| ARTíCULO

Keywords

Migración laboral
Empleo informal
Latinoamérica
Derecho del Trabajo

Abstract

Los trabajadores migrantes constituyen un grupo poblacional vulnerable. Asimismo, esta población puede tener más posibilidades de vincularse a un empleo informal cuando tiene un bajo nivel de escolaridad e incluso cuando los Estados de destino adoptan medidas legales que restringen la migración amparados en un enfoque de protección de la seguridad nacional. Estas situaciones aumentan las posibilidades de los trabajadores migrantes de vincularse a empleos informales que se caracterizan por bajas retribuciones y desconocimiento de los derechos laborales. En atención a ese contexto nos proponemos abordar la migración laboral en Latinoamérica atendiendo a la relación que existe entre esta y el empleo informal desde una perspectiva jurídico-laboral.

 

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Erica Florina Carmona Bayona

Doctora en Derecho | Profesora de Derecho Laboral | Universidad Santiago de Cali

Colombia

Este artículo es resultado del proyecto de investigación de la Universidad Santiago de Cali (Colombia) titulado «La segmentación del mercado de trabajo colombiano: una mirada desde la teoría de los mercados segmentados», identificado con código DGI-COCEIN-No.421-621116-D84. El trabajo se presentó como ponencia libre en el V Congreso Iberoamericano y Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social «Las Migraciones y su Transversalidad», que se celebró en la Universidad de Alcalá (España), los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

I. Introducción

El fenómeno migratorio es a escala global y de carácter complejo, pues, las personas cambian de país atendiendo a varias causas, dentro de las que se encuentra la laboral. Las personas deciden o se ven obligadas a movilizarse a otro país para trabajar en él y así mejorar sus condiciones de vida y las de su núcleo familiar. El análisis de la perspectiva laboral de las migraciones es necesario, atendiendo a que el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas incide en el bienestar de la población y tiene repercusiones en la competitividad y productividad de un Estado.

Los trabajadores migrantes constituyen un grupo poblacional vulnerable, sobre todo cuando tienen bajos niveles de escolaridad e incluso cuando provienen de un país con niveles de pobreza superior al país de destino. Por tanto, son susceptibles de ser discriminados en el acceso al empleo o en las condiciones de trabajo, si se comparan con los trabajadores nativos o de otros Estados con mejor nivel de desarrollo. El trabajador migrante que cumple con ese perfil suele ser objeto de prejuicios. Muchas veces se considera que vienen al país de empleo a arrebatar el trabajo a los nativos y a abaratar los salarios, aceptando frecuentemente remuneraciones bajas, especialmente cuando tienen la necesidad de asistir económicamente a su familia. Además, empleadores poco escrupulosos prefieren aprovechar esta mano de obra barata que supone una disminución de costes. Lo antes descrito conlleva casi necesariamente a que los inmigrantes tengan más probabilidades de vincularse a empleos informales.

El registro tiene efectos, meramente, informativos, por tanto, «no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado» (art. 2). Este registro comenzó a realizarse el pasado 6 de abril y se extenderá por el plazo de dos meses. Esta iniciativa crea grandes expectativas frente a la futura Política integral de atención humanitaria a favor de los migrantes venezolanos. Esperamos que tome en consideración los problemas de informalidad y precariedad del mercado de trabajo colombiano, que, claramente afecta a los venezolanos, sobre todo si son irregulares. En todo caso, confiamos que se fortalezca el acompañamiento para la reclamación administrativa y judicial de los derechos de los trabajadores sin consideración a su situación administrativa, pues se evidencia una falencia en ese sentido, y ello, estimula la contratación informal y los tratamientos discriminatorios.

V. Conclusiones

1. Las migraciones laborales representan un reto para el Derecho del Trabajo. En la inmensa mayoría de los casos son asalariados a los que se les debe aplicar las normas laborales del país de destino. En ese sentido, la regulación migratoria de cada Estado puede permitir la aplicación del Derecho del Trabajo a los migrantes siempre que reconozca los derechos laborales sin consideración a la situación migratoria del trabajador. Una regulación en ese sentido permitirá que la persona trabajadora pueda solicitar, administrativa y judicialmente, el reconocimiento y pago de sus derechos laborales, a pesar de su situación administrativa. Con todo, esta opción solo es viable cuando los Estados promocionan la migración laboral con un enfoque de garantía de los derechos laborales.

2. Las condiciones económicas de los Estados de empleo, así como la regulación legal migratoria inciden en que el trabajador migrante se vincule a un empleo informal. Por un lado, ello viene dado por la incapacidad de los mercados de trabajo formales de absorber ocupaciones tradicionalmente realizadas por trabajadores informales. Por otro lado, esto también se estimula por legislaciones migratorias rígidas que restringen la migración laboral atendiendo a fines de seguridad nacional y no a un enfoque de derechos.

3. La problemática que vive la sociedad venezolana supone un desafío para Colombia, que se ha visto avocada a recibir, tanto de forma regular como irregular, a una cantidad importante de migrantes. Esta situación genera un impacto en el mercado de trabajo colombiano, que presenta muchas deficiencias frente a la creación de empleo decente, esto es, que respete los derechos fundamentales en el trabajo (igualdad de oportunidades y no discriminación, libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo infantil y abolición del trabajo forzoso). Asimismo, la inexistencia de una regulación migratoria, en la que se enfatice y especifiquen las rutas de acción para la reclamación de sus derechos, especialmente, los relacionados con el trabajo, debilita aún más la protección de esta población vulnerable. En todo caso, quedamos a la expectativa de lo que será la Política integral de atención humanitaria para la población migrante venezolana.

Notas:

[1] Los datos excluyen el empleo agrícola y se refiere a 14 países.

[2] En la 17.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo se expuso que se consideran con empleo informal «Los trabajadores por cuenta propia y los empleadores dueños de sus propias empresas del sector del sector informal (…). La situación en el empleo de los trabajadores por cuenta propia y de los empleadores es casi indisociable del tipo de empresa de la que son propietarios. La naturaleza informal de esos puestos de trabajo es, pues, consecuencia directa de las características de la empresa». Por su parte, respecto de los trabajadores miembros de las cooperativas de productores informales, se sostiene que «La naturaleza informal de sus puestos de trabajo se desprende directamente de las características de la cooperativa de la que son miembros».

[3] En el sector informal están los empleadores y trabajadores por cuenta propia, los asalariados de unidades de producción no registradas. Estás ultimas se caracterizan porque son pequeñas, de poco capital y operan a pequeña escala (OIT, 2014a, p.11). 

[4] Respecto a este último debemos destacar que la crisis política, económica y social que vive Venezuela ha cambiado la tendencia. Ahora los venezolanos están migrando hacia Colombia, su vecino directo.

[5] La autora citada destaca que la participación es del el 51,9%. En el informe de la CEPAL-OIT, referenciado en el texto, se señala que corresponde al 54,6%.

[6] Creada como Unidad Administrativa Especial con funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado Colombiano, mediante el Decreto 4062 de 31 de noviembre de 2011.

[7] Los boletines migratorios se pueden revisar en el siguiente link: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/component/content/article?id=718 y fueron consultados en octubre de 2017 (Migración Colombia, 16 de agosto de 2017). Sin embargo, es preciso advertir que de la revisión que hemos hecho en marzo de 2018 encontramos que no aparece el dato por nacionalidades de los extranjeros que han salido del país, por ello no podemos hacer las discriminaciones de entradas y salidas que habíamos hechos con los datos anteriores.

[8] Creado mediante la Resolución n.º 5797 de 2017, de 25 de julio, del Ministerio de Relaciones Exteriores e implementado por la Resolución n.º 1272 de 2017, de 28 de julio, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, por medio de la que implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se establece el procedimiento para su expedición a los nacionales venezolanos.

[9] Por la cual se establecen los Permisos de Ingreso y Permanencia, Permisos Temporales de Permanencia y se reglamenta el Tránsito Fronterizo en el territorio nacional.

[10] No tenemos datos de las edades, pues Migración Colombia solo da un estimativo. Sin embargo, nos referimos al dato total atendiendo a que podrán ser potenciales trabajadores informales.

[11] Aprobado mediante la Ley 146 de 1994, de 13 de julio.

[12] Por la cual se crea el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Diario Oficial n.º 50.453 de 20 de diciembre de 2017.

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