Partiremos del concepto de investigación, para poder pasar a analizar posteriormente la figura del investigador. Hay diversas definiciones, atendiendo a distintos criterios; nosotros emplearemos la más básica: actividad desarrollada por el ser humano con la finalidad de ampliar su campo de conocimientos y dar solución a interrogantes técnicos o científicos. La Unión Europea ha proporcionado diversas definiciones de “investigación” pero, además, ha establecido los ámbitos a los que afecta esta actividad, que son de mayor relevancia que la mera definición conceptual. Así, la investigación y la innovación en el ámbito europeo constituyen la garantía de un buen sitio para vivir y trabajar, es decir, desarrollan la política económica mediante la creación de empleo e impulsan la competitividad y el crecimiento personal de cada individuo.

Article Info

Rights and Science / R&S
Vol. 0, Issue 0
2017
pp. 73-80

Keywords

Investigador
Responsabilidad
Unión Europea

Introducción E Historia

Partiremos del concepto de investigación, para poder pasar a analizar posteriormente la figura del investigador. Hay diversas definiciones, atendiendo a distintos criterios; nosotros emplearemos la más básica: actividad desarrollada por el ser humano con la finalidad de ampliar su campo de conocimientos y dar solución a interrogantes técnicos o científicos.

La Unión Europea ha proporcionado diversas definiciones de “investigación” pero, además, ha establecido los ámbitos a los que afecta esta actividad, que son de mayor relevancia que la mera definición conceptual. Así, la investigación y la innovación en el ámbito europeo constituyen la garantía de un buen sitio para vivir y trabajar, es decir, desarrollan la política económica mediante la creación de empleo e impulsan la competitividad y el crecimiento personal de cada individuo.

Si bien es cierto que la generación de una política comunitaria de innovación ha estado siempre presente durante la creación de la Comunidad Europea (incluso desde la firma de los Tratados CECA y CEEA, también denominado éste último, como es sabido, EURATOM, que incluyen disposiciones sobre investigación), no ha sido hasta la década de los años 90 cuando ha adquirido una mayor importancia. Con el fin de respetar lo establecido en el art. 179 TFUE[1], el objetivo principal de la actuación de la Unión Europea en el ámbito de la Investigación va en la línea de fortalecer tanto el desarrollo tecnológico como favorecer la competitividad internacional de los proyectos europeos. La pregunta que nos surge al analizar el citado artículo es si “favorecer la investigación” es una posibilidad que la Unión Europea debe tener en cuenta o una obligación que ha de cumplir. Entendemos que, si bien la investigación no es, al menos inicialmente, una potestad que los Estados soberanos puedan ceder a la Comunidad Europea como lo son las finanzas, la economía, la protección del medio ambiente, etc., y tampoco se trata de una política en el sentido literal de la palabra; el texto del TFUE nos hace entender que se trata, más bien, de un deber, de una obligación, que corresponde a la Unión impulsar y que abarca a la investigación en su conjunto, es decir, en todos los ámbitos. Lo que no se expresa son los medios y las medidas que debe observar la Unión para la consecución de dicho fin.

Para conseguir que Europa esté entre las potencias investigadoras, es necesario que se establezcan unas redes que funcionen a pleno rendimiento, así como mecanismos de coordinación con el fin de integrar la investigación a nivel nacional con la investigación a nivel comunitario. Esto se ha conseguido mediante la creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI), ya previsto en la redacción del artículo mencionado anteriormente. El acuerdo de creación del EEI fue en el año 2000 (aunque desde los años 70 era un proyecto que se tenía en mente, hasta ese momento no se materializó), actualmente se hace referencia a él en el TFUE en el art. 189.1, cuando se establece que la Unión “[…] elaborará una política espacial europea” y en el art. 182.5 al reconocerse el deber del Parlamento y el Consejo de establecer “[…]las medidas necesarias para la realización del espacio europeo de investigación”.

Los objetivos principales del EEI son tres, claramente diferenciables:

  • En primer lugar implica la creación de un “mercado europeo de investigación” donde se estimulan todo tipo de sujetos, tanto del sector público (Centros de Investigación o Universidades) como del privado (empresas nacionales incluidas las PYMES), capaces de llevar a cabo actuaciones dentro de este ámbito y se permite la libre circulación tanto de éstos como de sus conocimientos e innovaciones tecnológicas.
  • En segundo lugar, el EEI implica la creación de un espacio de coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea, esto fue lo que más tarde conllevó a la creación de entidades que, precisamente, ostentan dicha función coordinadora de la Investigación como son el Centro de Investigación Conjunto (Joint Research Centre, JRC) o el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
  • En tercer lugar, se configura como un espacio de funcionamiento a través de la circulación y el intercambio y de financiación de los proyectos de investigación.

En ese último sentido, los arts. 182 a 186 del TFUE ofrecen al legislador europeo el principal instrumento para fijar los objetivos tecnológicos que deban alcanzarse así como las acciones a emprender para llevarlos a cabo. Este instrumento es el llamado programa marco plurianual, que se adopta por el procedimiento de codecisión (Parlamento y Consejo, previa consulta del Comité Económico y Social), y que se ejecuta a través de programas específicos (adoptados por el procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social) desarrollados dentro de cada una de las acciones que haya previsto el programa marco. La financiación, duración y medios que se ponen a disposición del investigador se detallan en cada uno de los programas específicos.

El primer Programa Marco de Investigación se puso en funcionamiento en el año 1984, y desde entonces se han ido adoptando diversos Programas plurianuales (desde 1984 hasta 2013, siete) cada vez con una financiación mayor y con un campo temático más variado. En el año 2013 finalizó el Séptimo Programa Marco (7PM), y en 2014 se creó el nuevo Programa denominado “Horizonte 2020”.

Es el mayor programa con el que ha contado la Unión Europea, tanto a nivel de financiación, como a nivel de objetivos previstos (retos sociales relacionados con el medio ambiente, liderazgo industrial, investigación médica y sanitaria, investigación en recursos nucleares…). Además el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) pasa a formar parte de este Programa como principal coordinador de los proyectos, financiado con el presupuesto destinado a dicho Programa[2].

A modo de ejemplo, desde la puesta en marcha del programa marco Horizonte 2020, a 31 de diciembre de 2014[3] hubo un total de 100 convocatorias que atrajeron aproximadamente a 37.000 propuestas de investigación de toda Europa, concediéndose hasta mediados del año 2015 subvenciones por un importe de 5.400 millones de euros.

Visto queda que la Investigación es un tema que la Unión Europea tiene muy presente dada su importancia en un mundo globalizado, y con un nivel de conocimientos tan avanzado. Y, por esta razón, cada vez se cree más firmemente que los retos que atañen a la sociedad en el presente, en cualquiera de sus aspectos, se afrontan mejor mediante la cooperación; en esa línea, en el año 2008 se redactó un nuevo modo de cooperación estratégica entre los Estados miembros que se recogió en una Comunicación de la Comisión[4]. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la investigación no sólo adquiere importancia como actividad a desarrollar o como un mero concepto teórico, sino que tal importancia se materializa a través de los investigadores.

Investigadores En La Unión Europea

A medida que la investigación iba adquiriendo relevancia en el ámbito europeo, la necesidad de establecer o aclarar las facultades de los investigadores y la importancia de la labor que llevaban a cabo también se hacía notoria. En la Resolución del Consejo de 10 de noviembre de 2003[5], se hace hincapié en la importancia de la investigación y, sobre todo de los investigadores en el crecimiento y la competitividad de Europa y, además, se da una definición de tal concepto: “[…] profesionales que trabajan en la concepción o creación de conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas de carácter novedoso y en la gestión de los proyectos correspondientes”. Como podemos observar, se hace referencia a la actividad como un “trabajo”, por ende, se reconoce la profesión de investigador.

En dicha Resolución, además, se menciona el proyecto de una Carta Europea del Investigador[6], documento que se encarga de establecer las bases de las relaciones entre investigadores y empleadores o financiadores de la investigación, así como un código de conductas, derechos y obligaciones que ha de cumplir el investigador (y su coordinador), y las exigencias y responsabilidades que ha de observar durante la realización de su labor.

Ya hemos mencionado anteriormente, que los sujetos investigadores pueden ser tanto privados como públicos y, ahora, además, aclaramos que pueden ser tanto personas físicas como asociaciones, organismos y entidades las que se dediquen a esta profesión. En el ámbito estatal español, destacan a modo de sujetos públicos los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) que junto con las Universidades forman el núcleo básico de la investigación en España.

Sin perjuicio de la naturaleza del investigador, y el país en que este se encuentre (ya realice su actividad investigadora dentro de un proyecto estatal o comunitario) debe cumplir con las obligaciones y las responsabilidades definidas en la Carta Europea del Investigador y, por supuesto, beneficiarse de los derechos que ésta le confieren.

Una vez asentado el concepto de investigador, y el reconocimiento de su actividad como una profesión, procederemos a analizar cada una de las responsabilidades que éstos deben observar en sus actuaciones. Todo ello en base a la Carta Europea de Investigación.

Responsabilidades Del Investigador

La exigencia de responsabilidades asegura que la actividad investigadora se lleve a cabo de manera profesional, proporcionando garantías de seguridad y fiabilidad en los argumentos o ideas presentadas y ofreciendo ideas factibles, reales, accesibles y válidas.

Con el objetivo claro de facilitar el estudio de cada una de las responsabilidades que vamos a tratar, procederemos a dividirlas en internas y externas. Las primeras serán aquellas que debe observar el investigador antes, durante y después de realizar las actuaciones propias de su profesión con respecto a la investigación en sí misma y de cara a las entidades financiadoras o empleadoras. Las segundas abarcan un ámbito más extenso, y exceden del ámbito puramente profesional en que se realiza la investigación para incluir aspectos como el respeto por el medio ambiente, el respeto a la sociedad europea y a su ética, el respeto a los trabajos de otros investigadores e incluso a los derechos fundamentales de terceras personas al realizar la investigación.

Responsabilidades internas

Entre las responsabilidades internas se encuentran: la forma de la investigación, las obligaciones contractuales, las obligaciones jurídicas, y el desarrollo profesional continuo.

Forma de la investigación

Antes de iniciar su actividad, el profesional investigador debe conocer los objetivos que, con su actuación, pretende conseguir, así como, observar todos los trámites previos, solicitando a la entidad correspondiente los permisos que sean necesarios, y asegurarse el acceso a todos los recursos (financieros, humanos, documentales, telemáticos, etc.). Una vez que el investigador tiene todos los recursos a su disposición, estará en posesión de la información necesaria para realizar su actividad, pero lejos de acabar aquí su trabajo, esto no es más que el principio. El profesional ha de organizar toda la información obtenida de tal modo que pueda dar respuesta a las incógnitas que pretende despejar con su investigación.

Dentro de esta responsabilidad, enteramente formal, podemos diferenciar un subapartado que tiene que ver con la temporalidad y con los plazos de finalización del proyecto de investigación así como con la renuncia o abandono antes de tiempo por parte del investigador. Éste ha de comunicar a sus empleadores – o a aquella entidad que financie el proyecto – con la antelación suficiente dicha renuncia, expresando los motivos y observando las formalidades que al comienzo de la investigación se hubiesen convenido entre ambas partes.

Obligaciones contractuales

Indiferentemente de la forma que adquiera la financiación por parte de la Unión Europea y, sin perjuicio del tipo de empleo de que se trate y del modo de adquirirlo, el investigador debe respetar todas las condiciones y requisitos que se establezcan en lo relativo a la metodología de la investigación, la entrega de resultados (periódica o única) en la forma y plazos que se le indiquen.

Es interesante destacar que la forma que presente la financiación de la investigación en el contexto de la Unión puede orientarse u ofrecerse bajo la fórmula de financiar un proyecto que puede tener varias modalidades. En este mismo orden de ideas, hemos de apreciar que, puede tratarse de un contrato de trabajo en el que la Unión Europea (a través de uno de sus organismos) opere como empleador y el investigador ve remunerada su investigación a través de un salario; una beca, ya sea individual o ya sea para un equipo de investigación; una subvención que financie total o parcialmente la actividad del investigador (pueden incluirse gastos por desplazamientos para realizar la misma, manutención durante los desplazamientos, inversión en útiles necesarios para la investigación…); intercambios entre investigadores; premios convocados, etc.

Como vemos, hay una gran variedad en cuanto a los modos de financiación por parte de la Unión, por ello el investigador ha de conocer de antemano el tipo de ayuda que va a recibir y los requisitos que debe observar para cumplir con las condiciones que se le ofrezcan.

Obligaciones jurídicas o legales

Están relacionadas con la anterior responsabilidad o exigencia, tan estrechamente que, en la Carta Europea del Investigador se configuran como una sola. Sin embargo, nos parece interesante separarlas dada la cantidad de normativa que ha proliferado en los últimos años en materia de investigación.

El investigador debe conocer, en el ámbito de la investigación que realice, la legislación y disposiciones reglamentarias, tanto nacionales (generales o sectoriales), como institucionales (comunitarias), sin obviar los derechos de la propiedad intelectual en sus dos vertientes: propiedad industrial (patentes, marcas, denominaciones de origen…) y derechos de autor (reconocimiento de autoría y derecho de explotación).

Toda esta esfera legal que rodea al investigador lo que intenta prevenir son posibles delitos derivados de la inobservancia de alguno de los aspectos antes mencionados. Pero, no sólo eso, sino además se intenta evitar que las investigaciones llevadas a cabo en un país miembro tengan problemas para ser aceptadas o integradas en otro país miembro, como consecuencia de no haberse llevado a cabo conforme a la legislación vigente.

Desarrollo profesional continuo

Se nos antoja como algo notorio el hecho de que, para llevar a cabo una investigación, el investigador debe tener unos conocimientos previos, unos valores y un interés por la materia que lo estimulen a ello. Sin embargo, durante toda su etapa como profesional de la investigación debe mantener continuamente actualizados dichos conocimientos y ampliarlos a través de cursos, seminarios, congresos, aprendizaje virtual, etc. A través de esta exigencia se obliga al investigador a desarrollar su aprendizaje y a extender sus conocimientos de manera permanente.

La mencionada situación es debida al hecho de que el investigador, adquiere en el momento en que comienza su actividad, no sólo un compromiso social, sino un compromiso educativo. Parece evidente que el investigador crea conocimiento, contribuye a esclarecer incógnitas y resolver problemas o buscar e integrar en los modos de vida de las personas avances o mejoras (cualesquiera sean estas). Los ciudadanos y, también, los organismos financiadores de los proyectos de investigación, confían a los investigadores la tarea de informarse a fin de conseguir avances que, de otro modo, no serían posibles. Por ello, un investigador no puede conformarse con los conocimientos que tenga en un primer momento sino que ha de ir más allá.

Responsabilidades externas

Las responsabilidades que hemos denominado externas incluyen: la responsabilidad profesional, la rendición de cuentas, las buenas prácticas y la difusión de los conocimientos.

Responsabilidad profesional

Consideramos que aparece relacionada con el respeto por la propiedad intelectual que, anteriormente, ya hemos mencionado al examinar las obligaciones jurídicas del investigador. En este sentido, podemos afirmar que, la actividad que realice el investigador debe ser desarrollada de manera totalmente novedosa o que suponga un cambio para la sociedad. De no respetarse esto, se estaría plagiando una labor realizada con anterioridad o una idea que ya habría sido desarrollada con anterioridad o previamente. Cosa distinta sería emplear una investigación antes realizada como base o punto de partida para plasmar nuevas ideas sobre la misma que supusieran algún tipo de avance en la materia o emplearla como medio para desarrollar la nueva.

En este mismo orden de ideas, la Carta Europea del Investigador permite la delegación por parte del investigador de algunos aspectos de su trabajo en terceras personas, siendo él mismo el encargado de acreditar la capacidad de la persona o personas elegidas en un momento previo a la delegación de funciones y supervisar la actuación de las mismas hasta finalizar la tarea que les haya sido encomendada.

La rendición de cuentas

Semejante tipo de responsabilidad se puede analizar desde dos perspectivas diferentes: la primera, en un sentido estricto, hace referencia al derecho que tienen los empleadores, en primer lugar, y también la sociedad, a tener acceso al conjunto de conocimientos que se vengan a aportar como consecuencia de la investigación realizada; la segunda, sigue haciendo hincapié en los derechos exigibles por parte de la sociedad en lo que atañe a la investigación, aunque en esta ocasión, desde una perspectiva estrictamente económica.

Por un lado, el investigador, debe observar una infinidad de formalidades con los organismos financiadores o empleadores, siendo que, podemos decir que, precisamente, ésta es una de ellas. Asimismo, hay que afirmar que, éstos tienen, a su vez, la responsabilidad de supervisar y gestionar la actuación de los investigadores. La obligación de rendir cuentas o, dicho de otro modo, presentar informes o memorias periódicas del trabajo que se ha estado realizando durante un periodo determinado de tiempo, a su vez, obliga al investigador a revestir su actividad de constancia y regularidad. Mediante estos controles periódicos se acentúa y acrecienta también la relación del investigador con sus superiores (financiadores o empleadores), favoreciendo el contacto entre ellos y dando oportunidad a la intervención de éstos, pudiendo llegar incluso, en algunas ocasiones, a convertirse en colaboradores de la propia investigación. Es muy importante, sobre todo, la relación entre los investigadores y sus supervisores cuando los primeros se encuentran aún en fase de formación.

Por otro lado, conviene advertir que, aunque sea de manera implícita, al aceptar un trabajo como el que venimos mencionando, el investigador crea un compromiso con la sociedad. El investigador no actúa más que como un intermediario entre la realidad y los receptores, es decir, éste no actúa como un protagonista, sino que en todo momento la investigación – o el resultado de la misma – acapara la atención de la sociedad. Por ello, los estudios que el investigador realice no deben revestirse de subjetividad, sino ser puramente objetivos y estar siempre caracterizados por respetar en todo momento los valores y la ética de la sociedad.

Como ya hemos adelantado, hay otro nivel de rendición de cuentas por lo que respecta a la sociedad. Cuando la entidad contratante o financiadora es un ente público (como, en nuestro caso, la Unión Europea), puede aseverarse, sin ningún género de dudas que, quienes financian indirectamente la actuación de los investigadores son los ciudadanos. Por tanto, deja de ser una responsabilidad sólo de cara a los empleadores, para convertirse en una mucho más extensa que obliga a que la gestión del dinero recibido sea mucho más eficaz, pues entra en juego toda la sociedad en su conjunto y la confianza que ésta deposita en el proyecto a llevarse a término por los investigadores designados. Consecuentemente, será por ello que, junto a las memorias o informes del progreso que el investigador haya realizado y vaya presentando periódicamente, también deberá adjuntar documentos que justifiquen y acrediten los gastos en que hubiere incurrido, de manera que sirvan los mismos para garantizar a los ciudadanos la gestión financiera correcta y la transparencia de su actividad.

Buenas prácticas

Los investigadores durante el tiempo que dure la investigación deben observar todas las precauciones necesarias para evitar causar perjuicios. Tienen la obligación de observar, además, y como ya se ha mencionado con anterioridad, la legislación vigente tanto nacional como comunitaria y, sobre todo, las normas relativas a la protección de datos y la confidencialidad.

Ligado a este principio citado recientemente, de manera casi inseparable del mismo, se encuentra el principio de seguridad. Por ejemplo, en el ámbito material de las investigaciones que requieran el uso de medios informáticos, el investigador debe prever una posible pérdida de la información, motivo por el cual, deberá adoptar cuantas precauciones considere que sean necesarias (realizar copias de seguridad, guardar el archivo en diferentes unidades, etc.).

Cobra especial relevancia la responsabilidad en aquellas investigaciones que incluyen seres humanos. Siempre se debe obrar desde el respeto a la dignidad humana, a la intimidad y a la confidencialidad y, además, los medios empleados deben maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Además los investigadores deberán solicitar y obtener siempre el denominado “consentimiento informado” de las personas que participen en la investigación, sobre todo en aquellos casos en que se requiere una invasión de la privacidad (por ejemplo, revisar informes) o sean supuestos de violación de la norma ética médica (por ejemplo, al compartir con otros investigadores el resultado de la investigación). Dicho consentimiento debe ser documentado, incluyendo, en todo caso, los datos del investigador, los propósitos y duración del estudio, la descripción del estudio (procedimientos que se van a emplear, experimentos que se van a realizar, etc.) y las firmas tanto del investigador como de la persona que da o manifiesta su consentimiento.

Difusión de resultados o publicidad

El objetivo primordial de las investigaciones, como ya hemos apuntado en alguna ocasión, es la aportación de nuevos conocimientos o métodos para solucionar problemas a los que la sociedad se enfrenta. Por ello, nos parece lógico, que los resultados obtenidos deban ser amplia y suficientemente difundidos, ya sea de manera gratuita y pública, ya sea a través de su comercialización.

En este mismo sentido, la publicidad de las investigaciones debe realizarse como un compromiso con la sociedad y responsabilizándose el investigador del aprovechamiento de los resultados obtenidos. A modo de ejemplo, el investigador debe velar porque el lenguaje empleado sea comprendido por una persona no especialista en la materia.

Volvemos a hacer hincapié en la obligación que, a nuestro entender, tienen los investigadores, en el sentido de dirigir los resultados de su investigación no únicamente hacia un público especializado sino, también, a la sociedad en su conjunto, por ser ésta – como ya mencionábamos con anterioridad – la que financia las investigaciones en último término y en una gran parte de los supuestos que puedan recogerse para proceder a su estudio en la realidad social actual y, desde luego, dentro del marco contextual de la Unión Europea.

[1] “La Unión tendrá por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas, mediante la realización de un espacio europeo de investigación en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente, y favorecer el desarrollo de su competitividad […]”.

[2] Para el período 2014-2020 asciende a 2 380 millones EUR, según lo establecido en el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020.

[3] COM (2015) 401 final, 19.8.2015. Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea en 2014.

[4] Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 15 de julio de 2008, denominada: “Hacia una programación conjunta en investigación: trabajar juntos para abordar de forma más eficaz las cuestiones preocupantes comunes” [COM(2008) 468 final – no publicada en el Diario Oficial].

[5] DO C 282. Resolución del Consejo de 10 de noviembre de 2003 (2003/C 282/1 sobre la profesión y la carrera de los investigadores en el Espacio Europeo de la Investigación (EEI).

[6] Se redactó en el año 2005 como una Recomendación de la Comisión, y además incluye el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores.