y servicios domésticos). Además, existe debilidad institucional del Estado en cuanto a vigilar y sancionar las prácticas de contratación en empleos informales. A estas circunstancias se debe añadir que el perfil del trabajador de los sectores ocupacionales con mayor tasa de informalidad coincide con el perfil de los inmigrantes latinoamericanos. Aspecto en el que se destaca el bajo nivel de escolaridad: el 57% no ha terminado los estudios de secundaria (2015, p. 66).

En segundo lugar, los trabajadores migrantes asalariados necesitan ingresos para su mantenimiento y el de su familia, lo que conlleva a la aceptación de empleos informales. Al respecto, la OIT destaca como causa relevante los prejuicios y el trato discriminatorio hacia los inmigrantes latinoamericanos. Esta situación claramente promueve el desconocimiento de los derechos laborales y fortalece el empleo informal, pues la discriminación viene dada porque se asume que son sujetos de no derecho y una mano de obra barata que se puede aprovechar (OIT, 2015, pp. 69 y 70). Es claro que, en Argentina, el problema de la vinculación de los inmigrantes al empleo informal requiere de la adopción de medidas económicas y sociales de promoción de derechos que logren hacer efectivos los derechos legalmente reconocidos.

IV.4. El empleo informal de los migrantes venezolanos en Colombia

Los flujos migratorios han aumentado hacia Colombia como consecuencia de la crisis económica, política, social y humanitaria que vive Venezuela (Castro, 2017). La magnitud de la situación es tal que, según Jozef Merkx representante de ACNUR en Colombia, confluyen casos de refugiados y migrantes, lo que conlleva una obligación de analizar cada situación de forma individual para determinar sus particularidades (15 de febrero de 2018). Ante esta realidad, debemos identificar las situaciones que podrían propiciar que los migrantes venezolanos, regulares e irregulares, realicen trabajos informales, más aún cuando sabemos que Colombia es un país con una tasa muy representativa de empleo informal. Así, según el Departamento Nacional de Estadística (en adelante DANE) el porcentaje de empleo informal correspondió al 48,1% en el trimestre noviembre de 2017-enero de 2018 (DANE, 9 de marzo de 2018).

En sus datos estadísticos, la autoridad de vigilancia y control migratorio, Migración Colombia [6], deja en evidencia el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia por los puestos regulares desde el año 2012. Así, en el año 2012, entraron al país, 251.471 y salieron 238.084; en 2013 entraron 261.264 y salieron 248.921; en 2014 entraron 291.539 y salieron 274.739; en 2015 entraron 329.478 y salieron 314.666; en 2016 entraron 378.965 y salieron 311.252; y, entre enero y junio de 2017 entraron un total de 263.331 venezolanos, de los cuales han salido 228.380 [7]. Al respecto, afirma Christian Krüger Sarmiento, director del organismo estatal, que a diciembre de 2017 existían en el país más de 550.000 venezolanos, entre regulares e irregulares (Migración Colombia, 31 de diciembre de 2017).

La problemática es muy compleja, puesto que pone a prueba la capacidad institucional y financiera colombiana, que no está nada entrenada para atender flujos migratorios considerables. Además, supone un reto para su mercado de trabajo, pues debe tener la capacidad de colocar a todos los demandantes de trabajo del país vecino. Sin embargo, se corre el riesgo de que los migrantes encuentren oportunidades de trabajo, de subsistencia, en la economía informal. Ello podría estar determinado por la situación administrativa en la que se encuentran. Así, a pesar de existir ingresos regulares al territorio colombiano, la Autoridad migratoria colombiana reconoció, en agosto de 2017, que se encuentran 50 mil ciudadanos venezolanos regulares frente a 153 mil irregulares que se les ha vencido el permiso temporal de permanencia. Además, existen 50 mil ciudadanos venezolanos a quienes próximamente se les vencería ese permiso (Migración Colombia, 16 de agosto de 2017), lo que tendría como consecuencia que pasarían a una situación irregular.

La amenaza de la irregularidad y de un empeoramiento de las condiciones de vida de los migrantes venezolanos trajo como consecuencia que el Gobierno colombiano adoptara una medida para regularizar la situación de muchos afectados y así, evitar la vulneración de sus derechos. La medida consistió en la creación del Permiso Especial de Permanencia [8] (en adelante PEP) con el fin de normalizar el estatus de los cerca de 50 mil venezolanos que estaban próximos a considerarse como migrantes irregulares (Migración Colombia, 16 de agosto de 2017).

El PEP es un «mecanismo de facilitación migratoria» que permite a los «nacionales venezolanos permanecer en Colombia de manera regular y ordenada» (Resolución n.º 5797 de 2017, de 25 de julio), siempre que cumplan con los requisitos que se definan en la norma. Esto es, que se encontraren en el territorio colombiano en fecha 28 de julio de 2017; que hayan ingresado de manera regular al territorio colombiano, que no tengan antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional y que no tengan una medida de expulsión o deportación vigente (Art. 1 de la Resolución 1272 de 2017, de 28 de julio). La resolución fijó un plazo para solicitarlo, desde el 28 de julio hasta el 31 de octubre de 2017. Asimismo, la norma ha previsto que el permiso tenga una vigencia de 90 días que puede prorrogarse de manera automática por periodos iguales hasta el término máximo de 2 años (Art. 3 de la Resolución 1272 de 2017, de 28 de julio). El PEP fue otorgado a cerca de 69.000 ciudadanos venezolanos (Migración Colombia, 31 de diciembre de 2017), lo que les permite trabajar de forma regular en el país.

Otra medida adoptada por Colombia consistió en la expedición de la Tarjeta de Movilidad fronteriza (TMF), para los ciudadanos venezolanos que viven en las zonas de frontera y hacen ingresos constantes al territorio nacional. Aunque este documento no autoriza a trabajar en el territorio nacional (Art. 11 Resolución 1220 de 2015, de 12 de agosto [9]). La TMF pretende que la migración sea «ordenada, regulada y segura» (Migración Colombia, 16 de febrero de 2017). Sin embargo, ante la llegada continúa de venezolanos a Colombia el Gobierno tuvo que adoptar nuevas medidas. En este caso, ha fijado un nuevo plazo para solicitar el PEP. La Resolución 0740 de 2018, de 5 de febrero de 2018, establece que los venezolanos que se encuentren en el territorio colombiano a 2 de febrero de 2018, y cumplan con los demás requisitos que ya se habían previsto en la anterior resolución, podrán solicitarlo en el plazo de 4 meses que va desde el 7 de febrero hasta el 7 de junio de 2018. A la fecha, no existen datos parciales disponibles sobre las solicitudes y su otorgamiento. La creación del PEP es un buen mecanismo para evitar la explotación laboral de los migrantes (Merkx, 15 de febrero de 2018). Así mismo, constituye un posible obstáculo para que trabajen en un empleo informal.

A pesar de los esfuerzos del ejecutivo por regularizar a un número importante de venezolanos, se estima que existen en el país 140 mil irregulares, que no han entrado por los pasos migratorios autorizados (Migración Colombia, 16 de agosto de 2017). Estos ciudadanos extranjeros no podrán solicitar el PEP ya que la norma que lo crea exige como requisito, entre otros, que hayan ingresado al territorio colombiano por los puestos de control migratorio con su pasaporte. En su conjunto, existe en Colombia una oferta de mano de obra estimada de cerca de 140.000 personas [10], que podrían realizar trabajos informales de subsistencia. Además, la media adoptada en febrero de 2018 de detener la expedición de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza, que servía como documento válido para el ingreso a Colombia, dificulta la posibilidad de los venezolanos de ingresar de forma regular. En efecto, no debemos olvidar que en Venezuela es difícil acceder a un documento básico como el pasaporte (Merkx, 15 de febrero de 2018).

Los datos que proporciona el DANE sobre informalidad laboral en Colombia no discriminan la nacionalidad de los trabajadores. Por tanto, no se puede tener información precisa de los venezolanos en el empleo informal. Sin embargo, sí indican las áreas geográficas con mayor informalidad. El área metropolitana de Cúcuta, ciudad ubicada en el departamento fronterizo de Norte de Santander, tiene la tasa de informalidad laboral más alta de Colombia, con un 72,2% (DANE, 2018). El gobierno local ha asegurado que un porcentaje importante de venezolanos trabajan como vendedores ambulantes en el centro de la ciudad (Secretaria De Gobierno De Cúcuta, 2017), actividad económica de subsistencia que, claramente, se enmarca en la informalidad laboral.

De forma concomitante a la regulación de un periodo adicional para solicitar el PEP, el Gobierno colombiano anunció la creación del Grupo Especial Migratorio (GEM), en el que participan Migración Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El objetivo del GEM es realizar procedimientos para «controlar la migración irregular, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, trabajar en materia de seguridad y recuperación del espacio público, así como apoyar la lucha contra el contrabando» (Presidencia De La República De Colombia, 22 de febrero de 2018).

La composición del GEM demuestra cómo uno de los objetivos en el tratamiento de la migración venezolana es propender por la seguridad nacional, con excepción del manejo de protección de derechos para los menores y adolescentes. No es criticable que se actúe para proteger esa materia, sobre todo en una frontera tan extensa y con muchas complicaciones por la presencia de grupos armados. Sin embargo, se enfatiza poco en la protección de los derechos laborales, aunque la persona tenga una condición de migrante irregular. Esta situación demuestra una actitud contraria a las obligaciones internacionales asumidas por Colombia tras la ratificación de la Convención internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias [11], en la que se indica que los Estados parte deben adoptar las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios nos sean privados de sus derechos laborales a causa de la irregularidad en su permanencia o empleo (Art. 25.3).

En la ciudad de Cúcuta el GEM ha «adelantado más de 50 operativos en parques y centros comerciales, realizando más de 2 mil 500 verificaciones, sancionando a 139 personas, deportando a 7, expulsando a 3». Además, ha realizado el «acompañamiento humanitario a más de mil ciudadanos venezolanos quienes, voluntariamente, decidieron regresar a su país, al ser encontrados incumpliendo la normatividad migratoria» (Presidencia De La República De Colombia, 22 de febrero de 2018). Si bien, se anuncia por el gobierno que se han sancionado a los empleadores que contratan a los inmigrantes irregulares (Holguín, María Ángela, 1 de febrero de 2018), no se ha dispuesto una ruta de atención para la reclamación de sus derechos laborales. Consideramos que esto es un aspecto necesario, sobre todo para los migrantes irregulares que deben poder reclamar sus derechos sin el temor a que la institucionalidad los identifique y sancione por ser irregulares.

Es una realidad que el empleo informal absorbe más rápidamente a las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular. Podrían existir dificultades para que los migrantes regulares accedan a un empleo decente, recordemos que en Colombia existe una gran precarización del empleo (ENS, 2017; López Camargo, 2015). Y la cualidad de migrante venezolano podría constituir una condición discriminatoria, que obstaculiza el acceso a un empleo de calidad. Consideramos que es necesario un trabajo articulado y automático entre la autoridad migratoria y el Servicio Público de Empleo (SPE) para colocar a los migrantes en el mercado laboral. Esto es, que Migración Colombia remita la información de los inmigrantes regulares y se les invite a participar en la ruta de inserción laboral para que pongan a disposición la información que se requiera. De otro lado, las dificultades económicas de muchos migrantes, que mantienen a sus familias en el país de origen, para pagar los costos de la convalidación de los títulos profesionales en Colombia impiden que ejerzan (por un periodo importante) su profesión y, asimismo, que el mercado de trabajo colombiano absorba nuevos talentos y personal con distintas cualificaciones.

Colombia está haciendo un gran esfuerzo por atender de la mejor manera posible a los migrantes venezolanos. Así lo podemos constatar, además, con la regulación en la Ley 1873 de 2017, de 20 de diciembre [12] de la decisión de adoptar una «política integral de atención humanitaria» (art. 140), en atención a la «emergencia social que se viene presentando en la frontera con Venezuela» (art. 140). Los primeros pasos para poder adoptar esa política de atención humanitaria se han dado con la expedición del Decreto 542 de 2018, de 21 de marzo, que crea un registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia, para que sirva como insumo para crear la política humanitaria de atención integral. El registro está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El registro tiene efectos, meramente, informativos, por tanto, «no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado» (art. 2). Este registro comenzó a realizarse el pasado 6 de abril y se extenderá por el plazo de dos meses. Esta iniciativa crea grandes expectativas frente a la futura Política integral de atención humanitaria a favor de los migrantes venezolanos. Esperamos que tome en consideración los problemas de informalidad y precariedad del mercado de trabajo colombiano, que, claramente afecta a los venezolanos, sobre todo si son irregulares. En todo caso, confiamos que se fortalezca el acompañamiento para la reclamación administrativa y judicial de los derechos de los trabajadores sin consideración a su situación administrativa, pues se evidencia una falencia en ese sentido, y ello, estimula la contratación informal y los tratamientos discriminatorios.

V. Conclusiones

1. Las migraciones laborales representan un reto para el Derecho del Trabajo. En la inmensa mayoría de los casos son asalariados a los que se les debe aplicar las normas laborales del país de destino. En ese sentido, la regulación migratoria de cada Estado puede permitir la aplicación del Derecho del Trabajo a los migrantes siempre que reconozca los derechos laborales sin consideración a la situación migratoria del trabajador. Una regulación en ese sentido permitirá que la persona trabajadora pueda solicitar, administrativa y judicialmente, el reconocimiento y pago de sus derechos laborales, a pesar de su situación administrativa. Con todo, esta opción solo es viable cuando los Estados promocionan la migración laboral con un enfoque de garantía de los derechos laborales.

2. Las condiciones económicas de los Estados de empleo, así como la regulación legal migratoria inciden en que el trabajador migrante se vincule a un empleo informal. Por un lado, ello viene dado por la incapacidad de los mercados de trabajo formales de absorber ocupaciones tradicionalmente realizadas por trabajadores informales. Por otro lado, esto también se estimula por legislaciones migratorias rígidas que restringen la migración laboral atendiendo a fines de seguridad nacional y no a un enfoque de derechos.

3. La problemática que vive la sociedad venezolana supone un desafío para Colombia, que se ha visto avocada a recibir, tanto de forma regular como irregular, a una cantidad importante de migrantes. Esta situación genera un impacto en el mercado de trabajo colombiano, que presenta muchas deficiencias frente a la creación de empleo decente, esto es, que respete los derechos fundamentales en el trabajo (igualdad de oportunidades y no discriminación, libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo infantil y abolición del trabajo forzoso). Asimismo, la inexistencia de una regulación migratoria, en la que se enfatice y especifiquen las rutas de acción para la reclamación de sus derechos, especialmente, los relacionados con el trabajo, debilita aún más la protección de esta población vulnerable. En todo caso, quedamos a la expectativa de lo que será la Política integral de atención humanitaria para la población migrante venezolana.

Notas:

[1] Los datos excluyen el empleo agrícola y se refiere a 14 países.

[2] En la 17.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo se expuso que se consideran con empleo informal «Los trabajadores por cuenta propia y los empleadores dueños de sus propias empresas del sector del sector informal (…). La situación en el empleo de los trabajadores por cuenta propia y de los empleadores es casi indisociable del tipo de empresa de la que son propietarios. La naturaleza informal de esos puestos de trabajo es, pues, consecuencia directa de las características de la empresa». Por su parte, respecto de los trabajadores miembros de las cooperativas de productores informales, se sostiene que «La naturaleza informal de sus puestos de trabajo se desprende directamente de las características de la cooperativa de la que son miembros».

[3] En el sector informal están los empleadores y trabajadores por cuenta propia, los asalariados de unidades de producción no registradas. Estás ultimas se caracterizan porque son pequeñas, de poco capital y operan a pequeña escala (OIT, 2014a, p.11). 

[4] Respecto a este último debemos destacar que la crisis política, económica y social que vive Venezuela ha cambiado la tendencia. Ahora los venezolanos están migrando hacia Colombia, su vecino directo.

[5] La autora citada destaca que la participación es del el 51,9%. En el informe de la CEPAL-OIT, referenciado en el texto, se señala que corresponde al 54,6%.

[6] Creada como Unidad Administrativa Especial con funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado Colombiano, mediante el Decreto 4062 de 31 de noviembre de 2011.

[7] Los boletines migratorios se pueden revisar en el siguiente link: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/component/content/article?id=718 y fueron consultados en octubre de 2017 (Migración Colombia, 16 de agosto de 2017). Sin embargo, es preciso advertir que de la revisión que hemos hecho en marzo de 2018 encontramos que no aparece el dato por nacionalidades de los extranjeros que han salido del país, por ello no podemos hacer las discriminaciones de entradas y salidas que habíamos hechos con los datos anteriores.

[8] Creado mediante la Resolución n.º 5797 de 2017, de 25 de julio, del Ministerio de Relaciones Exteriores e implementado por la Resolución n.º 1272 de 2017, de 28 de julio, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, por medio de la que implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se establece el procedimiento para su expedición a los nacionales venezolanos.

[9] Por la cual se establecen los Permisos de Ingreso y Permanencia, Permisos Temporales de Permanencia y se reglamenta el Tránsito Fronterizo en el territorio nacional.

[10] No tenemos datos de las edades, pues Migración Colombia solo da un estimativo. Sin embargo, nos referimos al dato total atendiendo a que podrán ser potenciales trabajadores informales.

[11] Aprobado mediante la Ley 146 de 1994, de 13 de julio.

[12] Por la cual se crea el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Diario Oficial n.º 50.453 de 20 de diciembre de 2017.

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