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N.° 6 (Abril-Junio de 2018)
Agosto de 2018
3-7

Carlos F. Molina del Pozo

Cátedratico Jean Monnet de Derecho Comunitario | Cátedratico de Derecho Administrativo
Universidad de Alcalá

España

En el territorio de la Unión Europea se prodiga -desgraciadamente no para todos sus ciudadanos-, aunque sí para una amplia cantidad de ellos, una sana costumbre que llegó a convertirse en un evidente derecho de los trabajadores. Nos estamos refiriendo al derecho a disfrutar de un periodo anual de merecidas vacaciones tras el ejercicio de las labores profesionales que cada cual lleva a cabo en sus respectivos lugares de trabajo.

Así es, la mayor parte de la ciudadanía de la Unión, incluyendo en ella a los trabajadores que desarrollan su actividad laboral en algún Estado miembro y poseen, por tanto, su domicilio en un punto geográfico perteneciente a la Unión, se encuentran durante el presente mes de agosto gozando de unos días o semanas de descanso, que les sirven para retomar con más y mayor energía el próximo curso laboral que tendrá su inicio en septiembre.

En el mencionado periodo vacacional, las instituciones, órganos y organismos que conforman la maquinaria imprescindible para conseguir el funcionamiento ordinario de la Unión Europea, también parece que ralentizan su propia dinámica de actividad normal, y ello debido a la actitud de sus mismos trabajadores y personadle todo tipo que trabaja en ellas y ellos. Tanto es así que, prácticamente puede decirse -y es bien sabido por todo el mundo aquí-, que en el mes de agosto, todo se halla «cerrado por vacaciones» en la Unión.

Sin embargo, este periodo aludido, no debe identificarse con una situación de parálisis total o parcial. En este tiempo se aprovecha también por algunos para pensar y reflexionar de cara al futuro. Se meditan determinadas actuaciones realizadas y se valoran resultados para, de alguna forma, afianzar o enmendar las posiciones mantenidas, todo ello con el objetivo de mejorar la adopción de decisiones en el contexto de la Unión y lograr un mejor y más amplio acercamiento a la ciudadanía europea, dando cumplimiento de este modo a lo preceptuado ya desde el art. 1 del TUE.

En efecto, determinados actores de la ciudadanía europea, aprovechan el mencionado periodo de descanso para planificar y determinar posibles avances en el proceso de integración. Se valoran experiencias habidas en los meses anteriores para recapacitar y obtener -con los cambios que se formulen- unos mejores resultados en la aplicación de las disposiciones que se pretendan adoptar en el transcurso del siguiente ciclo de actividad.

Pues bien, las vacaciones estivales de 2018 deben ser el detonante que impulse numerosas cuestiones que están bloqueadas en el espacio de la Unión y sobre las cuales, no sólo no se producen logros ni avances de consideración, sino que la involución y la parálisis están dejando huella negativa en el conjunto del proceso integrador que se lleva a cabo desde los años cincuentas del pasado siglo.

De entre las cuestiones señaladas, podríamos destacar algunas de ellas, tales como la no adopción valiente y eficaz de una política de inmigración común, o la creación y desarrollo de una política estrictamente europea en materia de defensa, o el fracaso, en algunos supuestos concretos y reales de la llamada «euro orden», dentro del contexto del denominado en los Tratados «Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia», o por evitar ser prolijos, la situación constatada de no cumplimiento de las normas y acuerdos adoptados y que forman parte del que apelamos ordenamiento jurídico de la Unión, es decir, el nivel elevado de incumplimiento del Derecho de la Unión que se pone de manifiesto por parte de determinados Estados miembros y que dificulta el avance del proceso de integración europea.

Detengámonos aquí y realicemos algunos breves comentarios sobre cada uno de los diferentes aspectos evocados anteriormente.

En primer lugar, la ineficacia de las medidas que se adoptan en el marco de la inexistente política de inmigración de la Unión Europea y que están provocando continuas y numerosas desavenencias en el interno de los países que componen la Unión.

Efectivamente, la carencia de criterios aplicables de modo común por todos los Estados miembros, posibilita el hecho constatable de que cada uno lleve a término políticas propias, desconectadas y descoordinados de los demás, lo que implica una evidente muestra de intergubernamentalidad -si acaso- y una falta de puesta en común del problema migratorio a escala de la Unión Europea, perdiéndose la ocasión de lograr fijar una única visión y resolución del grave conflicto de la inmigración que sacude el contexto de la supranacionalidad propia de la Unión.

Definitivamente, entendemos que, es preciso buscar la manera de articular una política común en materia de inmigración, y ello habrá de hacerse o por el procedimiento normal o, en caso contrario, aplicando en este caso también las famosas «dos velocidades», es decir, poniendo en marcha la cooperación reforzada o, mejor -como nosotros venimos desde muchos años atrás refiriéndonos- la integración reforzada, de forma que se puedan adoptar decisiones por los que quieran disponer de una política común en materia de inmigración y continuar adelante, salvando las dificultades planteadas en la situación actual.

En segundo lugar, refirámonos escuetamente a la necesidad de generar, en el marco de la Unión, una verdadera política de Defensa, al margen de las vicisitudes por las que transcurra el porvenir de la OTAN, organización internacional de la que todos los Estados miembros de la Unión forman parte junto a otros países aliados como Estados Unidos, Canadá o Turquía.

En tal sentido, parece claro que la Unión amerita la posesión de una Defensa propia, en la que estén presentes sus Estados, ya sean todos, como sería lo lógico y el ideal de esta cuestión, o ya sean, de nuevo, únicamente algunos de ellos, es decir, aquellos que participen más decidida y activamente en la construcción de la ansiada Unión política, de estructura federal, pero estrictamente europea.

La Unión política europea requiere de una sólida y común política de Defensa, la cual tenga como objetivo prioritario salvaguardar y garantizar la seguridad externa de sus fronteras, al tiempo que asegure la presencia militar y la protección de los territorios propios, así como de otros entornos internacionales vinculados de alguna forma con la Unión.

Desgraciadamente, en el mundo en el que nos ha tocado vivir, es preciso ser un líder, también en materia militar, por ello, con independencia de cual pueda ser el futuro de la OTAN -expuesto, sin duda, a las arbitrarias e infantiles decisiones personales del Presidente de los Estados Unidos en materia de aportaciones al presupuesto general de la Organización-, la Unión Europea debe poseer su propia política común de Defensa, puesto que tiene la obligación, de carácter internacional, de garantizar y liderar la seguridad y la paz en todo el mundo, al margen de las estrategias, más o menos caprichosas, que puedan manifestar y actuar algunos países con los que compartimos alianzas en el ámbito de la seguridad y de la defensa.

Así pues, consideramos que, tanto los Presupuestos económicos de la Unión, como las previsiones que se aprueben para los próximos años, deben tener muy presente y prestar la precisa atención a la necesidad real reseñada, y contener las correspondientes partidas, suficientes para hacer frente al papel de paladín y conductor del modelo de paz y estabilidad de los pueblos, a nivel internacional, que le toca protagonizar.

En tercer lugar, hacíamos referencia al fracaso cosechado – en ciertos casos concretos y recientes – por la «euro orden» dentro del contexto del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, previsto en los Tratados y heredero del viejo Tercer Pilar de la Unión, consagrado, como bien es sabido, a la Cooperación en Asuntos de Justicia y de Interior (CAJI).

En efecto, la «euro orden» que implicaba desde su creación y puesta en funcionamiento una simple facilidad entre los Estados para reclamar y disponer de nacionales que hubiesen cometido delitos y se refugiasen en el territorio de otro Estado miembro, sin necesidad de solicitar las tradicionales extradiciones entre países y previa convicción y aceptación del principio por el que, entre Estados democráticos con costumbres y culturas comunes o similares, el reconocimiento mutuo en la comisión de los mismos delitos, propiciaba el acuerdo común para ser perseguidos los delincuentes y, a continuación, ser entregados a las autoridades del país del que se era nacional, para ser juzgados conforme a sus propias leyes, por jueces y tribunales del Estado del que el delincuente es nacional.

Pues bien, se ha puesto de manifiesto recientemente que, en el momento de utilizarse la petición de «euro orden» por parte de jueces del Tribunal Supremo del Reino de España para enjuiciar en su territorio a determinados delincuentes españoles por delitos de rebelión y otros, cometidos cuando desempeñaban cargos políticos, distintos tribunales y jueces -incluso de menor instancia- de otros Estados, como son los casos de Bélgica o de Alemania, no han atendido el contenido de la «euro orden», resolviendo poner en libertad a los presuntos delincuentes objeto de la requisitoria de la Justicia española.

Parece evidente, pues, que ante tan grave atentado al cumplimiento de los propios Tratados por parte de los órganos judiciales de algunos Estados miembros, se perfila como algo urgente la reordenación del denominado Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, al objeto de adecuarlo a los criterios y prácticas utilizables por el conjunto de autoridades de Interior y Judicaturas de los diferentes Estados miembros de la Unión.

En nuestra opinión, conviene proceder a la recomposición de la «euro orden» en el ámbito del reiterado Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, y ello antes de que sea demasiado tarde y termine de evaporarse la ilusión que algunos depositamos cuando se estableció su uso habitual y en todos los supuestos, sin excepciones ni primaturas.

El espíritu y la naturaleza de este instrumento procesal que es la «euro orden» debe ser urgentemente reparado y renovado, aleccionando e impulsando de nuevo la integración en el interior de la Unión Europea.

Por último, mencionaremos las tareas en curso tendentes a poner remedio a la situación constatable de no cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario por parte de determinados Estados miembros de la Unión, los cuales, con su insistente y reiterada actitud, están poniendo en peligro toda la obra ya realizada y afianzada por el paso de más de seis décadas de existencia y desarrollo del proceso de construcción europea mediante el instrumento jurídico-político que denominamos «integración».

Así es, ciertos Estados, como Hungría, Polonia o República Checa, hace tiempo que vienen incumpliendo lo previsto en los Acuerdos adoptados por la Unión en materia de reparto de inmigrantes entre los Estados miembros, sobre la base de unos cupos establecidos de común acuerdo en el seno de las Instituciones de la Unión.

Dichos compromisos -reiteradamente no cumplidos, como ya hemos indicado anteriormente, por algunos Estados miembros- están referidos a principios y valores contemplados, taxativamente, en el art. 2 del TUE y, cuya no observancia con escrupulosidad, significa que se produce una clara violación del Derecho de la Unión, en la medida en que aparecen conectados con el contenido del art. 6 del TUE.

En el mismo orden de ideas, el citado art. 2 del TUE viene a determinar que, la Unión encuentra su fundamento en una serie de valores, tales como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos, incluidos los derechos de las personas que conforman minorías.

Además, todos los valores relacionados, se caracterizan por ser comunes a todos los Estados miembros en una sociedad que se distingue y personifica su singularidad en el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, el referido art. 6 del TUE, se orienta a fijar con toda nitidez, que la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, luego de «proclamada» el 7 de Diciembre de 2000, fue adoptada el 12 de Diciembre de 2007 por parte del Parlamento Europeo, y a la que el reiterado precepto llega a otorgarle idéntico valor jurídico que los Tratados, es decir, que la Carta de Derechos Fundamentales forma parte del Derecho originario de la Unión Europea.

Asimismo, podemos sostener que, para garantizar el reconocimiento de los derechos, libertades y principios contenidos en la aludida Carta Europea de los Derechos Fundamentales, también el precepto del TUE que nos ocupa, hace referencia a la futura adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Sobre la base indicada, el reseñado art. 6 del TUE, alude a un hecho bien importante cual es que, los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo ya indicado, de 4 de Noviembre de 1950, así como todos aquéllos que son fruto de las distintas tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, se integran y pasan a formar parte del Derecho de la Unión en tanto que principios generales.

Pues bien, después de tanta regulación -incluso como se ha puesto de manifiesto más atrás- a nivel de Derecho originario de la Unión, hay Estados miembros para los que parecen no existir en la realidad práctica tales disposiciones, llegando a vulnerar sistemática y reiteradamente, el Derecho de la Unión.

Naturalmente, para estos supuestos indicados de incumplimiento reincidente, redundante e insistentemente frecuente de las disposiciones y acervo propio del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el Tratado de la Unión prevé una solución aplicable para estos casos flagrantes de incumplimiento por parte de determinados Estados miembros.

La solución nos la ofrece -eso sí, a través de un complejo procedimiento en el que se implica la participación de varias instituciones de la Unión- el propio texto del TUE, concretamente, en su art. 7.

Se trata, simplemente, del establecimiento de un procedimiento sancionador para los Estados miembros, que debiera iniciarse en el preciso momento en el que se constata la existencia de un riesgo claro de violación grave, por parte de un Estado miembro, de los valores que hemos revisado que se contemplan en el art. 2 del TUE.

Las sanciones por incumplimiento, en aplicación del procedimiento que nos ocupa, pueden implicar la suspensión de ciertos derechos derivados de la utilización de los Tratados y su proyección práctica al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del Representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo.

Las mencionadas sanciones se prolongarán en el tiempo hasta tanto pueda constatarse fehacientemente que cesó el incumplimiento grave y reiterado del Derecho de la Unión, en materia de valores, derechos, libertades y principios enunciados en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, por parte del Estado miembro objeto de la sanción, en aplicación del art. 7 del TUE.

En fin, como puede observarse, son numerosos y variados los temas que aguardan a los responsables de las instituciones de la Unión para el momento en que regresen de sus, probablemente, merecidas vacaciones estivales. Y eso que, conscientemente, no hemos pretendido ser exhaustivos en el recuento de temas aplazados que requieren de urgente atención y resolución en el contexto de la Unión. Por ejemplo, nada hemos dicho a propósito del gran tema pendiente para concluir durante el próximo curso. Es obvio que nos estamos refiriendo al cierre definitivo de la negociación sobre el Brexit y a la necesidad de salvaguardar al máximo los intereses en juego de ambas partes, sobre todo los de los ciudadanos. Sin embargo, de ello nos ocuparemos en otro momento.