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Carlos F. Molina del Pozo

Cátedratico Jean Monnet de Derecho Comunitario | Cátedratico de Derecho Administrativo
Universidad de Alcalá

España

Numerosos y variados, puede decirse que son, los acontecimientos que en Europa se vienen produciendo en los últimos meses y el ciudadano de la Unión no puede quedar atónito e inerte en su mera constatación, sino que la actitud a adoptar ha de ser de reacción fulminante, severa y firme ante los mismos.

En efecto, no parece el camino más apropiado el que se ha emprendido en Europa para avanzar por el sendero de una mayor profundización en el proceso integrador conducente a la consecución de una verdadera Unión Política.

El Brexit que continua su peculiar singladura pretendiendo salvar determinadas situaciones bastante incómodas para las partes en la negociación, aunque, hasta el momento presente, tratando de aproximar las divergentes posturas mantenidas inicialmente para lograr una separación bastante amigable o «sui generis».

Las sucesivas elecciones celebradas en distintos Estados miembros, las cuales han servido, en varios casos para manifestar un cada vez mayor grado de virulencia de posiciones populistas expresadas por diferentes formaciones políticas en algunos países, las cuales se han mostrado fuertemente implantadas en el contexto de la sociedad civil de gran parte de los pueblos europeos.

El populismo, orientado hacia el radicalismo, sea de izquierdas o de derechas, ha llegado al territorio de la Unión Europea para instalarse y permanecer durante los próximos años.

No parece lo más aconsejable, en el momento actual y tras empezar a salir de la crisis económica que nos envolvió a lo largo y ancho de la última década, que los partidos políticos jueguen a posiciones populistas que tan nefastas experiencias nos han legado a los europeos.

Es hora de tener las ideas y los comportamientos políticos muy claros por parte de todos, es decir, los Estados miembros de la Unión, las instituciones, los partidos políticos en cuanto partes fundamentales de éstas, la ciudadanía en su conjunto y la propia Unión Europea en tanto que presente y futura estructura supranacional de convivencia política y social de nuestro Continente. Estamos totalmente convencidos de que a todos corresponde la enorme responsabilidad de no incurrir en los mismos errores ya superados en nuestra historia común y cercana.

Repensar los procesos de adopción de decisiones para ajustarlos cada vez en mayor medida al logro de más Europa, con voluntad política mantenida y expresada de alcanzar una verdadera federación europea para el territorio que compartimos.

Un buen momento para intentar dar pasos positivos en la dirección que apuntamos van a ser sin duda, las elecciones al Parlamento Europeo que habrán de celebrarse en el mes de junio del año próximo. Será una gran ocasión para que los Partidos Políticos piensen y actúen por y para conseguir una más amplia y profunda integración en la Unión, abandonando y dejando al margen posturas y planteamientos populistas que no son nada convenientes para la ciudadanía europea. La democracia, la libertad y la paz han de regir por encima de las mismas ideologías.

Sin embargo, consideramos que, para alcanzar los propósitos descritos, es preciso que la propia Unión Europea adopte nuevos planteamientos y, de alguna manera, vuelva a

refundarse sobre la base que le proporcionan las realidades que la rodean en la actualidad, así como de la rica experiencia vivida durante casi setenta años.

Los compromisos respectivos del Presidente francés Macron y de la Canciller alemana Merkel parece que discurren por los derroteros mencionados, pretendiendo conjuntamente ofrecer a la Unión los ritmos e impulsos que resultan imprescindibles para caminar hacia adelante y hacer frente a los desafíos que la convivencia internacional, actualmente, exigen a un grupo tan importante de países como parecen ser los que forman la Unión Europea.

Las expectativas anunciadas por la combinación de formulaciones reavivadoras planteadas por ambos mandatarios, permiten albergar serias y fundadas esperanzas de conseguir reformas necesarias y profundas en la construcción de la Unión. Ya veremos hasta donde son capaces de llegar en el nuevo diseño quienes proclaman y, de hecho poseen, el liderazgo de la futura sociedad europea en la que todos los ciudadanos estamos inmersos y sosteniendo todavía cierta ilusión en el proyecto.

De otro lado, la inconclusa cuestión de la inmigración que, lejos de haber quedado resuelta, ofrece el triste espectáculo al mundo de un pertinaz incumplimiento del vigente Derecho de la Unión por parte de varios Estados miembros que se manifiestan incapaces de cumplimentar ni siquiera aquello que previamente habían decidido y acordado respecto al intento de solución del problema a través de una incipiente y escasamente reflexionada política común en materia de inmigración.

Continua, por tanto, la violación de las normas del Derecho Comunitario por parte de ciertos Estados miembros y la consiguiente amenaza de tener que acudir a la aplicación, en los casos reseñados, del contenido preciso del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, algo que parece va a ponerse en marcha por vez primera ante la reiterada actitud de algunos países de incumplir el orden jurídico comunitario.

En fin, muchos más serían los aspectos conflictivos que podrían en este momento señalarse en la agenda de la integración europea, aunque en aras a evitar ser excesivamente prolijos en el señalamiento analítico, concluiremos ahora haciendo mención específica de lo que está ocurriendo en el territorio de la Unión con la aplicación de la «euro orden» en el contexto del llamado Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia.

Efectivamente, dicho Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia fue en su día concebido sobre la idea de que todos los Estados miembros de la Unión que lo constituían eran y formaban auténticos sistemas democráticos consolidados y que, por consiguiente, la euro orden podía y debía funcionar con normalidad entre los distintos países y en relación a una serie de delitos acordados. No obstante, la lista de delitos contemplados no es exigua y se vienen observando desajustes en lo que significa el intento de aplicación y uso de la misma por parte de algún Estado y en relación a otros que constituyen el ya citado Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia.

En este mismo orden de ideas, consideramos que el procedimiento presenta errores en la práctica que obstaculizan sensiblemente su normal funcionamiento, por lo que requiere de urgentes modificaciones que atañen a sus propios principios fundadores, así como a la ampliación de contenidos de lo acordado y en vigor.

En este sentido, consideramos que, para lograr valorizar la euro orden, sobre la base de la aceptación de que todas las partes son democracias consolidadas y estables, se hace imprescindible la ampliación de la famosa lista de delitos con la inclusión de otros delitos que estén asimismo tipificados y recogidos en distintos Estados miembros, si bien esta solución siempre sería difícil de que pudiera evitar situaciones, como las que se vienen produciendo actualmente en el caso Puigdemont (ex Presidente de la Generalitat de Cataluña), en la que no existe, al parecer, coincidencia de tipos delictuales entre Estados miembros, motivo por el cual no puede actuarse la euro orden tal como fue concebida, es decir, como mecanismo preciso de reclamo y puesta a disposición del órgano de la Justicia que lo solicita, de una persona que reiteradamente ha delinquido y posteriormente huido del territorio de un Estado miembro para desplazarse a otro Estado miembro.

Resulta, en efecto, complicado que se den similitudes o identidades entre los delitos que se incluyen en la reiterada lista de cada Estado miembro, motivo por el cual, a no ser que se trate de delitos denominados comunes, será muy difícil lograr la estricta coincidencia y, por tanto, el uso normalizado de la técnica de la euro orden.

La otra opción, que se nos antoja bastante más eficaz para alcanzar los fines previstos, pasaría por un reconocimiento general y mutuo de los tipos delictuales insertos en cada uno de los respectivos Códigos Penales, aplicándose el principio de reciprocidad en su mayor amplitud.

Así, cada Estado perteneciente al Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia reconoce y aplica todos los mecanismos a su alcance existentes y, por consiguiente, la euro orden también, a cualquiera que sea la petición de otro Estado miembro, produciéndose una total y absoluta cooperación judicial en el contexto del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, aunque para que esto pudiese ser como decimos, sería necesario un completo reconocimiento mutuo de todos a todos en lo que respecta a los diferentes Códigos Penales, la utilización de la reciprocidad en tanto que principio que ha sido de gran utilidad y muy válido en otras materias para alcanzar enormes logros, como por ejemplo, el Mercado Interior o Mercado Único Europeo. En otro caso, la desconfianza mutua se apoderará de las posibles relaciones interestatales y el no reconocimiento se convertirá en la tónica general aplicable en los supuestos controvertidos que vayan surgiendo y, con ello, la progresiva renuncia a utilizar la euro orden por los distintos países y, finalmente, la desaparición en su totalidad del tan importante y necesario Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en el contexto geográfico de la Unión Europea.