| COMENTARIO

Keywords

Derecho de consumo
Cláusulas abusivas
Integración contractual
Vencimiento anticipado
Préstamo hipotecario

Abstract

A partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el propio Tribunal Supremo español, se determina la operatividad de la integración contractual de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo hipotecario. Por ello, se verá qué alcance tiene la nulidad de esta cláusula abusiva respecto de los procedimientos especiales de ejecución hipotecaria.

Gerard Rincón Andreu

Profesor de Derecho Civil | Director de la Maestría en Derecho Médico | Investigador del grupo de investigación GICPODERI |Universidad Santiago de Cali, Colombia

España

1. Introducción

Como es sabido, en España las consecuencias de la última rescisión económica golpearon duramente a la sociedad, que se ha visto sometida a circunstancias económicas críticas e irreparables, en parte, debido a los procedimientos en masa de ejecución hipotecaria y los consiguientes desahucios. En este sentido, huelga destacar la conocida popularmente como «burbuja inmobiliaria» y la concesión de innumerables préstamos hipotecarios bajo la modalidad de contratos de adhesión, los cuales en gran medida incluían cláusulas abusivas que han agravado, aún más, el perjuicio patrimonial de muchos prestatarios.

Tradicionalmente, y en un marco de relaciones contractuales no presididas por la multiplicidad y la universalidad, el principio rector en derecho de obligaciones contractuales era el del pacta sunt servanda, al responder a la concepción del contrato perfeccionado entre partes en igualdad de condiciones. Con todo, esta concepción pactista, plenamente respetuosa con la autonomía de la voluntad, entró en crisis cuando se incorporaron a la realidad negocial las condiciones generales de la contratación (BLANCO GARCÍA-LOMAS, 2014). Por dicho motivo, nos encontramos ante una nueva realidad contractual, en la cual como indica el Tribunal Supremo español (en adelante, TS) en su sentencia del Pleno de la Sala Civil, de 9 de mayo de 2013, hemos pasado del diálogo individualizado al «monólogo de predisposición».

Dado que la negociación en masa y no individualizada de los contratos se caracteriza por la desigualdad entre las partes, encontrándose la parte adherente (consumidor) en un plano de inferioridad respecto del predisponente (entidad bancaria), el legislador comunitario consideró necesario abandonar el carácter liberal de la regulación contractual e introducir un cierto intervencionismo estatal para restablecer el equilibrio negocial.

Ante esta coyuntura, en aras de evitar que el consumidor se vea obligado a devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo que tenía proyectado pagar de forma fraccionada a largo plazo, se implementa la integración contractual como solución. Lo contrario, sería exponer al prestatario-consumidor a una situación de vulnerabilidad, porque dicha obligación de restitución excede claramente de su capacidad económica.

En suma, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de septiembre de 2019, asume la doctrina establecida por el TJUE en la sentencia de 26 de marzo de 2019 y los AATJUE de 3 de julio de 2019, estipulando que las entidades bancarias no ven limitadas sus posibilidades de realización en el procedimiento especial de ejecución hipotecaria, manteniendo la garantía real una certera ejecutoriedad. A tal fin, los tribunales nacionales ostentan la facultad de sustituir la estipulación de vencimiento anticipado declarada nula por la versión del art. 693.2 de la LEC (tras su reforma por Ley 1/2013), pudiéndose despachar ejecución hipotecaria sin la necesidad de acudir a la vía declarativa -dónde el consumidor no gozaría del derecho de enervación -.

Notas:

[1] Los principales programas comunitarios que aluden a la importancia de la protección de los consumidores y usuarios han sido: la Resolución del Consejo de 14 de abril de 1975, sobre el programa preliminar de la Comunidad Europea para una política de protección e información de los consumidores; la Resolución del Consejo de 19 de mayo de 1981, relativa al segundo programa para una política de protección e información a los consumidores; la Resolución del Consejo de 23 de junio de 1986, relativa a la orientación futura de la política de la Comunidad Económica Europea para la protección y el fomento de los intereses de los consumidores; el art. 100 del Acta Única Europea de 1 de julio de 1987 y la Resolución del Consejo de 9 de noviembre de 1989, sobre futuras prioridades para el relanzamiento de la política de protección del consumidor; entre otras (GUILLÉN, 2010, p. 23).

[2] Citando a ÁLVAREZ LATA (2004, p. 23). Autora recomendada para profundizar en materia de derecho de consumo, en especial: ÁLVAREZ LATA (2004). Invalidez e ineficacia en el derecho contractual de consumo español: análisis de los supuestos típicos de ineficacia en los contratos con consumidores. Cizur Menor: Thomson Aranzadi.

[3] Véase SSTS, Sala 1ª, 705/2015, de 23 de diciembre y 79/2016, de 18 de febrero.

[4] Nota de prensa del Tribunal Supremo, Gabinete Técnico de la Sala Civil, sobre el Auto planteando cuestión prejudicial en relación con la cláusula de vencimiento anticipado. 9 de febrero de 2017. Recuperado de: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-plantea-una-cuestion-prejudicial-al-TJUE-sobre-las-clausulas-de-vencimiento-anticipado (fecha de última consulta: 19-10-2019).

[5] Véase también SSTJUE Pereničová y Perenič, asunto C-453/10, apartados 28 y 31; Banco Español de Crédito, asunto C‑618/10, apartado 40; Kásler y Káslerné Rábai, asunto C‑26/13, apartado 82; Mostaza Claro, asunto C-168/05, apartado 36; Asturcom Telecomunicaciones, asunto C-40/08, apartado 30 y VB Pénzügyi Lízing Zrt., asunto C‑137/08, apartado 47.

[6] Según el artículo 1857.1º CC, uno de los requisitos esenciales de los contratos de hipoteca consiste en que se constituyan «para asegurar el cumplimiento de una obligación principal».

[7] También los AATJUE de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16, C-167/16), en sus apartados 49 y 50.

[8] Reseñando otras SSTS del Pleno de la Sala, como la 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, todas de 23 de enero.

[9] La STS, Sala 1ª, 463/2019, de 11 de septiembre, llega a esta conclusión «a la luz del apartado 32 de la STJUE Pereničová, del apartado 68 de las conclusiones de la Abogada General en ese asunto, y de las SSTJCE de 1 de abril de 2004, 14 de marzo de 2013 y 26 de enero de 2017», «bajo la consideración del contrato de préstamo hipotecario como un negocio jurídico unitario o complejo».

[10] Entendiéndose este art. 693.2 de la LEC, en su versión posterior a la reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Ley 1/2013).

[11] De ello, se desprende que no tendrán efecto de cosa juzgada los autos de sobreseimiento de ejecuciones hipotecarias que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, dieron por vencidos el préstamo por nulidad de cláusula abusiva; así como los procesos posteriores a la Ley 1/2013 cuyo incumplimiento del deudor no reportara la gravedad prevista en el art. 24 de la Ley 5/2019.

[12] Dicha STS de 11 de septiembre de 2019, que resuelve el recurso por el cual se elevó cuestión prejudicial al TJUE, concreta que «el art. 693.2 LEC, en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI (Ley 5/2019), al que ahora se remite, es imperativa».

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