MARZO 2020

UNA PUBLICACIÓN JURI-DILEYC
INFO@JURI-DILEYC.COM

Director de la publicación: Dr. Ronan Ciréfice (Profesor de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Integración / Derecho de la UE)

Cada mes, toda la actualidad jurídica europea de manera práctica

> Recibimos contribuciones para su publicación en nuestra Revista “Derecho y Economía de la Integración

Sumario (n. 82)

  • En portada: Covid-19 (respuesta económica; restricción de los viajes; otras medidas urgentes)
  • Derechos Humanos y Democracia: nuevo plan de acción (2019-2024)
  • Industria: un nuevo modelo para Europa
  • Economía: estrategia para las pymes; nuevo plan de acción para la economía circular
  • África: estrategia global
  • Política de vecindad: Asociación oriental
  • Nuestra selección del DOUE: Banco Central Europeo; competitividad; Covid-19; fiscalidad; movilidad; pesca
  • Jurisprudencia TJUE : asilo;  ayuda de Estado; comunicaciones electrónicas; consumidores; contratación pública; cooperación judicial en materia penal; derecho institucional; electricidad; empresas; espacio de libertad, de seguridad y de justicia; fiscalidad; libre prestación de servicios; marca de la UE; política social; seguridad social; transporte; unión aduanera.
  • Lectura: Discrimación racial, intolerancia y fanatismo en la Unión Europea (Cristina Hermida del Llano); Las implicaciones constitucionales de la gobernanza económica europea (Elviro Aranda Álvarez)

EN PORTADA: COVID-19

Exposición de motivos. Comúnmente conocido como «coronavirus», la COVID-19 constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Partiendo de su primer foco en China, la pandemia se ha propagado a todos los Estados miembros. Aunque Italia es el país más afectado, el número de casos no deja de crecer en todos los Estados miembros y la situación evoluciona con gran rapidez. La pandemia está suponiendo una pesada carga para los ciudadanos y las sociedades, además de someter a los sistemas sanitarios a una presión agobiante. Debemos responder conjuntamente para frenar el contagio, reforzar la resiliencia de nuestros sistemas sanitarios con el fin de ayudar a quienes más lo necesiten y avanzar en investigación y desarrollo.

Además de sus notables implicaciones sociales y su dimensión humana, el brote de coronavirus constituye una gran perturbación económica para la UE, que requiere una coordinación económica decisiva. La propagación del virus está causando interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, volatilidad en los mercados financieros, perturbaciones en la demanda de los consumidores y un impacto negativo en sectores clave como los de los viajes y el turismo. Los mercados de valores europeos han caído en torno al 30 % en comparación con los niveles que tenían a mediados de febrero, su descenso mensual más pronunciado desde el inicio de la crisis financiera en 2008, y la incertidumbre sobre cómo evolucionará el brote en las próximas semanas y meses sigue siendo elevada.

Solo con solidaridad y soluciones coordinadas a escala europea podremos gestionar eficazmente esta emergencia de salud pública. Necesitamos que haya solidaridad entre países, regiones, ciudades y ciudadanos para contener la propagación del virus, ayudar a los pacientes y contrarrestar las consecuencias del descenso de la actividad económica. Para ello se necesita un conjunto de medidas esenciales y una política común clara y coherente. Es fundamental que todos los agentes pertinentes cooperen estrechamente entre sí.

Objetivos:

  • Contribuir a salvar vidas. Garantizar el gasto destinado a la adquisición de los suministros necesarios y las inversiones en la contención y el tratamiento de la pandemia.
  • Garantizar que los trabajadores de Europa (incluidos los trabajadores por cuenta propia) estén protegidos contra las pérdidas de ingresos y que las empresas (especialmente las pymes) y los sectores más afectados cuenten con el apoyo y la liquidez financiera necesarios.
  • Mitigar el impacto sobre la economía global con todos los instrumentos de que dispone la UE y un marco flexible para que la intervención de los Estados miembros pueda ser de la máxima utilidad.

Conclusiones

Contrarrestar los efectos socioeconómicos del brote de COVID-19 exige medidas valientes, tomadas de manera oportuna y de forma coordinada con todos los responsables de tomar decisiones en la UE. Para ello, es capital aplicar con rapidez las acciones expuestas en la presente Comunicación. La Comisión seguirá de cerca la evolución de la situación y está preparada para tomar todas las iniciativas que sean necesarias.

Las medidas anunciadas abordan la situación tal como se presenta a día de hoy.

Tenemos que ser conscientes de que la situación evoluciona de día en día. No se puede descartar que las perspectivas económicas sigan empeorando.

La Unión se ha dotado de instrumentos audaces desde la última crisis financiera para apoyar a los Estados miembros y garantizar la estabilidad de los mercados financieros. Hemos aprendido la lección de estos años pasados y vamos a actuar, recurriendo a todos los instrumentos a nuestro alcance. La Unión tiene que hacer lo que sea menester para minimizar el impacto de la COVID-19 y de las correspondientes medidas de contención para nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestras economías. Como parte de nuestra respuesta coordinada y decidida, habrá medidas nacionales que excedan lo anunciado en la Comunicación, actuando en común y aprovechando al máximo los instrumentos de la UE con un espíritu de solidaridad.

La Comisión utilizará plenamente todos los instrumentos a su disposición para capear este temporal. Además de nuestros esfuerzos de coordinación y orientación, y nuestras acciones para limitar la propagación del virus, la Comisión está tomando medidas para abordar y mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Se trata de mantener la integridad del mercado único y, en términos más generales, de preservar los factores de producción y distribución, a fin de garantizar los suministros necesarios para nuestros sistemas sanitarios. Se trata de ayudar a los ciudadanos para que sus ingresos y puestos de trabajo no se vean afectados de manera desproporcionada por la pandemia, y de apoyar a las empresas, en particular a las pymes. Se trata de garantizar la liquidez de nuestro sector financiero y contrarrestar una amenaza de recesión mediante intervenciones a todos los niveles. Por último, se trata de establecer un marco que permita a los Estados miembros actuar con decisión de forma coordinada. En resumen, se trata de prepararse para lograr una rápida recuperación de esta crisis económica.

La presente Comunicación expone la respuesta inmediata de la Comisión destinada a mitigar el impacto económico de la COVID-19. Aunque las medidas descritas anunciadas hoy se refieren a los problemas más acuciantes, debemos ser conscientes de que la situación evoluciona día a día. La Comisión colaborará estrechamente con el Parlamento Europeo, el Consejo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los Estados miembros para aplicar estas medidas con rapidez y está dispuesta a adoptar todas las iniciativas adicionales que sean necesarias. La Comisión también apoya una respuesta internacional para abordar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia a través del marco multilateral, prestando especial atención a los países socios con sistemas sanitarios vulnerables.

COVID-19: Restricción de los viajes

Exposición de motivos. La crisis del coronavirus ya es una pandemia que se ha extendido por todo el mundo, con casos en cinco continentes. La mundialización y los movimientos internacionales de personas crean condiciones que facilitan la propagación del virus a través de las fronteras. Esta crisis de salud pública ha dado lugar a un gran número de casos importados en varios países a consecuencia de los viajes, que han ido provocando la aparición de brotes locales a través de una transmisión comunitaria gradual, pero a gran escala. Cuanto antes se pierde el vínculo entre la cadena de transmisión y los viajes, con más rapidez se intensifica la transmisión local, que ejerce una gran presión sobre los sistemas sanitarios.

En este momento, se considera que la Unión Europea se encuentra en el epicentro de la pandemia de COVID-19. En las últimas semanas, los Estados miembros han adoptado una serie de medidas drásticas para limitar la propagación del virus. Sin embargo, los casos de COVID-19 han aumentado de manera exponencial en un breve período de tiempo, lo que somete a los sistemas sanitarios de los Estados miembros a una tensión considerable, que también aumenta exponencialmente cada día.

Aunque la Organización Mundial de la Salud no considera, en general, que las restricciones de viaje sean la forma más eficaz de atajar una pandemia, la rápida difusión de la COVID-19 hace esencial que la UE y los Estados miembros adopten medidas urgentes, inmediatas y concertadas, no solo para proteger la salud pública de nuestras poblaciones, sino también para evitar que el virus se propague desde la UE a otros países, como se ha observado en las últimas semanas.

Las restricciones de viaje deben centrarse en la reducción drástica de los flujos de entrada en las fronteras exteriores de la Unión, lo que también ralentizará la transmisión a otros países al regreso de los viajeros, y disuadirá de viajar fuera a los ciudadanos de la UE y a otras personas residentes en el espacio UE+.

Mediante la presente Comunicación, la Comisión recomienda al Consejo Europeo que actúe con vistas a la rápida adopción, por parte de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de Schengen, junto con sus homólogos de los Estados asociados de Schengen, de una decisión coordinada a fin de aplicar una restricción temporal de los viajes no esenciales de terceros países al espacio UE+.

Conclusión

Una restricción temporal de los viajes no esenciales de terceros países hacia el espacio UE+ requiere una decisión coordinada de la UE con el acuerdo de los Estados asociados de Schengen.

Mediante la presente Comunicación, la Comisión recomienda al Consejo Europeo que actúe con vistas a la rápida adopción, por parte de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de Schengen, junto con sus homólogos de los Estados asociados de Schengen, de una decisión sobre la aplicación de una restricción temporal de los viajes no esenciales de terceros países al espacio UE+ con efecto inmediato en la totalidad de las fronteras exteriores de la UE.

Teniendo en cuenta la Zona de Viaje Común, se anima a Irlanda y al Reino Unido a aplicar también esta restricción temporal de viajes.

Los Estados miembros de la UE y los Estados asociados a Schengen también deben alentar encarecidamente a los ciudadanos y residentes a que no viajen fuera de sus territorios para evitar la propagación del virus a otros países.

Ámbito de aplicación

La restricción temporal de viaje debe aplicarse a todos los viajes no esenciales de terceros países al espacio UE+. Para que una restricción temporal de viaje tenga el efecto deseado en términos de disminución de la propagación del virus, es necesario limitar las excepciones a los desplazamientos con fines esenciales.

La restricción temporal de viajes debe eximir a los nacionales de todos los Estados miembros de la UE y de los Estados asociados de Schengen que regresen a sus hogares. Tampoco debe aplicarse a otros viajeros que tengan una función o necesidad esenciales.

Duración

La restricción temporal de viajes debe aplicarse durante treinta días. Cualquier posible prórroga de este período debe estudiarse en función de la evolución de la situación.

COVID-19: MEDIDAS URGENTES

 

Exposición de motivos

Desde el inicio de la crisis epidemiológica causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la enfermedad asociada a este virus, COVID-19, se ha extendido rápidamente por todo el mundo, llegando también al territorio de la Unión. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, actualmente se considera que, para los ciudadanos de la Unión, el riesgo asociado con la COVID-19 es entre moderado y elevado, habida cuenta de la probabilidad de transmisión y el impacto de la enfermedad. El virus se propaga rápidamente dentro de la Unión y podría tener un enorme impacto en la salud pública, con el resultado de un número sustancial de fallecimientos entre los grupos de alto riesgo y perturbaciones económicas y sociales significativas.

En este contexto, ha aumentado considerablemente la necesidad de contar con equipos de protección individual, tal como se detalla en el anexo 1. Dadas su naturaleza y las circunstancias imperantes, estos equipos constituyen un producto de primera necesidad, ya que son imprescindibles para evitar una mayor propagación de la enfermedad y salvaguardar la salud del personal médico que trata a los pacientes infectados.

En consonancia con las Conclusiones del Consejo de Ministros de Sanidad de 13 de febrero de 2020, en el marco del Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, se ha puesto en marcha un procedimiento de contratación pública de equipos de protección individual. Según un calendario indicativo y dependiendo de la situación del mercado, podría concluirse a principios de abril.

La demanda de equipos de protección médica se ha incrementado sustancialmente en los últimos días y se espera que siga aumentando de manera significativa en un futuro próximo, lo que ha conllevado que en varios Estados miembros han comenzado a escasear estos equipos. Existen restricciones en todo el mercado único de la UE para satisfacer la demanda de los clientes de equipos de protección individual, en particular de mascarillas de protección para la boca. En este momento, se están realizando esfuerzos para aumentar la capacidad de fabricación. Ello puede contribuir a la revisión de la medida cuando sea necesario y a medida que la situación evolucione.

En la Unión, la producción de equipos de protección individual, tales como las mascarillas de protección para la boca, se concentra actualmente en un número limitado de Estados miembros: la República Checa, Francia, Alemania y Polonia. A pesar de que se ha fomentado el incremento de la producción, el nivel actual de producción y de existencias en la Unión no bastará para satisfacer la demanda interna. Esto sucede, en particular, porque aumenta la demanda como consecuencia de la situación de epidemia y porque los equipos de protección individual pueden exportarse sin restricciones a otras partes del mundo.

Algunos terceros países ya han decidido oficialmente restringir las exportaciones de equipos de protección. Otros parecen haber adoptado medidas similares de manera más informal. Algunos de estos países son también suministradores tradicionales en el mercado de la Unión, lo que está ejerciendo presión adicional sobre el mercado de la Unión.

A fin de remediar y prevenir una situación crítica, redunda en interés de la Unión que la Comisión tome medidas inmediatas de duración limitada con el fin de que las exportaciones de equipos de protección individual estén sujetas a una autorización con objeto de garantizar un suministro adecuado en la Unión y satisfacer así una demanda de vital importancia.

Las exportaciones de determinadas cantidades de productos específicos pueden autorizarse en circunstancias especiales, como para garantizar la asistencia a terceros países, y en función de las necesidades de los Estados miembros. Las modalidades administrativas de estas autorizaciones deben dejarse a la discreción de los Estados miembros durante la vigencia de estas medidas temporales.

Existe una necesidad imperiosa de equipos de protección dentro de la Unión para los hospitales, pacientes, trabajadores sobre el terreno y autoridades de protección civil. Esta necesidad imperiosa está siendo objeto de supervisión constante a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión.

Aunque esta medida se aplica actualmente a los equipos de protección individual, tal como se detalla en el anexo 1, puede ser necesario revisar el ámbito de aplicación del anexo y de los productos abarcados por el presente Reglamento.

Dada la urgencia de la situación, justificada por la rápida propagación de la COVID-19, las medidas previstas en el presente Reglamento deben adoptarse de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/479.

Para evitar el agotamiento de las existencias como consecuencia de la especulación, el presente Reglamento de Ejecución debe entrar en vigor el día de su publicación. De conformidad con el artículo 5, apartado 5, del Reglamento (UE) 2015/479, estas medidas deben tener una duración de seis semanas,

Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19 (DOUE L 79I, 16 de marzo de 2020)

Con el objetivo de garantizar la disponibilidad de equipos de protección individual (EPI) y de productos sanitarios para una protección adecuada en el brote del COVID-19, la Comisión invita a todos los agentes económicos de toda la cadena de suministro, así como a los organismos notificados y las autoridades de vigilancia del mercado, a que pongan en marcha todas las medidas a su disposición para apoyar los esfuerzos destinados a garantizar que el suministro de EPI y productos sanitarios en todo el mercado de la UE se corresponda con la demanda en continuo aumento. No obstante, esas medidas no deben ir en detrimento del nivel general de salud y seguridad, y todas las partes interesadas pertinentes deben velar por que los EPI o productos sanitarios que se comercializan en el mercado de la UE sigan ofreciendo un nivel adecuado de protección de la salud y la seguridad de los usuarios.

Procedimientos de evaluación de la conformidad

Los organismos notificados con arreglo al Reglamento (UE) 2016/425 deberían establecer prioridades y llevar a cabo con rapidez las actividades de evaluación de la conformidad relacionadas con los EPI necesarios para la protección por el brote del COVID-19 en el marco de todas las solicitudes nuevas presentadas por agentes económicos.

En el caso de los productos EPI fabricados con arreglo a soluciones técnicas distintas de las normas armonizadas, pueden utilizarse las recomendaciones de la OMS sobre la selección adecuada de EPI como posible fuente de referencia para dichas soluciones técnicas, siempre que estas soluciones garanticen un nivel adecuado de protección correspondientes a los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables que se establecen en el Reglamento (UE) 2016/425.

Los organismos notificados que expidan certificados para productos EPI fabricados siguiendo soluciones técnicas distintas de las normas armonizadas deberían informar inmediatamente a la autoridad notificante pertinente, así como a los demás organismos notificados con arreglo al Reglamento (UE) 2016/425, sobre los certificados que hayan expedido y las soluciones técnicas específicas que hayan empleado. Los organismos notificados deberían intercambiar esa información mediante la coordinación del grupo de organismos notificados establecido en virtud del artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/425.

En el caso de los productos sanitarios, debe considerarse asimismo la posibilidad de que los Estados miembros autoricen excepciones a los procedimientos de evaluación de la conformidad, con arreglo al artículo 11, apartado 13, de la Directiva 93/42/CEE y al artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745, una vez que este último sea aplicable, también cuando no se requiera la intervención de un organismo notificado.

Procedimientos de vigilancia del mercado

Las autoridades de vigilancia del mercado pertinentes de los Estados miembros deberían centrarse prioritariamente en los EPI o los productos sanitarios no conformes que planteen graves riesgos para la salud y la seguridad de sus usuarios previstos.

Cuando las autoridades de vigilancia del mercado consideren que los EPI o los productos sanitarios garantizan un nivel adecuado de salud y seguridad de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425, o con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento (UE) 2017/745, aunque los procedimientos de evaluación de la conformidad, incluida la colocación del marcado CE, no se hayan efectuado completamente según las normas armonizadas, pueden autorizar la comercialización en el mercado de la Unión de estos productos durante un período limitado, mientras se estén llevando a cabo los procedimientos necesarios.

Los EPI o los productos sanitarios que no lleven el marcado CE también podrían ser evaluados y formar parte de una adquisición organizada por las autoridades competentes de los Estados miembros, siempre que se garantice que dichos productos solo estén disponibles para el personal sanitario durante la crisis sanitaria en curso y que no entren en los canales habituales de distribución ni se pongan a disposición de otros usuarios.

Las autoridades de vigilancia del mercado deberían informar inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros de cualquier disposición temporal que hayan establecido en relación con los EPI o los productos sanitarios específicos. Para los EPI, esto debería hacerse mediante el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS).

Exposición de motivos

La Decisión n.o 1313/2013/UE establece el marco jurídico de rescEU. RescEU es una reserva de capacidades a nivel de la Unión dirigida a prestar asistencia en casos de extrema gravedad en los que las capacidades existentes a nivel nacional y las destinadas por los Estados miembros al Grupo Europeo de Protección Civil no sean capaces de garantizar una respuesta eficaz a las catástrofes naturales y de origen humano.

La Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 de la Comisión establece la composición inicial de rescEU en términos de capacidades y requisitos de calidad. La reserva de rescEU está compuesta hasta ahora por capacidades aéreas de lucha contra incendios forestales, capacidades de evacuación médica aérea y capacidades de equipos médicos de emergencia.

De conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la Decisión n.o 1313/2013/UE, las capacidades de que consta rescEU se definen teniendo en cuenta los riesgos identificados y emergentes, las capacidades generales y las carencias a nivel de la Unión.

En las últimas décadas, grandes brotes de enfermedades transfronterizas graves capaces de transmitirse entre las personas como el ébola, el síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (SROM) han puesto a prueba a la comunidad internacional y han exigido una respuesta coordinada para limitar la difusión de esas enfermedades infecciosas.

En julio de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC) una emergencia de salud pública de importancia internacional, y ese virus sigue considerándose una enfermedad de alto riesgo. El virus del Ébola puede ser transmitido involuntariamente a la Unión, como ya se observó durante el brote de África occidental de 2013.

En el contexto de una disponibilidad extremadamente limitada de vacunas y dosis terapéuticas en investigación, el almacenamiento de contramedidas contra el Ébola constituye una medida importante de preparación en caso de transmisión de la enfermedad a la Unión.

La propagación a escala mundial de este tipo de enfermedades altamente infecciosas, como también demuestran el nuevo coronavirus 2019-nCoV y el brote relacionado de la enfermedad coronavírica COVID-19, exige una acción coordinada de los Estados miembros para evitar una escalada de la emergencia en toda la Unión, que ya se ha visto gravemente afectada por estos brotes.

El riesgo de transmisión de la COVID-19 y de otras enfermedades puede reducirse si se toman las medidas adecuadas, tal como el uso de equipos de protección individual y otros equipos médicos pertinentes.

Sobre la base de un informe técnico del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), se anima a las autoridades de salud pública de la Unión a planificar suficientes suministros de equipos de protección personal, especialmente para sus profesionales de la salud que se ocupan de los pacientes infectados por la COVID-19.

Para estar preparados ante la propagación de la COVID-19 y reducir al mínimo posibles penurias, el Consejo, en sus conclusiones sobre la COVID-19 de 13 de febrero de 2020 (4), instó a la Comisión a que siguiera estudiando todas las opciones disponibles para facilitar el acceso a los equipos de protección individual que necesiten los Estados miembros.

En respuesta a las conclusiones del Consejo, se deben incluir en las capacidades de rescEU el almacenamiento de contramedidas médicas, equipos médicos de cuidados intensivos y equipos de protección individual destinados a combatir las amenazas transfronterizas graves para la salud.

Por motivos de coherencia con otros actos de la Unión, en la presente Decisión la definición de «amenazas transfronterizas graves para la salud» debe ser la que figura en la Decisión n.o 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

De conformidad con el artículo 12, apartado 4, de la Decisión 1313/2013/UE, los requisitos de calidad aplicables a las capacidades de contramedidas médicas, equipos médicos de cuidados intensivos y equipos de protección individual en el marco de rescEU deben basarse en normas internacionales establecidas, cuando ya existan estas.

Los requisitos de calidad aplicables a las contramedidas médicas, tales como las vacunas y los tratamientos en fase de investigación, deben basarse, por lo tanto, en las normas y los requisitos mínimos establecidos por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la OMS. Los requisitos de calidad aplicables a los equipos médicos de cuidados intensivos deben basarse en las normas mínimas previstas por la OMS, y los requisitos de calidad aplicables a los equipos de protección individual deben basarse en las normas mínimas previstas por la OMS y el ECDC.

A fin de prestar ayuda financiera de la Unión a la creación, la gestión y el mantenimiento de tales capacidades de conformidad con el artículo 21, apartado 3, de la Decisión n.o 1313/2013/UE, debe precisarse el coste total estimado necesario para su disponibilidad y despliegue. El coste total estimado ha de calcularse teniendo en cuenta las categorías de costes admisibles establecidas en el anexo I bis de la Decisión n.o 1313/2013/UE.

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en consecuencia.

Exposición de motivos

Desde el inicio de la crisis epidemiológica causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la enfermedad asociada a este, COVID-19, se ha extendido rápidamente en todo el mundo y ha llegado también al territorio de la Unión. Debido al rápido aumento del número de casos, el 11 de marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la COVID-19 como pandemia. El 12 de marzo de 2020, ante el rápido deterioro de la situación en la Región Europea de la OMS, con más de 20 000 casos confirmados y casi 1000 fallecidos, el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS declaró que Europa se había convertido en el epicentro de la pandemia.

Como consecuencia, los Estados miembros han tomado una serie de medidas extraordinarias de prevención y contención, como la cuarentena, el cierre de comercios no esenciales, escuelas y universidades, la aplicación de medidas para el teletrabajo y la restricción o prohibición de los viajes y desplazamientos. Dichas medidas hacen que para determinados miembros del Consejo sea muy difícil o imposible viajar para asistir físicamente a las sesiones del Consejo celebradas en la sede del Consejo. A su vez, esto hace difícil que se pueda alcanzar el quórum que exige el artículo 11, apartado 4, del Reglamento interno del Consejo y dificulta por consiguiente la celebración por el Consejo de sesiones formales.

A la vista de tales circunstancias excepcionales y a fin de garantizar la continuidad institucional en el proceso de toma de decisiones del Consejo, es necesario establecer una excepción temporal al artículo 12, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento interno del Consejo por lo que respecta a las decisiones de aplicación del procedimiento escrito ordinario. Durante el periodo en que se aplique la presente Decisión, y únicamente durante dicho período, la decisión de aplicar el procedimiento escrito ordinario que tome el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (Coreper) debe adoptarse de conformidad con la modalidad de votación aplicable para la adopción del acto del Consejo de que se trate. Esta excepción debe ser de aplicación durante un mes, pudiendo renovarse.

La aplicación del procedimiento escrito ordinario como alternativa a la adopción de actos del Consejo en sesiones del Consejo debe ir precedida de una preparación exhaustiva por el Coreper, y el acto del Consejo de que se trate debe ser objeto, cuando sea posible y pertinente, de un debate político previo por los ministros, por ejemplo por videoconferencia informal, a fin de garantizar en la mayor medida posible, entre otras cosas, la coordinación nacional, la transparencia pública y la participación de los parlamentos nacionales de acuerdo con las prácticas de los Estados miembros.

Exposición de motivos

La crisis del coronavirus ha puesto de relieve el desafío de proteger la salud de la población a la vez que se evitan perturbaciones de la libre circulación de personas y la entrega de los bienes y los servicios esenciales en toda Europa. La aplicación de las políticas de la Unión en materia de control de personas y mercancías debe regirse por el principio de solidaridad entre los Estados miembros.

Para evitar situaciones de escasez e impedir que se agraven las dificultades sociales y económicas que ya padecen todos los países europeos, es fundamental mantener el funcionamiento del mercado único. Por consiguiente, los Estados miembros no deben adoptar medidas que comprometan la integridad del mercado único de bienes, en particular de las cadenas de suministro, ni incurrir en prácticas desleales de ningún tipo.

Los Estados miembros deben en todo momento permitir la entrada de sus propios ciudadanos y residentes y facilitar el tránsito de otros ciudadanos y residentes de la UE que regresen a su país de origen.

En materia de medidas relacionadas con la gestión de fronteras, la coordinación en el ámbito de la UE es clave.

Por lo tanto, las presentes directrices establecen los principios de un planteamiento integrado para una gestión eficaz de las fronteras a fin de proteger la salud a la vez que se preserva la integridad del mercado único.

Exposición de motivos

Los pasajeros y el sector europeo del transporte se han visto gravemente afectados por el brote de COVID-19. Debido a las medidas de contención establecidas por las autoridades, como las restricciones para viajar, el confinamiento o las zonas de cuarentena, es posible que el transporte sea uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Muchos pasajeros viven situaciones estresantes, porque han visto cancelados los servicios de viaje contratados, porque ya no desean viajar o porque ya no están autorizados a hacerlo.

La Unión Europea (UE) es el único espacio del mundo en el que los ciudadanos están protegidos mediante un completo conjunto de derechos, ya viajen en avión, en tren, en autobús, en autocar o en barco.

Dada la inédita situación que Europa está viviendo a raíz del brote de COVID-19, la Comisión Europea considera útil aclarar cuáles son, en este contexto, los derechos de los pasajeros que viajan en avión, en tren, en autobús, en autocar o en barco, así como las correspondientes obligaciones de los transportistas.

Necesidad de adoptar medidas adecuadas de ayuda estatal

En el esfuerzo general de los Estados miembros para abordar los efectos del brote de COVID-19 en su economía, la presente Comunicación establece las posibilidades de que disponen los Estados miembros en virtud de las normas de la UE para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas, especialmente las pymes que se enfrentan a una súbita escasez en este período, a fin de que puedan recuperarse de la situación actual.

En la Comunicación relativa a la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19, de 13 de marzo de 2020, la Comisión estableció las diferentes opciones disponibles para los Estados miembros al margen del ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales de la UE, las cuales pueden aplicar sin la participación de la Comisión. Entre ellas se incluyen medidas aplicables a todas las empresas en relación con los subsidios salariales, la suspensión del pago de los impuestos sobre sociedades y el valor añadido o las cotizaciones sociales, o la concesión de ayudas financieras directas a los consumidores por los servicios cancelados o los billetes no reembolsados por los operadores correspondientes.

Los Estados miembros también pueden diseñar medidas de apoyo en consonancia con el Reglamento general de exención por categorías sin la participación de la Comisión.

Además, sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y tal como se especifica en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración, los Estados miembros pueden notificar a la Comisión regímenes de ayuda para satisfacer necesidades de liquidez agudas y apoyar a las empresas que se enfrentan a dificultades financieras, también debidas al brote de COVID-19 o agravadas por él.

Además, sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, los Estados miembros también pueden indemnizar a las empresas de los sectores especialmente afectados por el brote (por ejemplo, el transporte, el turismo, la cultura, la hostelería y el comercio minorista) y/o los organizadores de eventos cancelados por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del brote y provocados directamente por él. Los Estados miembros podrán notificar dichas medidas compensatorias y la Comisión las evaluará directamente en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE. El principio de «ayuda única» de las Directrices de salvamento y de reestructuración no abarca las ayudas que la Comisión declare compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, dado que este tipo de ayuda no es «ayuda de salvamento, ayuda de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración» en el sentido del punto 71 de las Directrices de salvamento y reestructuración. Por consiguiente, los Estados miembros podrán indemnizar, en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, los daños y perjuicios directamente causados por el brote de COVID-19 a las empresas que hayan recibido ayudas con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración.

Para complementar las posibilidades antes mencionadas, la Comisión establece en esta Comunicación medidas temporales adicionales de ayuda estatal que considera compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, que pueden aprobarse muy rápidamente tras la notificación por parte del Estado miembro de que se trate. Además, la notificación de planteamientos alternativos, tanto regímenes de ayuda como medidas individuales, sigue siendo posible. El objetivo de la presente Comunicación es establecer un marco que permita a los Estados miembros hacer frente a las dificultades que están encontrando las empresas, al tiempo que mantienen la integridad del mercado interior de la UE y garantizan la igualdad de condiciones.

Resumen

Las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales, adoptadas por la Comisión Europea el 16 de marzo de 2020, subrayan el principio de que todas las fronteras interiores de la UE deben permanecer abiertas al transporte de mercancías y de que deben garantizarse las cadenas de suministro de los productos esenciales. La libre circulación de mercancías, especialmente en períodos de emergencias y en interés de todos, exige que los Estados miembros respeten y apliquen plenamente las Directrices en todos los pasos fronterizos de las fronteras interiores. El presente documento está concebido para ayudar a los Estados miembros a aplicar las Directrices por lo que se refiere a los carriles verdes. Su objetivo es generar un proceso de cooperación en toda la UE para garantizar que todas las mercancías, incluidos los bienes esenciales como los alimentos y los suministros médicos, lleguen rápidamente a su destino sin retrasos.

A fin de preservar la buena marcha de las cadenas de suministro en toda la UE y garantizar el funcionamiento del mercado único para las mercancías, allí donde existan o se hayan introducido controles en las fronteras interiores, se pide a los Estados miembros que designen de inmediato todos los puntos de paso fronterizos internos pertinentes de la red transeuropea de transporte (RTE-T), y otros en la medida en que se considere necesario, como pasos fronterizos de tipo «carril verde» para el transporte terrestre (por carretera y ferrocarril), marítimo y aéreo.

El tránsito por estos pasos fronterizos de tipo «carril verde» no debería superar los 15 minutos en las fronteras interiores, incluidos los controles y la inspección sanitaria de los trabajadores del transporte. Los «carriles verdes» deben estar abiertos a todos los vehículos de carga que transporten cualquier tipo de mercancía.

Los Estados miembros deben actuar de inmediato para suspender temporalmente todo tipo de restricciones al acceso por carretera existentes en su territorio (tránsito en fin de semana, nocturno, prohibiciones sectoriales, etc.) para el transporte de mercancías por carretera y para la necesaria libre circulación de los trabajadores del transporte.

Los trabajadores del transporte, con independencia de su nacionalidad y de su lugar de residencia, deben poder cruzar las fronteras interiores. Debe suprimirse toda restricción, como las impuestas al desplazamiento y la cuarentena obligatoria de los trabajadores del transporte, sin perjuicio de que las autoridades competentes adopten medidas proporcionadas y adaptadas específicamente para minimizar el riesgo de contagio.

Exposición de motivos

La Unión Europea está abierta a la inversión extranjera, esencial para nuestro crecimiento económico, competitividad, empleo e innovación. Muchas empresas europeas están plenamente integradas en las cadenas de suministro mundiales, que es necesario mantener en funcionamiento. La UE desea seguir siendo un destino atractivo para las inversiones extranjeras directas (IED), y lo seguirá siendo.

La emergencia relacionada con la COVID-19 está teniendo efectos generalizados en la economía de la Unión Europea. Como parte de la respuesta global, la Comisión ha destacado asimismo la cuestión del control de las inversiones extranjeras directas.

Entre las posibles consecuencias del actual shock económico se observa un mayor riesgo potencial para las industrias estratégicas, sobre todo para las industrias relacionadas con la atención sanitaria, aunque no limitado a estas. La resiliencia de estas industrias y su capacidad para seguir respondiendo a las necesidades de los ciudadanos de la UE debe situarse a la cabeza de los esfuerzos combinados, tanto a nivel de la Unión Europea como de los Estados miembros.

Sin embargo, hoy más que nunca, la apertura de la UE a la inversión extranjera debe compensarse con instrumentos de control adecuados. En el contexto de la emergencia por la COVID-19, podría producirse un mayor riesgo de tentativas de adquisición de capacidades sanitarias (por ejemplo, para la producción de equipos médicos o de protección) o de industrias afines como centros de investigación (por ejemplo, para el desarrollo de vacunas) a través de las inversiones extranjeras directas. Es necesario mantenerse vigilantes para garantizar que tales inversiones extranjeras directas no tengan efectos perjudiciales en la capacidad de la UE para cubrir las necesidades sanitarias de sus ciudadanos.

El brote de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de preservar y mejorar la puesta en común de estas valiosas capacidades dentro del mercado único, así como con las personas que las necesitan en cualquier otro lugar del mundo. En este contexto, las adquisiciones de activos relacionados con la asistencia sanitaria tendrían consecuencias para el conjunto de la Unión Europea.

En su Comunicación de 13 de marzo de 2020, la Comisión indicó que los Estados miembros deben estar alerta y utilizar todos los instrumentos de que dispongan a nivel nacional y de la Unión para evitar que la actual crisis provoque una pérdida de activos y tecnología esenciales.

Las normas de la UE proporcionan un marco para garantizar la protección de los objetivos legítimos en el ámbito de las políticas públicas cuando dichos objetivos se vean amenazados por inversiones extranjeras. Dichas normas se recuerdan en el anexo.

Actualmente, la responsabilidad del control de las IED corresponde a los Estados miembros. El control de las IED debe tener en cuenta el impacto sobre la Unión Europea en su conjunto, en particular con el fin de garantizar la continuidad de la capacidad crítica de la industria de la UE mucho más allá del sector sanitario. Los riesgos para las capacidades estratégicas más amplias de la UE pueden verse exacerbados por la volatilidad o la infravaloración de los mercados de valores europeos. Los activos estratégicos son cruciales para la seguridad de Europa y forman parte de la columna vertebral de su economía y, por consiguiente, de su capacidad para recuperarse rápidamente.

A tal fin, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a:

—utilizar plenamente desde ahora sus mecanismos de control de las IED con el fin de tener plenamente en cuenta los riesgos para las infraestructuras sanitarias esenciales, el suministro de insumos fundamentales y otros sectores críticos, como se prevé en el marco jurídico de la UE;
—en el caso de aquellos Estados miembros que actualmente no disponen de un mecanismo de control, o cuyos mecanismos de control no cubren todas las operaciones pertinentes, que establezcan un mecanismo de control completo y, mientras tanto, que utilicen todas las demás opciones disponibles para abordar los casos en los que la adquisición o el control de una determinada empresa, infraestructura o tecnología pueda suponer un riesgo para la seguridad o el orden público en la UE, incluido un riesgo para las infraestructuras sanitarias esenciales y el suministro de insumos críticos.

Las orientaciones examinan también el tipo de medidas que pueden adoptarse para restringir los movimientos de capitales cuando esté justificado.

Resumen

La carga aérea representa aproximadamente el 35 % del valor del comercio mundial. Es un elemento clave del transporte de mercancías, que complementa el transporte terrestre y marítimo, en particular por lo que se refiere a los productos sensibles al factor tiempo. Tras el brote de COVID-19 se han impuesto restricciones a los vuelos y a la circulación de pasajeros y personal de transporte, con la finalidad de contener la pandemia. En consecuencia, las cadenas de suministro europeas y mundiales se han visto gravemente perturbadas.

Para la economía y para la lucha contra la COVID-19 son esenciales unos servicios de carga aérea continuos e ininterrumpidos, ya que las cadenas de suministro europeas y mundiales dependen de que dichos servicios operen sin obstáculos. Por ello, la carga aérea debe poder facilitar continuamente productos críticos, como los alimentos, los suministros médicos y los equipos de protección individual (EPI), al igual que otros productos que son vitales para el funcionamiento de las cadenas de suministro sensibles.

La situación extraordinaria que plantea el brote de COVID-19 puede acarrear una necesidad de cooperación entre las comunidades europea e internacional de la aviación, en particular los proveedores de carga aérea y servicios urgentes, con vistas a garantizar el suministro y la distribución equitativa de productos escasos.

Como parte del esfuerzo general de la UE por mantener en movimiento los flujos esenciales de transporte, con especial atención a los más sensibles, se pide a los Estados miembros que faciliten las operaciones de carga aérea durante el brote de COVID-19. Por tanto, la Comisión Europea invita a los Estados miembros a aplicar las medidas operativas establecidas en las presentes Directrices, entendiendo que estas medidas excepcionales serán temporales y se limitarán a la crisis de la COVID-19.

Las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales, adoptadas por la Comisión Europea el 16 de marzo de 2020, subrayan el principio de que todas las fronteras interiores de la UE deben permanecer abiertas al transporte de mercancías y de que deben garantizarse las cadenas de suministro de los productos esenciales, como los alimentos, incluido el ganado, los equipos médicos, los EPI y las sustancias de origen humano. En interés de todos, en estos tiempos de emergencias, las mercancías deben seguir circulando libremente. Esto exige que los Estados miembros respeten y apliquen plenamente esas Directrices en todos los pasos fronterizos y fronteras interiores. Por otra parte, la Comunicación sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes», adoptada por la Comisión Europea el 23 de marzo de 2020, aspira a generar un proceso de cooperación en toda la UE para garantizar que todas las mercancías, incluidos los bienes esenciales como los alimentos y los suministros médicos, lleguen rápidamente a su destino sin retrasos. Por último, en una declaración conjunta sobre la aplicación del Derecho de la competencia durante la crisis del coronavirus, la Red Europea de Competencia (REC) señaló que la situación extraordinaria causada por la COVID-19 puede hacer necesaria una cooperación entre las empresas para garantizar el suministro y la distribución equitativa de productos escasos a todos los consumidores. En las circunstancias actuales, la REC no intervendrá activamente contra las medidas puestas en marcha y que sean necesarias y temporales para evitar una escasez en el suministro. Sin embargo, su declaración conjunta también aclara que la Red Europea de Competencia no dudará en actuar contra los operadores de transporte aéreo que se aprovechen de la presente situación creando cárteles o abusando de su posición de dominio, en particular en lo que se refiere a la fijación de precios.

La presente Comunicación toma como base los documentos mencionados, e invita a los Estados miembros a aplicarlos íntegramente. Las Directrices actuales tienen el propósito de ayudar a los Estados miembros a mantener y facilitar las operaciones de transporte aéreo de mercancías, en particular de bienes esenciales, como los alimentos y los suministros médicos, y de productos sensibles al factor tiempo. Invitan a los Estados miembros a aplicar las medidas operativas y organizativas necesarias, en el entendimiento de que estas medidas excepcionales serán temporales, esto es, de aplicación exclusiva durante la crisis de la COVID-19, hasta que se levanten las restricciones excepcionales aplicadas a los viajes y el tráfico aéreo.

Introducción

La Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (en lo sucesivo, «la Comunicación») establece en su punto 13 que los aseguradores estatales no deben poder asegurar créditos a la exportación a corto plazo cuando se trate de riesgos negociables. Los riesgos negociables se definen en el punto 9 de la Comunicación como riesgos comerciales y políticos con un período de riesgo máximo de menos de dos años, con respecto a compradores (públicos y no públicos) en los países que figuran en el anexo de la Comunicación.

El repentino brote de COVID-19 en los primeros meses de 2020 no solo ha supuesto una seria amenaza para la salud pública a escala mundial, sino que ha provocado, además, grandes perturbaciones en la economía mundial y en la economía de la Unión. Como consecuencia de este brote, las empresas se enfrentan a graves problemas de liquidez y su situación comercial ha quedado expuesta a mayores riesgos financieros. En nombre de los Estados miembros, el Grupo de Trabajo del Consejo sobre créditos a la exportación ha informado a la Comisión de la actual retirada de los aseguradores privados del mercado de crédito a la exportación a corto plazo y de una inminente insuficiencia para cubrir todos los riesgos económicamente justificables relativos a las exportaciones a todos los países del mundo, entre los que se incluye la totalidad de los Estados miembros.

Ante esta situación, la Comisión ha realizado una consulta pública con arreglo al punto 35 de la Comunicación a fin de evaluar la capacidad privada de seguro y reaseguro de crédito para cubrir las exportaciones a los países cuyos riesgos son negociables y determinar si las condiciones de mercado actuales y previsibles justifican la retirada temporal de cualquiera de esos países de la lista.

Exposición de motivos

El coronavirus se ha propagado por todo el planeta y ha hecho adoptar distintas medidas para limitar el ritmo de contagio. El 10 de marzo de 2020, los jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de un planteamiento común europeo y de una estrecha coordinación con la Comisión Europea. En particular, se invitó a los ministros de Sanidad y de Interior a mantener consultas diarias a fin de garantizar una coordinación adecuada y fijar directrices europeas comunes.

La magnitud de la actual amenaza mundial subraya la necesidad imperiosa de una coordinación de la UE, a fin de maximizar el efecto potencial de las medidas adoptadas a escala nacional.

En este contexto, la Comisión adoptó el 16 de marzo de 2020 una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, en la que abogaba por una restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE ante el brote de COVID-19 («la Comunicación»). Su objetivo es garantizar que las medidas adoptadas en las fronteras exteriores de la UE sean coherentes y apropiadas.

La Comunicación complementa las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales («las Directrices»), cuya finalidad es proteger la salud de los ciudadanos, garantizar el trato adecuado de las personas cuyo desplazamiento sea esencial y velar por que siga disponiéndose de bienes y servicios esenciales dentro de la UE.

La Comunicación subrayaba que las fronteras exteriores de la UE deben servir de perímetro de seguridad y que los Estados miembros y los Estados asociados de Schengen han de limitar los viajes no esenciales desde terceros países al espacio UE+. También aclaraba que los países de este espacio podrán denegar la entrada a «los nacionales de terceros países no residentes cuando presenten síntomas o hayan estado especialmente expuestos al riesgo de infección y se consideren una amenaza para la salud pública».

El 17 de marzo de 2020, los jefes de Estado o de Gobierno respaldaron el llamamiento para reforzar las fronteras exteriores mediante la aplicación de una restricción temporal coordinada de los viajes no esenciales a la UE durante un período de treinta días, sobre la base del planteamiento propuesto por la Comisión. Los jefes de Estado o de Gobierno también aprobaron las Directrices sobre la gestión de las fronteras.

Sobre la base de las medidas nacionales adoptadas para garantizar dicha acción coordinada en las fronteras exteriores de la UE, los guardias de fronteras deben denegar, de conformidad con la Comunicación de la Comisión, la entrada a todos los nacionales de terceros países cuyos viajes no se consideren esenciales en las circunstancias actuales.

A fin de contribuir a la ejecución de esta medida en las fronteras exteriores, la Comisión Europea ha elaborado las presentes Directrices («las Directrices») basándose en las aportaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), con el apoyo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de Europol.

Las Directrices también derivan de la declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo de 26 de marzo de 2020, en la que se hacía hincapié en la necesidad de intensificar los esfuerzos por garantizar que los ciudadanos de la UE bloqueados en terceros países que deseen regresar a sus países de origen puedan hacerlo.

Las Directrices ofrecen asesoramiento e instrucciones prácticas para aplicar las medidas adoptadas por los Estados miembros y los Estados asociados de Schengen a raíz de la Comunicación.

En particular, ofrece directrices sobre lo siguiente:

— la introducción de una restricción temporal de los viajes aplicable a todos los viajes no esenciales desde terceros países al espacio UE+;
— la facilitación del régimen de tránsito para la repatriación de los ciudadanos de la UE y sus familiares bloqueados en terceros países;
— los servicios mínimos en los consulados para tramitar las solicitudes de visado, y
— el tratamiento de los casos de rebasamiento de estancia ocasionado por las restricciones de viaje, también para los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado.

Resumen

La crisis de la COVID-19 ha llevado a la adopción de medidas sin precedentes en todos los Estados miembros de la UE, entre ellas la reintroducción de controles en sus fronteras interiores.

En las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales se han expuesto los principios de un enfoque integrado para la gestión eficaz de las fronteras, a fin de proteger la salud pública al tiempo que se preserva la integridad del mercado interior. De acuerdo con el punto 23 de las Directrices, los Estados miembros deben permitir y facilitar el cruce de fronteras por parte de los trabajadores fronterizos, especialmente, aunque no exclusivamente, de quienes trabajan en el sector de la salud y la alimentación, y otros servicios esenciales (por ejemplo, el cuidado de niños, la atención a las personas mayores, el personal crítico de los servicios públicos) para garantizar la continuidad de la actividad profesional.

Aunque las restricciones al derecho a la libre circulación de los trabajadores pueden estar justificadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, deben ser necesarias y proporcionales y estar basadas en criterios objetivos y no discriminatorios.

Los trabajadores fronterizos, los trabajadores desplazados y los trabajadores de temporada viven en un país y trabajan en otro. Muchos de ellos son cruciales para sus Estados miembros de acogida, por ejemplo para el sistema de asistencia sanitaria y para la prestación de otros servicios esenciales, como la instalación y el mantenimiento de equipos médicos e infraestructuras, o para garantizar el suministro de mercancías. Por tanto, es fundamental tener un enfoque coordinado a escala de la UE, que facilite que estos trabajadores puedan seguir cruzando las fronteras interiores.

A raíz del llamamiento del Consejo Europeo a la Comisión para que aborde la situación de los trabajadores transfronterizos y de temporada que deben poder continuar sus actividades esenciales, evitando al mismo tiempo una mayor propagación del virus, y como seguimiento a las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales, en particular su punto 23, las Directrices que se exponen a continuación invitan a los Estados miembros a adoptar medidas específicas que garanticen un enfoque coordinado a escala de la UE. Esto se refiere a los trabajadores mencionados anteriormente, en particular aquellos que tienen que cruzar las fronteras para llegar a su lugar de trabajo porque ejercen ocupaciones críticas, ya que realizan actividades relacionadas con los servicios esenciales. Estas directrices deben aplicarse también en los casos en que los trabajadores mencionados anteriormente utilicen un Estado miembro únicamente como país de tránsito para llegar a otro Estado miembro. Las presentes Directrices se entienden sin perjuicio de las medidas específicas expuestas en la Comunicación sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» o en las Directrices sobre la facilitación de las operaciones del transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19 .

Los Estados miembros deben tratar del mismo modo a los trabajadores por cuenta propia que ejercen las ocupaciones críticas enumeradas en estas Directrices.

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

Nuevo Plan de Acción. El nuevo Plan de Acción establecerá las aspiraciones de la UE y determinará las prioridades de actuación en torno a cinco líneas de actuación interrelacionadas entre sí y que se refuerzan mutuamente:

  • I. proteger y empoderar a las personas;
  • II. construir sociedades resilientes, inclusivas y democráticas;
  • III. promover un sistema mundial de derechos humanos y democracia;
  • IV. nuevas tecnologías: aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos; y
  • V. alcanzar las metas marcadas trabajando juntos.

Estas cinco líneas de acción se desarrollarán en el nuevo Plan de Acción con el fin de dotarlo de una dirección estratégica global. El Plan de Acción establecerá el marco para las delegaciones y oficinas de la UE, junto con las embajadas de los Estados miembros, a fin de determinar las medidas operativas específicas a nivel de país, regional y multilateral, teniendo en cuenta las circunstancias y especificidades locales.

Con el fin de velar por la consecución de resultados en estas nuevas cinco líneas de actuación, la UE hará uso de la amplia gama de políticas e instrumentos de que dispone para promover y defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Se trata, entre otras cosas, de diplomacia pública y de campañas de comunicación, declaraciones y comunicaciones de la UE y resoluciones específicas temáticas y por país en foros multilaterales de derechos humanos. También se incluyen instrumentos diplomáticos más discretos, como las gestiones diplomáticas, los diálogos políticos y periódicos sobre derechos humanos y el diálogo político sectorial. A lo largo de los años, los diálogos sobre derechos humanos entablados con un número cada vez mayor de países han demostrado ser una herramienta clave para hacer avanzar la agenda de derechos humanos de la UE en el marco de sus relaciones políticas en un sentido más amplio.

Objetivos

La presente Comunicación conjunta propone:

  • reforzar el liderazgo de la UE en el ámbito de la promoción y la protección de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo;
  • definir las aspiraciones de la UE, determinar las prioridades y centrarse en la puesta en práctica sin perder de vista la evolución geopolítica, la transición digital, los desafíos medioambientales y el cambio climático;
  • maximizar el papel de la UE en la escena mundial mediante la ampliación de la caja de herramientas de derechos humanos, sus instrumentos clave y sus políticas; y
  • fomentar una UE unida y que hable con una sola voz, promoviendo una acción más eficiente y coherente.

En este nuevo mundo, la comunicación en materia de derechos humanos reviste la máxima importancia. Aunque sigue siendo tan necesario como siempre mantenerse firmes ante los casos de violación de los derechos humanos, es esencial un discurso positivo sobre y en torno a los derechos humanos. En un entorno de información tan polarizado como el actual, en el que los medios sociales desempeñan un papel cada vez más decisivo, se trata de una tarea que requiere denodados esfuerzos.

El nuevo Plan de Acción aprovechará las oportunidades que ofrece el nuevo marco financiero plurianual (MFP), recurriendo en particular a una mayor flexibilidad para garantizar la coherencia entre la cooperación nacional y el apoyo a los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. La UE debe responder a las mejoras o los deterioros repentinos en materia de derechos humanos y democracia de forma proporcionada y prestar su apoyo de forma equilibrada a las instituciones gubernamentales y la sociedad civil.

> Anexo

NUEVO MODELO DE INDUSTRIA

Un nuevo modelo de industria para Europa

Europa ha sido desde siempre cuna de la industria. Durante siglos, ha sido pionera en innovación industrial y ha contribuido a mejorar la forma en que las personas de todo el mundo producen, consumen y hacen negocios. La industria europea, basada en un sólido mercado interior, ha sido durante mucho tiempo motor de nuestra economía, proporcionando una vida estable a millones de personas y creando los nodos sociales en torno a los cuales se constituyen nuestras comunidades.

A lo largo de toda su larga historia, la industria ha demostrado su capacidad para liderar el cambio. Y debe seguir haciéndolo, ahora que Europa acomete su transición hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital en un mundo en permanente cambio y cada vez más imprevisible.

La doble transición, ecológica y digital, afectará a todos los aspectos de nuestra economía, sociedad e industria. Requerirá nuevas tecnologías, que habrá que combinar con inversión e innovación. Creará nuevos productos, servicios, mercados y modelos de negocio. Configurará nuevos tipos de empleo, todavía inexistentes, que requerirán unas capacidades de las que aún carecemos. Y conllevará el paso de la producción lineal a la economía circular.

Esta doble transición tendrá lugar en una época de placas geopolíticas en movimiento, lo que afecta a la naturaleza de la competencia. La necesidad de que Europa afirme su voz, defienda sus valores y luche por la igualdad de condiciones cobra ahora más importancia que nunca. Está en juego la soberanía de Europa.

La amplitud y la profundidad, la magnitud y la velocidad, la naturaleza y la necesidad de esta doble transición no tienen precedentes, lo que se ve reflejado en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen, en las prioridades establecidas por el Parlamento Europeo y en la Agenda Estratégica del Consejo Europeo para 2019-2024. El Pacto Verde Europeo y la reciente Estrategia de la Comisión para configurar el futuro digital de Europa fijan la finalidad, la velocidad y la dirección del viaje para los próximos años.

Ahora necesitamos un nuevo modelo de industria para Europa, que se adapte a los objetivos del presente y a las realidades del futuro. Para ello, es fundamental la capacidad de la industria europea para liderar la doble transición e impulsar nuestra competitividad. No podemos permitirnos una simple adaptación; la industria ahora tiene que llegar a ser acelerador y motor del cambio y la innovación. Nuestra política industrial debe contribuir a hacer realidad este objetivo.

La estrategia industrial de Europa debe reflejar nuestros valores y nuestras tradiciones de mercado social. Nos apoyaremos en nuestros puntos fuertes: la diversidad y el talento, los valores y el estilo de vida, y los creadores e innovadores. Necesitamos una política industrial europea basada en la competencia, en mercados abiertos, en investigación y tecnologías de liderazgo mundial y en un mercado único sólido que elimine las barreras y reduzca la burocracia. Debemos resistirnos, además, a las tentaciones simplistas que conllevan proteccionismo o distorsiones del mercado, pero no podemos ser ingenuos ante la competencia desleal.

Conclusión

La presente estrategia sienta las bases para una política industrial que apoye la doble transición, aumente la competitividad de la industria de la Unión a nivel mundial y mejore la autonomía estratégica de Europa.

Dadas las importantes repercusiones sociales de los cambios que se avecinan, será esencial el diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil. Las Jornadas de la Industria anuales de la Comisión seguirán siendo un acontecimiento importante para reunir a todos los actores. La Comisión propondrá que las presidencias del Consejo y los Estados miembros interesados acojan dichas Jornadas en sus respectivos países.

La Comisión se esforzará por aumentar la apropiación política de la estrategia, proponiendo un punto permanente en el Consejo de Competitividad y en el Parlamento Europeo para evaluar los progresos realizados. Esto se llevará a cabo sobre la base de un seguimiento periódico de la ejecución de la estrategia y el análisis de una serie de indicadores de rendimiento clave.

Solo un compromiso compartido entre la Unión, sus Estados miembros y sus regiones, la industria, las pymes y todas las demás partes interesadas pertinentes en una asociación renovada permitirá a Europa aprovechar al máximo la transformación industrial. El Consejo Europeo de marzo de 2020 brinda una oportunidad para apoyar esta asociación renovada sobre la base de una visión y unos objetivos compartidos.

Esta estrategia reconoce la fuerza y el papel de la Unión Europea, principalmente como facilitadora y reguladora. Fijar el marco e impartir orientaciones políticas y estratégicas es fundamental para proporcionar la seguridad que necesitan los inversores, los innovadores y la industria por igual.

Nuestra nueva estrategia industrial es emprendedora, tanto en la teoría como en la práctica. La Comisión está lista para codiseñar y cocrear soluciones con la propia industria, así como con los interlocutores sociales y con todas las demás partes interesadas. Para ello, centrará su atención en los ecosistemas industriales, teniendo en cuenta a todos los actores de la cadena de valor. Este es nuestro nuevo enfoque, que refleja la necesidad de introducir nuevas formas de pensar y trabajar para liderar la doble transición. 

La presente estrategia muestra la dirección del viaje, así como la ruta que vamos a tomar para llegar a la meta. Expone la visión de lo que queremos lograr de aquí a 2030 y después de esa fecha, así como los factores fundamentales que nos van a llevar hasta allí. En una época de transición y cambios importantes para nuestra Unión, una simple realidad permanecerá inalterable: Europa siempre será cuna de la industria. Y, gracias a esta estrategia, la Comisión Europea está preparada para hacer todo lo necesario para garantizar que siga siendo así.

ECONOMÍA

Exposición de motivos. Los veinticinco millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) de Europa son la columna vertebral de la economía de la UE. Emplean a alrededor de cien millones de personas, representan más de la mitad del PIB de Europa y desempeñan un papel clave, al aportar valor añadido a todos los sectores de la economía. Las pymes ofrecen soluciones innovadoras a desafíos como el cambio climático, el uso eficiente de los recursos y la cohesión social, y contribuyen a difundir esa innovación por todas las regiones de Europa. Por tanto, son fundamentales para la doble transición de la UE hacia una economía sostenible y digital. Son esenciales para la competitividad y la prosperidad de Europa, su soberanía económica y tecnológica y su resiliencia frente a las perturbaciones externas. Así, son un elemento esencial para el logro de la estrategia industrial de la UE.

Las pymes están profundamente integradas en el tejido económico y social de Europa. Aportan dos de cada tres empleos, ofrecen oportunidades de formación en todas las regiones y todos los sectores, también para los trabajadores poco cualificados, y contribuyen al bienestar de la sociedad, sin olvidar las zonas remotas y rurales. Todo ciudadano europeo conoce a algún empresario o a alguien que trabaja para un empresario. Por tanto, los desafíos cotidianos de las pymes europeas para cumplir las normas y acceder a la información, los mercados y las finanzas son desafíos para toda Europa.

Las pymes son muy diversas en cuanto a modelos de negocio, tamaños, edades y perfiles de los empresarios, y se basan en gran variedad de talentos de mujeres y hombres. Abarcan desde las profesiones liberales y las microempresas del sector de servicios hasta empresas industriales de gama media, desde oficios tradicionales hasta empresas emergentes de alta tecnología. La presente estrategia reconoce sus diferentes necesidades y ayuda a las empresas no solo a crecer y expandirse, sino también a ser competitivas, resilientes y sostenibles. Por tanto, establece un enfoque ambicioso, global y transversal basado en medidas horizontales para ayudar a todo tipo de pymes, así como en acciones dirigidas a cubrir necesidades específicas.

Pilares. La estrategia plantea medidas basadas en los tres pilares siguientes:

  • desarrollo de capacidades y apoyo para la transición hacia la sostenibilidad y la digitalización;
  • reducción de la carga normativa y mejora del acceso al mercado; y 
  • mejora del acceso a la financiación.

Conclusión

La transición hacia la economía circular será sistémica, profunda y transformadora, tanto en la UE como más allá de nuestras fronteras. En ocasiones tendrá efectos disruptivos, por lo que debe tratarse de una transición justa. Exigirá el concierto y la cooperación del conjunto de partes interesadas en todas las esferas de actuación, desde la UE hasta los niveles nacional, regional, local e internacional.

Por ello, la Comisión invita a las instituciones y organismos de la UE a que respalden el presente Plan de acción y contribuyan activamente a su aplicación, y anima a los Estados miembros a que adopten o actualicen sus estrategias, planes y medidas nacionales en el ámbito de la economía circular en consonancia con el nivel de ambición del Plan. Por otra parte, la Comisión recomendará que la economía circular se incluya entre los temas de debate sobre el futuro de Europa y pase a ser un tema habitual de los diálogos con los ciudadanos.

El presente Plan de acción para una economía circular incluye un programa de futuro con el que crear una Europa más limpia y más competitiva construida de consuno con los agentes económicos, los consumidores, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es acelerar el cambio transformador que requiere el Pacto Verde Europeo, prevaliéndose al mismo tiempo de las medidas en favor de la economía circular aplicadas desde 2015. Este Plan asegurará que el marco regulador se racionalice y adapte a un futuro sostenible, que se maximicen las nuevas oportunidades derivadas de la transición y que se minimicen al mismo tiempo las cargas para los ciudadanos y las empresas. 

El Plan presenta un conjunto de iniciativas interrelacionadas cuyo fin es establecer un marco sólido y coherente para la política de productos que convierta en norma la sostenibilidad de productos, servicios y modelos de negocio, además de transformar las pautas de consumo para evitar que se produzcan residuos en primer lugar. Este marco para la política de productos se irá desplegando progresivamente, mientras que las cadenas de valor de los productos clave se abordarán con carácter prioritario. Se adoptarán nuevas medidas para reducir la producción de residuos y garantizar que la UE disponga de un eficiente mercado interior de materias primas secundarias de alta calidad. Se reforzará también la capacidad de la UE para asumir la responsabilidad de sus residuos.

ESTRATEGIA GLOBAL CON ÁFRICA

Se propone que la UE se asocie con África para llevar a cabo las diez actuaciones siguientes:

1. maximizar los beneficios de la transición ecológica y minimizar las amenazas para el medio ambiente en pleno cumplimiento del Acuerdo de París;

2. fomentar la transformación digital del continente;

3. aumentar sustancialmente las inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y financiero que sean resilientes a los efectos del cambio climático; promover oportunidades de inversión incrementando el uso de mecanismos de financiación innovadores; y fomentar la integración económica regional y continental, especialmente a través del acuerdo de libre comercio del continente africano;

4. atraer inversores ayudando a los Estados africanos a adoptar políticas y reformas reglamentarias que mejoren el entorno empresarial y el clima de inversión, incluidas unas condiciones de competencia equitativas para las empresas; 

5. mejorar rápidamente el aprendizaje, los conocimientos y las competencias y las capacidades de investigación e innovación, especialmente para las mujeres y la juventud, y proteger y mejorar los derechos sociales y erradicar el trabajo infantil;

6. adaptar e intensificar el apoyo de la UE para las acciones de paz de África a través de un tipo de cooperación más estructurado y estratégico, prestando especial atención a las regiones en las que las vulnerabilidades son más elevadas;

7. integrar la buena gobernanza, la democracia, los derechos humanos, el estado de Derecho y la igualdad de género en las acciones y la cooperación;

8. garantizar la resiliencia vinculando las intervenciones humanitarias, de desarrollo, de paz y de seguridad en todas las fases del ciclo de los conflictos y las crisis;

9. garantizar asociaciones equilibradas, coherentes y exhaustivas en materia de migración y movilidad;

10. reforzar el orden internacional basado en normas y el sistema multilateral, con las Naciones Unidas como centro.

Exposición de motivos. África es el vecino más próximo de Europa. Debido a su historia, su proximidad y sus intereses comunes, los vínculos que unen a África y a la Unión Europea (UE) son diversos y profundos. Con la celebración de la 6a Cumbre entre la Unión Africana (UA) y la UE y la conclusión de las negociaciones del nuevo acuerdo de asociación entre la UE y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, 2020 será un año decisivo para lograr nuestro objetivo de una asociación incluso más sólida. En África están surgiendo nuevas expectativas y nuevos retos derivados de los cambios económicos, políticos, sociales, tecnológicos, demográficos, climáticos y ambientales. Debemos buscar asociaciones con África, nuestro continente hermano, para afrontar juntos los retos del siglo XXI y promover nuestros intereses comunes en la perspectiva que se abre ante nosotros.

África, con toda su diversidad, alberga a más de 1 000 millones de personas. Posee la clase media más joven y de más rápido crecimiento del mundo. Los jóvenes de África cuentan con el potencial para transformar las perspectivas políticas, económicas y sociales del continente, pero para ello necesitan trabajos dignos, un lugar en la sociedad, acceso a los servicios sociales, la energía y la infraestructura, así como tener un papel activo a la hora de determinar el futuro de sus países. En especial, las mujeres africanas son motores clave para un crecimiento, un desarrollo y una paz sostenibles. Responder a sus expectativas determinará el futuro del continente (…).

No obstante, siguen existiendo una serie de retos. Treinta y seis de los países más frágiles del mundo son africanos, a menudo debilitados por conflictos. En el continente africano hay 390 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza. El crecimiento no siempre ha sido inclusivo, especialmente debido a los problemas de gobernanza existentes. África, al igual que el resto del mundo, también se ve afectada por las consecuencias del cambio climático, la degradación ambiental y la contaminación. La UE y África pueden colaborar para aprovechar las oportunidades existentes, hacer frente a estos retos y desarrollar medidas que garanticen la estabilidad, la paz, la seguridad, los derechos humanos, la democracia, la igualdad de género, unos medios de subsistencia sostenibles, un crecimiento económico sostenible basado en ecosistemas saludables, la cohesión social y la buena gobernanza.

ASOCIACIÓN ORIENTAL

Exposición de motivos. La Asociación Oriental es una iniciativa conjunta de la Unión Europea, sus Estados miembros y Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania. La Asociación Oriental, que se puso en marcha en 2009, es una asociación estratégica y ambiciosa basada en valores y normas comunes, intereses y compromisos mutuos, así como en la participación y la responsabilidad compartidas. Su objetivo es reforzar y profundizar las relaciones entre la UE, sus Estados miembros y los países socios y ayudarles a lograr la doble transformación digital y ecológica. Apoya la consecución de muchos objetivos políticos globales, entre ellos el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contribuye al objetivo general de aumentar la estabilidad, la prosperidad y la resiliencia de los vecinos de la UE, tal como se establece en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y en la revisión de la política europea de vecindad de 2015. Se ajusta plenamente a las orientaciones políticas 2019-2024 de la Comisión Europea. Por último, refleja todas las estrategias emblemáticas adoptadas por la Comisión.

A lo largo de los años, la Asociación Oriental ha desempeñado un papel decisivo para lograr un acercamiento entre la UE y los países socios. La Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Bruselas en noviembre de 2017 supuso un nuevo enfoque con la adopción del programa de reforma común titulado «Veinte resultados para 2020». Este ambicioso plan de trabajo se centró en obtener resultados tangibles sobre el terreno y mejorar la vida de las personas en cuatro ámbitos políticos principales: 1) una economía más fuerte; 2) una gobernanza reforzada; 3) una mayor conectividad; y 4) una sociedad más fuerte, junto con objetivos para las cuestiones transversales de género, sociedad civil, medios de comunicación y comunicación estratégica.

La Asociación Oriental seguirá aspirando a construir un espacio de democracia, prosperidad, estabilidad y una mayor cooperación basada en valores comunes. La UE tiene un interés estratégico en impulsar su liderazgo mundial en materia de derechos humanos y democracia en la acción exterior, también en relación con la Asociación Oriental. El respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de unas sociedades resilientes, inclusivas y democráticas. Por lo tanto, se seguirá haciendo hincapié en las cuestiones pendientes en relación con los objetivos actuales, en particular el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la discriminación, el papel de los medios de comunicación independientes y de la sociedad civil, y la promoción de la igualdad de género. El enfoque basado en incentivos de la UE («más por más» y «menos por menos») seguirá beneficiando a los países socios más comprometidos con las reformas. El futuro enfoque político para la Asociación Oriental debería basarse en las tareas, objetivos, principios y ámbitos de cooperación ya acordados.

El compromiso continuo con los países de la Asociación Oriental seguirá siendo una de las prioridades clave de la UE. La nueva dinámica de la política de la Asociación Oriental reforzará este compromiso haciendo hincapié en la importancia de esta cooperación mutuamente beneficiosa. Se traducirá en un mayor desarrollo de las relaciones políticas con todos los socios orientales, tanto en los formatos bilaterales como multilaterales. Además, debido a su situación geográfica entre la Unión Europea, Asia y los países vecinos de la Unión en general, la región de la Asociación Oriental aporta un mayor valor al compromiso de la política exterior de la UE, en particular debido a los diversos grados de vínculos económicos, sociales y estratégicos con sus vecinos. La presencia y los intereses de otras potencias regionales y mundiales, así como los vínculos culturales y geográficos con Asia Central, constituyen nuevas oportunidades para desarrollar vínculos mutuamente beneficiosos con nuestra vecindad en sentido amplio. Las actividades de la UE en la región se complementan con otras políticas e iniciativas, como la dimensión septentrional y la sinergia del Mar Negro.

Conclusiones

La reciente consulta estructurada puso claramente de relieve que el éxito continuado de la Asociación Oriental dependerá de la consolidación de la apropiación conjunta, el refuerzo de un ambicioso programa de reformas y la lucha contra los desafíos comunes. Los Estados miembros de la UE, los países socios y la sociedad civil tienen la responsabilidad compartida de garantizar una asociación sólida y pertinente que beneficie a toda la sociedad. El compromiso compartido con este nuevo enfoque beneficiará a los ciudadanos de todos los países socios y contribuirá a la creación de una Europa más fuerte en el mundo.

La presente Comunicación conjunta propone reforzar la resiliencia como un objetivo primordial y se propone contar con la colaboración de la UE, sus Estados miembros y los países socios con el fin de alcanzar los siguientes objetivos políticos a largo plazo para la Asociación Oriental más allá de 2020:

  • juntos en pos de unas economías resilientes, sostenibles e integradas;
  • juntos en pos de unas instituciones responsables, el Estado de Derecho y la seguridad;
  • juntos en pos de una resiliencia medioambiental y climática;
  • juntos en pos de una transformación digital resiliente;
  • juntos en pos de unas sociedades resilientes, justas e inclusivas.

Se invita al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar la presente Comunicación conjunta, que también se presentará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones y se debatirá con los países socios con vistas a la Cumbre de la Asociación Oriental de junio de 2020.

La Cumbre de la Asociación Oriental otorgará un mandato para desarrollar un nuevo conjunto de resultados tangibles sobre la base del programa actual con el objetivo de poner en práctica las recomendaciones expuestas en el presente documento. La configuración de los futuros resultados para después de 2020 será, por lo tanto, una tarea clave para el segundo semestre de 2020.

En mayo de 2019, la Comisión Europea puso en marcha una consulta sobre el futuro de la Asociación Oriental. El Consejo Europeo ratificó este enfoque en junio de 2019.

La consulta tuvo lugar hasta finales de octubre de 2019. Fue amplia e inclusiva, y se recibieron más de 200 contribuciones por escrito, en particular a través de la página web de la consulta estructurada de la Asociación Oriental. Casi todos los Estados miembros de la UE y todos los países socios presentaron dictámenes, al igual que el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones. Otros contribuyentes fueron el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales, así como una amplia variedad de partes interesadas, como las organizaciones de la sociedad civil (incluido el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental), grupos de reflexión, instituciones académicas y organizaciones empresariales. Se han tenido en cuenta las recomendaciones del Foro de la Juventud de la Asociación Oriental y de los jóvenes embajadores europeos.

NUESTRA SELECCIÓN (DOUE)

 

Marzo 2020

Banco Central Europeo

Exposición de motivos

Conforme al Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo (BCE/2016/13), los bancos centrales nacionales (BCN) pueden facilitar a las entidades declarantes datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (en lo sucesivo, «datos crediticios»), incluidos datos crediticios recopilados por otros BCN, mediante el establecimiento o la mejora de la información de retorno u otros servicios entre los registros centrales de crédito y las entidades declarantes.

El objetivo de la información de retorno es ayudar a las entidades declarantes a evaluar la calidad crediticia de los deudores y a mejorar la gestión de su riesgo crediticio. La información de retorno facilita a las entidades declarantes una visión más completa del endeudamiento de un deudor o posible deudor, ya que la información disponible la recopilan no solo el BCN correspondiente sino también otros BCN. Por lo tanto, facilitar datos crediticios a los BCN para establecer o mejorar la información de retorno a las entidades declarantes aumentará la contribución del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) a la estabilidad del sistema financiero en consonancia con su mandato estatutario del artículo 127, apartado 5, del Tratado. Aunque los BCN que participan de inicio en el régimen de información de retorno son pocos, su número puede aumentar próximamente, ya que la participación es voluntaria. En todo caso, la información de retorno disponible a esta escala inicial limitada no deja de ser esencial para evitar posibles perturbaciones del proceso de intermediación financiera, pues mejora los análisis de riesgo crediticio de las entidades de crédito, sobre todo por lo que respecta a los deudores transfronterizos, por lo que, en definitiva, contribuye a la estabilidad financiera.

Con el régimen jurídico en vigor, los BCN pueden voluntariamente intercambiar y utilizar subconjuntos de datos crediticios para dar a las entidades declarantes acceso a ellos mediante la información de retorno. El SEBC se ha comprometido a actualizar el régimen jurídico a fin de armonizar más la información de retorno que los BCN facilitan a las entidades declarantes.

Por lo tanto, es preciso establecer un marco adecuado para esta actividad, que está sujeta a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) por lo que respecta a los derechos y deberes de los BCN en materia de información de retorno. Este marco debe establecer las obligaciones del BCE y de los BCN que participen en él («BCN participantes»), incluido el período de prueba previo a la fecha de inicio de la participación de cada BCN, teniendo en cuenta las limitaciones relativas a la naturaleza confidencial de la información y el tiempo necesario para implantarlo.

Para los BCN participantes, el marco de información de retorno de AnaCredit debe también establecer el ámbito de los datos que se deban facilitar con fines de información de retorno, según dispone el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). Es necesario, en especial, que los datos crediticios y los datos de referencia de las contrapartes pertinentes se incluyan en el ámbito correspondiente, a fin de que las entidades declarantes puedan evaluar mejor la calidad crediticia de los deudores.

Son de aplicación a este marco las normas de protección y uso de la información estadística confidencial recogida por el SEBC, establecidas en los artículos 8 a 8 quater del Reglamento (CE) n.o 2533/98 del Consejo.

Los BCN que participen en el marco de información de retorno deben incluirse en un anexo junto con la fecha en la que inicien su participación y se conviertan así en BCN participantes. Es preciso establecer el procedimiento aplicable a los BCN que, no estando en la lista de BCN del anexo pertinente, deseen convertirse en BCN participantes, así como el procedimiento aplicable a los BCN participantes que deseen poner fin a su participación. También hay que establecer el procedimiento aplicable a los BCN participantes que deseen cambiar los parámetros de intercambio de datos en el cuadro del anexo pertinente. Todos estos cambios a esa lista (inclusive a la fecha en que los BCN se conviertan en BCN participantes) y ese cuadro en los anexos pertinentes deben hacerse mediante las modificaciones técnicas previstas en el artículo 20 de la Orientación (UE) 2017/2335 del Banco Central Europeo (BCE/2017/38).

Debe permitirse a los BCN incluidos en el anexo pertinente que prueben los procedimientos necesarios antes de implantar el marco, a cuyo fin, el BCE debe transmitir a dichos BCN el conjunto de datos de información de retorno del BCE antes de la fecha en que se conviertan en BCN participantes, a efectos de que prueben la información de retorno, no de que la utilicen.

Exposición de motivos

Por la Orientación BCE/2012/16 se creó una interfaz de intercambio de datos para servicios de caja (Data Exchange for Cash Services, DECS) destinada a maximizar la eficiencia y mejorar la armonización de las operaciones de caja entre los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (BCN) y sus clientes de la zona del euro. Puesto que los servicios de caja que actualmente ofrecen los BCN difieren notablemente, DECS garantiza la intercambiabilidad de la información relativa a las operaciones en efectivo transfronterizas y a las transferencias de gran cuantía de billetes en euros entre BCN que utilizan diversos sistemas de gestión de efectivo.

La mayoría de los BCN implantaron DECS entre 2012 y 2015.

Desde su creación, DECS no se ha utilizado para las operaciones de caja entre los BCN y sus clientes de la zona del euro, aunque dicha función exige de todos modos un mantenimiento periódico por parte de los BCN que debe sufragarse con dinero público. DECS debe, por tanto, dejar de estar disponible para comunicar datos sobre operaciones de caja entre los BCN y sus clientes de la zona del euro.

Los BCN continuarán intercambiando mensajes sobre las transferencias de gran cuantía, y deben tomar medidas internas con tal fin.

Exposición de motivos

Conforme al artículo 18.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo (BCE), junto con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (en lo sucesivo, los «BCN»), puede operar en los mercados financieros mediante, entre otras operaciones, la compra y venta directa de instrumentos negociables, con el fin de alcanzar los objetivos del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

La Decisión (UE) 2016/948 del Banco Central Europeo (BCE/2016/16) creó un programa de compras de bonos corporativos (en lo sucesivo, el «CSPP»). Junto al tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados, el programa de adquisiciones de bonos de titulización de activos, y el programa de compras de valores públicos en mercados secundarios, el CSPP constituye el programa ampliado de adquisiciones de activos (en lo sucesivo, el «PAA») del BCE. La finalidad del PAA es mejorar la transmisión de la política monetaria, facilitar el crédito a la economía de la zona del euro y las condiciones de los préstamos a hogares y empresas, y contribuir a la convergencia sostenida de las tasas de inflación en niveles inferiores pero cercanos al 2 % a medio plazo, de conformidad con el objetivo principal del BCE de mantener la estabilidad de precios.

En vista de las extraordinarias circunstancias económicas y financieras vinculadas a la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), el 18 de marzo de 2020 el Consejo de Gobierno decidió ampliar el conjunto de activos admisibles en el CSPP para incluir el papel comercial no financiero, de modo que todo papel comercial con suficiente calidad crediticia pudiera ser adquirido por medio del CSPP.

Para reaccionar con prontitud a la actual pandemia, la presente decisión debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Covid-19

Exposición de motivos

Conforme al artículo 18.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en adelante, «Estatutos del SEBC»), el Banco Central Europeo (BCE), junto con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (en adelante, «BCN») pueden operar en los mercados financieros mediante, entre otras operaciones, la compra y venta simple de instrumentos negociables, a fin de conseguir los objetivos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

El programa de compras de valores públicos en mercados secundarios (PSPP), junto al tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados, el programa de adquisiciones de bonos de titulización de activos y el programa de compras de bonos corporativos, constituye el programa ampliado de adquisiciones de activos («PAA») del BCE. La finalidad del PAA es mejorar la transmisión de la política monetaria, facilitar el crédito a la economía de la zona del euro y las condiciones de los préstamos a hogares y empresas, y contribuir a la convergencia sostenida de las tasas de inflación en niveles inferiores pero cercanos al 2 % a medio plazo, de conformidad con el objetivo principal del BCE de mantener la estabilidad de precios.

Habida cuenta de las circunstancias económicas y financieras excepcionales asociadas a la propagación de la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID-19), el 18 de marzo de 2020 el Consejo de Gobierno decidió poner en marcha un nuevo programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia (en lo sucesivo, «PEPP») que abarca todas las categorías de activos admisibles al amparo del PAA. Las compras con arreglo al PEPP serán independientes y adicionales a las realizadas de conformidad con el PAA, con una dotación global de 750 000 millones de euros hasta finales de 2020. El PEPP se establece como medida ante una crisis económica específica, extraordinaria y grave, que podría poner en peligro el objetivo de la estabilidad de precios y el correcto funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Debido a estas circunstancias excepcionales, de rápida evolución e inciertas, el PEPP exige un alto grado de flexibilidad en su concepción y aplicación en comparación con el PAA, y sus objetivos de política monetaria no son idénticos a los del PAA.

La Organización Mundial de la Salud ha caracterizado el COVID-19 como una pandemia, y es la causa de una emergencia colectiva de salud pública sin precedentes en la historia reciente. Ha provocado una conmoción económica extrema que requiere una reacción ambiciosa, coordinada y urgente de las políticas en todos los frentes para apoyar a los hogares y empresas en riesgo. Como consecuencia de la pandemia, la actividad económica de toda la zona del euro está disminuyendo y sufrirá inevitablemente una considerable contracción, en particular habida cuenta de que más países se enfrentan a la necesidad de intensificar las medidas de contención. Estas medidas generan fuertes presiones sobre los flujos de caja de empresas y trabajadores y ponen en riesgo la supervivencia de las empresas y los puestos de trabajo. También resulta evidente que esta situación dificulta la transmisión de los impulsos de la política monetaria y añade graves riesgos de revisión a la baja de las perspectivas de inflación pertinentes. En este contexto, el PEPP es una medida proporcionada para contrarrestar los graves riesgos para la estabilidad de los precios, el mecanismo de transmisión de la política monetaria y las perspectivas económicas de la zona del euro, que se derivan del brote y del aumento de la expansión del COVID-19. El Consejo de Gobierno pondrá fin a las adquisiciones netas de activos del PEPP cuando considere que se ha superado la fase de crisis del COVID-19, pero en cualquier caso no antes de finales de 2020.

En el caso de las compras de instrumentos de renta fija negociables admisibles emitidos por las administraciones centrales, regionales o locales y agencias reconocidas con arreglo al PEPP, la distribución de referencia entre las jurisdicciones de la zona del euro seguirá orientándose en función de la clave para la suscripción del capital del BCE establecida en el artículo 29 de los Estatutos del SEBC. No obstante, es esencial un enfoque flexible de la composición de las compras en el marco del PEPP, a fin de evitar que las perturbaciones actuales de la curva de la deuda soberana agregada de la zona del euro se traduzcan en nuevas distorsiones de la curva de tipos de interés sin riesgo de la zona del euro, garantizando al mismo tiempo que la orientación general del programa abarque todas las jurisdicciones de la zona del euro. Para reforzar la flexibilidad del PEPP, también se adquirirán en el marco del PEPP instrumentos de renta fija negociables del sector público con plazos de vencimiento inferiores a los adquiridos con arreglo al PSPP.

El 18 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno también decidió que, en la medida en que algunos límites autoimpuestos pudieran dificultar las actuaciones que el Eurosistema debe adoptar para cumplir su mandato, el Consejo de Gobierno considerará su revisión en la medida necesaria para que su acción sea proporcional a los riesgos afrontados. Para garantizar la eficacia de la presente decisión, las tenencias consolidadas con arreglo al artículo 5 de la Decisión (UE) 2020/188 del Banco Central Europeo (ECB/2020/9) no se aplicarán a las tenencias del PEPP. El Eurosistema no tolerará riesgos para la buena transmisión de su política monetaria en todas las jurisdicciones de la zona del euro.

Por lo que se refiere a la admisibilidad de instrumentos de renta fija negociables emitidos por la administración central de la República Helénica a efectos del PEPP, el Consejo de Gobierno tuvo en consideración: a) la necesidad de aliviar las presiones derivadas del estallido del COVID-19, que ha afectado gravemente a los mercados financieros griegos; b) los compromisos asumidos por la República Helénica en el marco de la supervisión reforzada y del control de su aplicación por las instituciones de la Unión; c) el hecho de que las medidas de deuda a medio plazo de la República Helénica a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad dependan de la continuidad de la ejecución de estos compromisos; d) el acceso directo a la información por parte del BCE sobre la situación económica y financiera de la República Helénica por la participación del BCE en el marco de vigilancia reforzada, y e) el hecho de que la República Helénica hubiera recuperado el acceso al mercado. Basándose en esta evaluación, el Consejo de Gobierno decidió que los instrumentos de renta fija negociables emitidos por la administración central de la República Helénica podrán ser objeto de compras en el marco del PEPP.

El PEPP es plenamente compatible con las obligaciones de los bancos centrales del Eurosistema conforme a los Tratados, incluida la prohibición de financiación monetaria, y no impide las operaciones del Eurosistema de conformidad con el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia.

A fin de garantizar la eficacia del PEPP, el Eurosistema aclara que acepta el mismo tratamiento (pari passu) que los inversores privados en lo relativo a los instrumentos de renta fija negociables del sector público que el Eurosistema pueda comprar con arreglo al PEPP de conformidad con las condiciones de dichos instrumentos.

Las operaciones de PEPP deben ejecutarse de forma descentralizada de acuerdo con las decisiones pertinentes del BCE, garantizando así la unidad de la política monetaria del Eurosistema. Las compras con arreglo al PEPP se realizarán conforme a los marcos existentes establecidos para el PAA, con excepción de lo establecido específicamente en la presente decisión.

El 18 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno decidió ampliar la gama de activos admisibles con arreglo al programa de compras de bonos corporativos a pagarés de empresa no financieros, de manera que todos los pagarés de empresa contarán con la calidad crediticia suficiente admisible también para las compras efectuadas a tenor del PEPP.

Para reaccionar con prontitud a la actual situación de pandemia, la presente decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Fiscalidad

Exposición de motivos

El Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, establece, entre otras cosas, normas sobre el almacenamiento e intercambio de información específica a través de medios electrónicos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El crecimiento del comercio electrónico facilita la venta transfronteriza de bienes y servicios a los consumidores finales en los Estados miembros. En ese contexto, comercio electrónico transfronterizo se refiere a un suministro en el cual el IVA se adeuda en un Estado miembro y el proveedor está establecido en otro Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país. No obstante, las empresas fraudulentas, establecidas en un Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país, aprovechan las oportunidades de comercio electrónico a fin de obtener ventajas comerciales desleales eludiendo sus obligaciones en materia de IVA. Cuando es de aplicación el principio de imposición en destino, debido a que los consumidores no están sujetos a obligaciones contables, los Estados miembros de consumo necesitan disponer de instrumentos adecuados para detectar y controlar a esas empresas fraudulentas. Es importante luchar contra el fraude transfronterizo del IVA provocado por la conducta fraudulenta de algunas empresas en el ámbito del comercio electrónico transfronterizo.

Hasta ahora, la cooperación entre las autoridades tributarias de los Estados miembros (en lo sucesivo, «autoridades tributarias») en la lucha contra el fraude en materia de IVA se basaba por lo general en los registros mantenidos por las empresas directamente implicadas en la operación sujeta al impuesto. En los suministros transfronterizos de empresas a consumidores, usuales en el ámbito del comercio electrónico, es posible que tal información no esté directamente disponible. Ello hace que se precisen nuevas herramientas para que las autoridades tributarias puedan combatir el fraude del IVA de manera eficaz.

En la gran mayoría de las compras en línea transfronterizas realizadas por los consumidores en la Unión, los pagos se ejecutan a través de proveedores de servicios de pago. A fin de ofrecer servicios de pago, el proveedor de servicios de pago dispone de información específica para identificar al destinatario o beneficiario de dicho pago transfronterizo, así como de datos relativos a la fecha, al importe y al Estado miembro de origen del pago. Esta información es necesaria para que las autoridades tributarias desempeñen sus tareas básicas de detección de las empresas fraudulentas y de determinación de las obligaciones en materia de IVA en relación con los suministros transfronterizos de empresas a consumidores. Así pues, es necesario y proporcionado que la información pertinente a efectos del IVA, que obra en poder de los proveedores de servicios de pago, se ponga a disposición de los Estados miembros y que los Estados miembros puedan almacenarla en sus sistemas electrónicos nacionales y la transmitan a un sistema electrónico central de información sobre pagos para detectar y combatir el fraude transfronterizo del IVA, en particular en lo que respecta a la facturación a los consumidores.

El dotar a los Estados miembros de las herramientas para recoger, almacenar y transmitir la información proporcionada por los proveedores de servicios de pago y facilitar el acceso a la misma a los funcionarios de enlace de Eurofisc cuando tiene relación con una investigación acerca de un presunto fraude del IVA o para detectar un fraude del IVA es una medida necesaria y proporcionada para luchar eficazmente contra el fraude del IVA. Esas herramientas son esenciales, dado que las autoridades tributarias necesitan esa información para fines de control del IVA, con objeto de proteger los ingresos públicos, así como a las empresas legítimas de los Estados miembros, lo que a su vez protege el empleo y a los ciudadanos de la Unión.

Es importante que el tratamiento por los Estados miembros, de la información relativa a los pagos, sea proporcionado al objetivo de luchar contra el fraude del IVA. Por tanto, los Estados miembros no deben recoger, almacenar o transmitir información sobre los consumidores o los ordenantes, ni sobre los pagos con pocas posibilidades de estar relacionados con actividades económicas.

Para lograr el objetivo de luchar de forma más efectiva contra el fraude del IVA, debe establecerse un sistema electrónico central de información sobre pagos (CESOP, por sus siglas en inglés), al cual los Estados miembros transmitan la información sobre pagos que recogen y pueden almacenar a nivel nacional. El CESOP debe almacenar, agregar y analizar, para cada beneficiario, toda la información pertinente a efectos del IVA en relación con los pagos transmitida por los Estados miembros. El CESOP debe permitir una visión completa de los pagos recibidos por los beneficiarios procedentes de ordenantes ubicados en los Estados miembros y poner a disposición de los funcionarios de enlace de Eurofisc el resultado de los análisis específicos de información. El CESOP debe reconocer el registro múltiple de los mismos pagos, por ejemplo, que un mismo pago pueda notificarse tanto desde el banco como desde el emisor de la tarjeta de un ordenante determinado, limpiar la información recibida de los Estados miembros, por ejemplo, eliminación de duplicados y corrección de errores en los datos, y permitir que los funcionarios de enlace de Eurofisc contrasten la información sobre pagos con la información sobre el IVA de que disponen, realicen indagaciones a efectos de investigaciones acerca de un presunto fraude del IVA o para detectar un fraude del IVA y añadan información complementaria.

La fiscalidad es un objetivo importante de interés público general de la Unión y de los Estados miembros, y esto se ha reconocido en relación con las restricciones que pueden imponerse a las obligaciones y derechos en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo. Las limitaciones en relación con los derechos de protección de datos son necesarias debido a la naturaleza y el volumen de la información procedente de los proveedores de servicios de pago y deberán basarse en las condiciones específicas que figuran en la Directiva (UE) 2020/284 del Consejo. Dado que la información sobre pagos es especialmente sensible, se necesita claridad en todas las etapas del tratamiento de datos sobre quién es el responsable o el encargado del tratamiento de conformidad con los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725.

Por tanto, es necesario aplicar restricciones a los derechos de los interesados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 904/2010. De hecho, la plena aplicación de los derechos y las obligaciones de los interesados podría socavar gravemente el objetivo de luchar de forma efectiva contra el fraude del IVA y podría permitir a los interesados obstaculizar las investigaciones y análisis en curso debido al enorme volumen de información enviada por los proveedores de servicios de pago y a la posible proliferación de solicitudes presentadas por los interesados a los Estados miembros, a la Comisión o a ambos. Esto disminuiría la capacidad de las autoridades tributarias para perseguir el objetivo del presente Reglamento al poner en peligro las indagaciones, los análisis, las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo de conformidad con el mismo. Por tanto, las restricciones a los derechos de los interesados deben aplicarse cuando se realice el tratamiento de la información de conformidad con el presente Reglamento. El objetivo de lucha contra el fraude del IVA no puede lograrse por otros medios menos restrictivos de igual eficacia.

Únicamente los funcionarios de enlace de Eurofisc deben tener acceso a la información sobre los pagos almacenada en el CESOP, y solo con el objetivo de luchar contra el fraude del IVA. Dicha información podría servir, además de para la evaluación del IVA, también para la evaluación de otros cánones, derechos e impuestos, tal como establece el Reglamento (UE) n.o 904/2010. Dicha información no debe utilizarse con fines distintos, como fines comerciales.

Al tratar la información sobre pagos de conformidad con el presente Reglamento, cada Estado miembro debe respetar los límites de lo proporcionado y necesario a efectos de investigación sobre un presunto fraude del IVA o para detectar un fraude del IVA.

A fin de proteger los derechos y obligaciones en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, es importante que la información relativa a los pagos no se utilice para tomar decisiones individuales automatizadas y que, por lo tanto, siempre sea verificada mediante referencia a otros datos fiscales a disposición de las autoridades tributarias.

Con el fin de ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude del IVA y detectar a los defraudadores, resulta necesario y proporcionado que los proveedores de servicios de pago conserven registros de la información relativa a los pagos en relación con los servicios de pago que proporcionen por un período de tres años naturales. Ese período da a los Estados miembros tiempo suficiente para realizar controles de manera eficaz e investigar presuntos fraudes del IVA o detectar fraudes del IVA, y también es proporcionado teniendo en cuenta el enorme volumen de información sobre pagos y su carácter sensible en términos de protección de los datos personales.

Los funcionarios de enlace de Eurofisc de cada Estado miembro deben poder tener acceso a la información sobre pagos almacenada en el CESOP únicamente con el objetivo de la lucha contra el fraude del IVA, y el personal de la Comisión debidamente acreditado ha de tener acceso a dicha información solo a efectos de desarrollar y mantener el CESOP. Todas las personas que accedan a dicha información deben estar sujetas a las normas de confidencialidad establecidas en el Reglamento (UE) n.o 904/2010.

Dado que la implantación del CESOP exigirá nuevos avances tecnológicos, es preciso aplazar la aplicación del presente Reglamento a fin de permitir que los Estados miembros y la Comisión desarrollen esas tecnologías.

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respecto a las medidas técnicas para establecer y mantener el CESOP, las tareas de la Comisión en la gestión técnica del CESOP, los detalles técnicos para garantizar la conexión y la operatividad global entre los sistemas electrónicos nacionales y el CESOP, los formularios electrónicos normalizados para recoger información de los proveedores de servicios de pago, la información y los detalles técnicos relativos al acceso a la información por los funcionarios de enlace de Eurofisc, las modalidades prácticas para identificar al funcionario de enlace de Eurofisc que tendrá acceso al CESOP, los procedimientos que permitan la adopción de las adecuadas medidas de seguridad técnica y organizativa para el desarrollo y funcionamiento del CESOP, los cometidos y las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en relación con las funciones del responsable y del encargado del tratamiento de datos con arreglo a los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 y respecto a los procedimientos en relación con Eurofisc. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El fraude del IVA en el comercio electrónico es un problema común a todos los Estados miembros. Los Estados miembros, por sí solos, no tienen la información necesaria para asegurar que se apliquen correctamente las normas del IVA relativas al comercio electrónico transfronterizo o para luchar contra el fraude del IVA en el comercio electrónico transfronterizo. Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la lucha contra el fraude del IVA, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros cuando se trata del comercio electrónico transfronterizo, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho de protección de los datos de carácter personal. En este sentido, el presente Reglamento limita estrictamente la cantidad de datos personales que se pondrá a disposición de los Estados miembros. El tratamiento de la información sobre pagos con arreglo al presente Reglamento únicamente debe realizarse para luchar contra el fraude del IVA.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 14 de marzo de 2019.

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 904/2010 en consecuencia.

Exposición de motivos

La Directiva 2006/112/CE del Consejo establece las obligaciones contables de los sujetos pasivos en relación con el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El crecimiento del comercio electrónico facilita la venta transfronteriza de bienes y servicios a los consumidores finales en los Estados miembros. En ese contexto, el comercio electrónico transfronterizo se refiere a un suministro en el cual, aunque el IVA se adeuda en un Estado miembro, el proveedor está establecido en otro Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país. No obstante, las empresas fraudulentas aprovechan las oportunidades que brinda el comercio electrónico para obtener ventajas comerciales desleales mediante la elusión de sus obligaciones en materia de IVA. Cuando es de aplicación el principio de imposición en destino, debido a que los consumidores no están sujetos a obligaciones contables, los Estados miembros de consumo necesitan disponer de instrumentos adecuados para detectar y controlar a esas empresas fraudulentas. Es importante luchar contra el fraude transfronterizo del IVA provocado por la conducta fraudulenta de algunas empresas en el ámbito del comercio electrónico transfronterizo.

Para la gran mayoría de las compras en línea realizadas por los consumidores en la Unión, los pagos se ejecutan a través de proveedores de servicios de pago. A fin de ofrecer servicios de pago, el proveedor de servicios de pago dispone de información específica para identificar al destinatario o beneficiario de dicho pago, también de datos relativos a la fecha, al importe y al Estado miembro de origen del pago, así como información sobre si el pago se inició en los locales físicos del comerciante. Dicha información específica es importante, en particular, en el contexto de un pago transfronterizo cuando el ordenante está ubicado en un Estado miembro y el beneficiario en otro Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país. Se requiere dicha información para que las autoridades tributarias de los Estados miembros (en lo sucesivo, «autoridades tributarias») desempeñen sus tareas básicas de detección de las empresas fraudulentas y de control de las obligaciones en materia de IVA. Así pues, es necesario que los proveedores de servicios de pago pongan dicha información a disposición de las autoridades tributarias para ayudarles a detectar y combatir el fraude del IVA.

Para combatir el fraude del IVA, es importante obligar a los proveedores de servicios de pago a mantener registros suficientemente detallados de determinados pagos transfronterizos considerados como tales por la ubicación del ordenante y la ubicación del beneficiario, y a notificarlos. Por lo tanto, es necesario definir los conceptos de ubicación del ordenante y de ubicación del beneficiario, así como los medios para la identificación de dichas ubicaciones. La ubicación del ordenante y del beneficiario debe hacer surgir la obligación de mantenimiento de registros y de notificación únicamente para los proveedores de servicios de pago que estén establecidos en la Unión y cuyas obligaciones deben entenderse sin perjuicio de las normas establecidas en la Directiva 2006/112/CE y en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo en lo que respecta al lugar de realización de la operación sujeta al impuesto.

A partir de la información de que ya disponen, los proveedores de servicios de pago pueden identificar la ubicación del beneficiario y del ordenante en relación con los servicios de pago que prestan, mediante el identificador de la cuenta de pago del ordenante o del beneficiario o cualquier otro identificador que identifique inequívocamente y proporcione la ubicación del ordenante o del beneficiario. Cuando tales identificadores no estén disponibles, la ubicación del ordenante o del beneficiario debe determinarse mediante un código de identificación de empresa del proveedor de servicios de pago que actúe en nombre del ordenante o del beneficiario, en los casos en que los fondos se transfieran a un beneficiario sin que se haya creado una cuenta de pago en nombre de un ordenante, cuando los fondos no se abonen en ninguna cuenta de pago del beneficiario o cuando no exista otro identificador del ordenante o del beneficiario.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, es importante que la obligación de un proveedor de servicios de pago de conservar y facilitar información en relación con un pago transfronterizo sea proporcionada y se limite a lo necesario para que los Estados miembros puedan combatir el fraude del IVA. Además, la única información relativa al ordenante que debe conservarse es su ubicación. Por lo que respecta a la información relativa al beneficiario y al pago mismo, los proveedores de servicios de pago solo deben estar obligados a conservar y transmitir a las autoridades tributarias la información necesaria para permitirles detectar a los posibles defraudadores y llevar a cabo los controles fiscales. Por lo tanto, los proveedores de servicios de pago solo deben estar obligados a conservar registros de aquellos pagos transfronterizos que puedan indicar la existencia de actividades económicas. La fijación de un límite máximo basado en el número de pagos recibidos por un beneficiario en el transcurso de un trimestre civil aportaría una indicación de que dichos pagos se han recibido en el contexto de una actividad económica, lo que permitiría excluir los pagos por motivos no comerciales. Al alcanzarse ese límite, surgiría la obligación de mantenimiento de registros y de notificación para el proveedor de servicios de pago.

En un único pago de un ordenante a un beneficiario pueden participar varios proveedores de servicios de pago. Ese único pago puede dar lugar a varias transferencias de fondos entre los distintos proveedores de servicios de pago. Es necesario que todos los proveedores de servicios de pago que participen en un determinado pago, a menos que sea aplicable una exclusión específica, tengan la obligación de mantenimiento de registros y de notificación. Dichos registros y notificaciones deben contener información sobre el pago realizado del ordenante inicial al beneficiario final, y no sobre las transferencias intermedias de fondos entre proveedores de servicios de pago.

Las obligaciones de mantenimiento de registros y de notificación deben aplicarse no solo cuando un proveedor de servicios de pago transfiere fondos o emite instrumentos de pago para el ordenante, sino también en los casos en que un proveedor de servicios de pago recibe fondos o adquiere operaciones de pago por cuenta del beneficiario.

Las obligaciones estipuladas en la presente Directiva no deben aplicarse a los proveedores de servicios de pago que queden fuera del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo. Por lo tanto, cuando los proveedores de servicios de pago del beneficiario no están ubicados en un Estado miembro, los proveedores de servicios de pago del ordenante deben mantener registros del pago transfronterizo y notificar la información al respecto. En sentido inverso, para que las obligaciones de mantenimiento de registros y de notificación sean proporcionadas, cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario están ubicados en un Estado miembro, únicamente el proveedor de servicios de pago del beneficiario debe mantener registros. A efectos de las obligaciones de mantenimiento de registros y de notificación, debe considerarse que un proveedor de servicios de pago está ubicado en un Estado miembro cuando su código de identificación bancaria (BIC, por sus siglas en inglés) o su identificador único de empresa se refiera a ese Estado miembro.

Como consecuencia del importante volumen de información y del carácter sensible de esta última en cuanto a la protección de los datos personales, resulta necesario y proporcionado que los proveedores de servicios de pago conserven registros relativos a los pagos transfronterizos por un período de tres años naturales con el fin de ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude del IVA y detectar a los defraudadores. El citado período ofrece a los Estados miembros tiempo suficiente para realizar controles de manera eficaz e investigar presuntos fraudes del IVA o detectar fraudes del IVA.

La información que deben conservar los proveedores de servicios de pago debe ser recogida e intercambiada por los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, que establece disposiciones para la cooperación administrativa y el intercambio de información a fin de luchar contra el fraude del IVA.

El fraude del IVA es un problema común a todos los Estados miembros, pero cada Estado miembro no tiene la información necesaria para asegurar que se apliquen correctamente las normas del IVA relativas al comercio electrónico transfronterizo o para luchar contra el fraude del IVA en el comercio electrónico transfronterizo. Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la lucha contra el fraude del IVA, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de forma individual si existe un elemento transfronterizo y debido a la necesidad de obtener información de otros Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho de protección de los datos de carácter personal. La información sobre pagos que se conservará y divulgará con arreglo a la presente Directiva debe ser tratada únicamente por los expertos antifraude de las autoridades tributarias dentro de los límites de lo proporcionado y necesario para lograr el objetivo de la presente Directiva, a saber, la lucha contra el fraude del IVA. La presente Directiva respeta asimismo las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 y en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 14 de marzo de 2019.

Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.

Exposición de motivos

La Directiva 2006/112/CE del Consejo autoriza a los Estados miembros a continuar aplicando sus regímenes especiales a las pequeñas empresas, de conformidad con las disposiciones comunes y en aras de una armonización más avanzada. No obstante, dichas disposiciones están obsoletas y no reducen la carga que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la normativa, ya que fueron concebidas para un sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) basado en la imposición en el Estado miembro de origen.

En su Plan de Acción sobre el IVA, la Comisión anunció un amplio conjunto de medidas de simplificación en favor de las pequeñas empresas a fin de reducir la carga administrativa que soportan y contribuir al establecimiento de un entorno fiscal que facilite su crecimiento y el desarrollo del comercio transfronterizo. El conjunto de medidas de simplificación implica una revisión del régimen especial de las pequeñas empresas, tal como se indicó en la comunicación relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA. La revisión del régimen especial de las pequeñas empresas constituye, por lo tanto, un elemento importante del conjunto de reformas previsto en el plan de acción sobre el IVA.

A fin de hacer frente al problema de la desproporcionada carga que supone el cumplimiento de la normativa para las pequeñas empresas que se benefician de la franquicia, se deben también poner en marcha algunas medidas de simplificación en su favor.

En la actualidad, el régimen especial de las pequeñas empresas solo permite conceder una franquicia a las empresas establecidas en el Estado miembro en que se devenga el IVA. Esto tiene una incidencia negativa en la competencia en el mercado interior para las empresas no establecidas en dicho Estado miembro. Para resolver esta cuestión y evitar distorsiones adicionales, las pequeñas empresas establecidas en Estados miembros distintos de aquel en que se devenga el IVA también deben poder beneficiarse de la franquicia.

Cuando un sujeto pasivo esté sujeto al régimen normal del IVA en su Estado de establecimiento pero se acoja a la franquicia del IVA para las pequeñas empresas en otro Estado miembro, la deducción del IVA soportado debe reflejar una conexión con las entregas y prestaciones imponibles del sujeto pasivo. Por consiguiente, cuando dichos sujetos pasivos adquieran insumos en su Estado miembro de establecimiento que estén conectados con entregas y prestaciones exentas en otros Estados miembros no debe ser posible la deducción del IVA soportado.

Las pequeñas empresas solo pueden beneficiarse de la franquicia cuando su volumen de negocios anual se sitúa por debajo del umbral aplicado por el Estado miembro en que se devenga el IVA. Al fijar su umbral, los Estados miembros deben atenerse a las normas sobre umbrales establecidas por la Directiva 2006/112/CE. Dichas normas, la mayoría de las cuales se establecieron en 1977, han dejado de ser adecuadas.

A efectos de simplificación, se ha autorizado a una serie de Estados miembros a aplicar, con carácter temporal, un umbral más elevado que el permitido en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE. Dado que no resulta adecuado seguir modificando normas generales mediante medidas concedidas a título de excepción, es preciso actualizar las normas relativas a los umbrales.

Procede que los Estados miembros puedan fijar los umbrales nacionales para la franquicia en el nivel que mejor se adecúe a sus condiciones económicas y políticas, siempre que respeten el límite superior del umbral que establece la presente Directiva. A este respecto, es necesario aclarar que la fijación por los Estados miembros de umbrales diferenciados para los distintos sectores de actividad debe obedecer a criterios objetivos. Cuando un sujeto pasivo tenga derecho a beneficiarse de más de un umbral sectorial, los Estados miembros deben garantizar que el sujeto pasivo únicamente pueda utilizar uno de esos umbrales. Deben garantizar también que sus umbrales no hagan distinción entre sujetos pasivos establecidos y no establecidos.

El umbral de volumen de negocios anual, en el que se basa la franquicia puesta en marcha por el régimen especial establecido en la presente Directiva, está constituido exclusivamente por el valor combinado de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por una pequeña empresa en el Estado miembro en el que se otorga la franquicia. Podría producirse un falseamiento de la competencia en el caso de que una empresa no establecida en ese Estado miembro pudiera beneficiarse de dicha franquicia, independientemente del volumen de negocios que generase en otros Estados miembros. A fin de atenuar este tipo de falseamiento de la competencia y de proteger los ingresos fiscales de la Unión, solo deben poder disfrutar de la franquicia en un Estado miembro en el que no estén establecidas aquellas empresas cuyo volumen de negocios anual en la Unión sea inferior a un determinado umbral. Las empresas cuyo volumen de negocios en el Estado miembro en el que estén establecidas se encuentre por debajo del umbral nacional deben poder seguir haciendo entregas y prestaciones exentas en dicho Estado miembro con independencia del volumen de negocios que generen en otros Estados miembros, aun cuando su volumen de negocios total supere el umbral de la Unión.

A fin de permitir el control efectivo de la aplicación de la franquicia y garantizar que los Estados miembros puedan acceder a la información necesaria, los sujetos pasivos que deseen acogerse a la franquicia en un Estado miembro en el que no estén establecidos deben estar obligados a notificarlo previamente al Estado miembro en el que estén establecidos. Por motivos de simplificación y reducción de los costes de conformidad, dichos sujetos pasivos deben estar identificados por un número individual únicamente en el Estado miembro de establecimiento. Es posible, pero no necesario, que dicho número sea el número individual de identificación a efectos del IVA.

A fin de asegurar el funcionamiento y la vigilancia adecuados de la franquicia así como la transmisión oportuna de la información, deben establecerse claramente las obligaciones de información que recaen en los sujetos pasivos que se acogen a la franquicia en un Estado miembro en el que no estén establecidos. De este modo, los sujetos pasivos que cumplen la normativa quedarían liberados de tales obligaciones y de la obligación de registro en Estados miembros que no sean el Estado miembro de establecimiento. No obstante, los Estados miembros deben poder exigir que los sujetos pasivos no establecidos que no cumplan las obligaciones de información establecidas específicamente para ellos tengan que cumplir las obligaciones generales de registro y de información en materia de IVA establecidas en las legislaciones nacionales sobre el IVA.

A fin de evitar incoherencias en el cálculo del volumen de negocios anual en el Estado miembro que sirva de referencia para la aplicación de la franquicia y del volumen anual de negocios en la Unión, deben especificarse los elementos del volumen de negocios que se han de tener en cuenta.

A fin de evitar la elusión de las normas aplicables a la franquicia para las pequeñas empresas y de preservar la finalidad de dicha franquicia, un sujeto pasivo, establecido o no en el Estado miembro que conceda la franquicia, no debe poder acogerse a la franquicia si el año natural anterior ha superado el umbral nacional establecido en dicho Estado miembro. Por los mismos motivos, un sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro que conceda la franquicia no debe poder acogerse a la franquicia si el año natural anterior ha superado el umbral de volumen de negocios anual en la Unión.

Para asegurar la transición gradual de las pequeñas empresas entre la franquicia y la tributación, se debe autorizar a los sujetos pasivos a seguir beneficiándose de la franquicia para las pequeñas empresas durante un período de tiempo limitado si su volumen de negocios no supera el umbral que da derecho a la franquicia nacional en más de un porcentaje establecido de dicho umbral. Dado que el nivel de los umbrales aplicados puede ser diferente de un Estado miembro a otro, los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir uno de los dos porcentajes propuestos siempre que la aplicación del porcentaje no dé lugar a que el volumen de negocios del sujeto pasivo exento supere un importe fijo determinado. Cuando, durante un año natural, se supere el umbral del volumen de negocios anual en la Unión, es necesario, habida cuenta de que la función del umbral es la protección de los ingresos, que la franquicia deje de aplicarse a partir de ese momento.

Cuando se aplique una franquicia, las pequeñas empresas que se acojan a ella en el Estado miembro de establecimiento deben, como mínimo, tener acceso a un procedimiento de registro a efectos del IVA en un plazo determinado. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de ampliar dicho plazo en casos específicos en los que se requieran controles exhaustivos para evitar la evasión o la elusión fiscales.

Las pequeñas empresas que se acojan a la franquicia en el Estado miembro de establecimiento deben, como mínimo, poder acogerse a obligaciones de información simplificadas.

Además de la concesión de una franquicia del IVA, los regímenes especiales permiten asimismo aplicar bonificaciones degresivas del impuesto. La bonificación degresiva del impuesto es fuente de complejidad y apenas contribuye a reducir la carga que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la normativa. Por tanto, esta medida debe eliminarse.

Los Estados miembros deben poder conceder a los sujetos pasivos el derecho a elegir entre el régimen general del IVA y el régimen especial de las pequeñas empresas. En caso de que el sujeto pasivo se acoja a dicho derecho, procede que sean los Estados miembros quienes establezcan las normas y condiciones detalladas para su ejercicio.

La presente Directiva no debe suponer nuevas obligaciones de registro o información para las pequeñas empresas que se acojan a la franquicia únicamente en el Estado miembro de establecimiento.

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, reducir la carga que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la normativa, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión de 28 de septiembre de 2011 sobre los documentos explicativos, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

Con el fin de garantizar que las medidas de simplificación establecidas en la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas puedan ser objeto de una vigilancia adecuada, es necesario modificar el Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo de manera que las correspondientes autoridades competentes de los Estados miembros tengan acceso automatizado a los datos recopilados de los sujetos pasivos que se beneficien de la franquicia del IVA para las pequeñas empresas.

A fin de proporcionar a las pequeñas empresas un fácil acceso a las disposiciones relativas al régimen especial aplicable a las pequeñas empresas en cada Estado miembro, dichas disposiciones deben publicarse en el sitio web de la Comisión.

Movilidad

Resumen

La movilidad urbana sostenible es uno de los principales retos que afrontan las ciudades de la UE y un motivo de preocupación para muchos de sus ciudadanos. El transporte por carretera es una de las principales causas de la contaminación atmosférica y de las emisiones de gases con efecto invernadero en zonas urbanas, y los costes de la congestión para la sociedad ascienden a aproximadamente 270 000 millones de euros al año.

En 2013, la Comisión emitió un paquete de movilidad urbana y proporcionó más financiación para un transporte urbano limpio de alrededor de 13 000 millones para el período 2014-2020 con el fin de hacerlo más sostenible.

Basándonos en el trabajo de auditoría en la Comisión y en ocho ciudades de Alemania, Italia, Polonia y España, no hallamos indicios de que las ciudades de la UE estén cambiando fundamentalmente sus enfoques ni observamos ninguna tendencia clara hacia unos modos de transporte más sostenibles.

Recomendamos que la Comisión recopile y publique más datos de los Estados miembros sobre movilidad urbana y que vincule el acceso a la financiación a la existencia de planes de movilidad urbana sólidos.

JURISPRUDENCIA TJUE

Derecho institucional

El Tribunal de Justicia declara la inadmisibilidad de dos peticiones de decisión prejudicial relativas a las medidas polacas de 2017 que establecen un régimen de procedimiento disciplinario contra los jueces. Sin embargo, el hecho de que un juez nacional haya planteado unacuestión prejudicial que resulte inadmisible no puede conllevar que se incoen procedimientos disciplinarioscontra él (TJUE, Miasto Łowicz, 26 de marzo de 2020, asuntos acumulados C-558/18 y C-563/18 ).

Derecho institucional

El Vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea desestima la demanda de medidas provisionales formulada por el Sr. Junqueras i Vies (…). La anulación del mandato de un diputado, derivada de la aplicación de la legislación nacional, implica automáticamente la expiración del mandato del diputado de que se trate, así como la vacante del escaño de ese diputado. El Parlamento Europeo es simplemente informado de la expiración del mandato por las autoridades nacionales, y de la fecha de conclusión de este por su presidente (Tribunal General, Junqueras i Vies/Parlamento, 3 de marzo de 2020, T-24/20).

Política social

Los Estados miembros no pueden excluir del concepto de «relaciones laborales de duración determinada sucesivas» la situación de un empleado público que ocupa de modo permanente, en virtud de varios nombramientos, un puesto de carácter interino a falta de un proceso selectivo, de modo que su relación de servicio se ha visto prorrogada implícitamente de año en año. El hecho de que un empleado públicohaya consentido el establecimiento de relaciones de servicio de duración determinada sucesivas no le priva dela protección que le confiere el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada (TJUE, Sánchez Ruiz, 19 de marzo de 2020, C-103/18).

Asilo

El artículo 33 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite denegar una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible cuando el solicitante haya llegado al territorio del Estado miembro de que se trata por un país en el que no haya estado expuesto a persecución ni a riesgo de daños graves o en el que se garantiza un nivel adecuado de protección.

El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución mediante la que se deniega una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible un plazo de ocho días para resolver si dicho órgano jurisdiccional no puede garantizar en ese plazo la efectividad de las normas materiales y de las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce al solicitante (TJUE, LH contra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 19 de marzo de 2020, C-564/18).

El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria. Además, cuando un órgano jurisdiccional nacional, tras efectuar un examen completo y ex nunc del conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declare que, en aplicación de los criterios previstos en la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, ha de reconocerse al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero el órgano administrativo adopte posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, dicho órgano jurisdiccional deberá, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio de hacer cumplir su sentencia, modificar la referida resolución administrativa que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente y sustituirla por su propia resolución sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.

El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional un plazo de sesenta días para resolver, siempre que el órgano jurisdiccional pueda garantizar en ese plazo la efectividad de las normas materiales y de las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce al solicitante. En caso contrario, ese órgano jurisdiccional deberá abstenerse de aplicar la normativa nacional que fija el plazo de enjuiciamiento y, transcurrido dicho plazo, resolver lo antes posible (TJUE, PG contra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 19 de marzo de 2020, C-406/18).

Ayuda de Estado

El Tribunal General anula la decisión de la Comisión relativa a las medidas de ayuda adoptadas en favor de los clubes de fútbol españoles Valencia CF y Elche CF. La decisión adolece de varios errores manifiestos de apreciación (Tribunal General, Valencia Club de Fútbol/Comisión, 12 de marzo de 2020, asuntos T-732/16 et T-901/16).

Se condena a Italia a sanciones pecuniarias por no haber recuperado ayudas concedidas ilegalmente al sector hotelero de Cerdeña. Dicho Estado miembro deberá abonaral presupuesto de la Unión una cantidad a tanto alzado de 7500000 euros y, a partir de hoy, una multa coercitiva de 80000 euros por cada día de retraso (TJUE, Comisión/Italia (Aides illégales au secteur hôtelier en Sardaigne), 12 de marzo de 2020, C-576/18).

Comunicaciones electrónicas

El artículo 22, apartado 3, de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional por la que se prorroga, para el ejercicio 1998, la obligación impuesta a una empresa de telecomunicaciones titular de una autorización existente en la fecha de entrada en vigor de esa Directiva de pagar un canon calculado en función del volumen de negocios y no solamente de los gastos administrativos de expedición, control de la gestión y ejecución del régimen de autorizaciones generales y de licencias individuales.

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a inaplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución judicial, aunque ello permitiera poner fin a una infracción de una norma jurídica de la Unión, lo cual no excluye que los interesados tengan la posibilidad de entablar una acción de responsabilidad frente al Estado con el fin de obtener por dicha vía una protección jurídica de los derechos que les ha reconocido el Derecho de la Unión (TJUE, Telecom Italia SpA contra Ministero dello Sviluppo Economico y Ministero dell’Economia e delle Finanze, 4 de marzo de 2020, C-34/19).

El artículo 8, apartado 1, de la Decisión n.º 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2008, relativa a la selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS), en relación con su artículo 7, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que se demuestre que un operador seleccionado de conformidad con el título II de dicha Decisión y autorizado a usar el espectro radioeléctrico en virtud del artículo 7 de la misma Decisión no ha prestado servicios móviles por satélite mediante un sistema móvil por satélite en la fecha límite establecida en el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso ii), de la Decisión n.º 626/2008, las autoridades competentes de los Estados miembros no están facultadas para denegar al mencionado operador las autorizaciones necesarias para el suministro de componentes complementarios en tierra de sistemas móviles por satélite por el hecho de que este no ha cumplido el compromiso asumido en su solicitud (TJUE, Viasat UK Ltd y Viasat Inc. contra Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), 5 de marzo de 2020, C-100/19).

Consumidores

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que sí está comprendida en el ámbito de aplicación de esa misma Directiva la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que estipule que el tipo de interés aplicable al préstamo se base en uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios, cuando esa normativa no establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con independencia de la elección de las partes en el contrato ni su aplicación supletoria en el supuesto de que las partes no hayan pactado otra cosa.

La Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 8, debe interpretarse en el sentido de que los tribunales de un Estado miembro están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato, con independencia de la transposición del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva al ordenamiento jurídico de ese Estado miembro.

La Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 5, debe interpretarse en el sentido de que, para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario, dicha cláusula no solo debe ser comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras. Constituyen elementos especialmente pertinentes para la valoración que el juez nacional debe efectuar a este respecto, por un lado, la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resulten fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés, y, por otro lado, el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés.

Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en caso de declaración de nulidad de una cláusula contractual abusiva que fija un índice de referencia para el cálculo de los intereses variables de un préstamo, el juez nacional lo sustituya por un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad (TJUE, Marc Gómez del Moral Guasch contra Bankia, S. A., 3 de marzo de 2020, C-125/18).

Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que exigen que el órgano judicial nacional compruebe de oficio si se ha producido un incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8 de dicha Directiva, y deduzca las consecuencias que se derivan, en virtud del Derecho nacional, del incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones se atengan a los requisitos del citado artículo 23. Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 deben igualmente interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen nacional con arreglo al cual el incumplimiento por parte del prestamista de su obligación precontractual de evaluar la solvencia del consumidor se sanciona únicamente con la nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación del consumidor de devolver el principal al prestamista dentro de un término acorde con sus posibilidades financieras, a condición de que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años (TJUE, OPR-Finance s.r.o. contra GK, 5 de marzo de 2020, C-679/18).

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que un juez nacional que conoce de una demanda interpuesta por un consumidor solicitando que se declare el carácter abusivo de determinadas cláusulas incluidas en un contrato celebrado por este con un profesional no está obligado a examinar de oficio e individualmente todas las demás cláusulas contractuales, que no han sido impugnadas por el consumidor, con el fin de verificar si pueden considerarse abusivas, sino que únicamente debe examinar aquellas cláusulas que estén vinculadas al objeto del litigio según este último haya sido definido por las partes, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, completados, en su caso, mediante diligencias de prueba.

El artículo 4, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, si bien es verdad que para apreciar el carácter abusivo de la cláusula contractual que sirve de base a las pretensiones de un consumidor han de tenerse en cuenta todas las demás cláusulas del contrato celebrado entre un profesional y ese consumidor, ello no implica la obligación del juez nacional que conoce del asunto de examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de todas esas otras cláusulas (TJUE, Györgyné Lintner contra UniCredit Bank Hungary Zrt., 11 de marzo de 2020, C-511/17).

El artículo 2, punto 6, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «contrato de servicios» incluye los contratos que tengan por objeto que el consumidor obtenga un descuento en el precio al celebrar posteriormente contratos de transporte de pasajeros.

El artículo 3, apartado 3, letra k), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que un contrato que tiene por objeto que el consumidor obtenga un descuento en el precio al celebrar posteriormente contratos de transporte de pasajeros no está incluido en el concepto de «contrato de servicios de transporte de pasajeros» y, por consiguiente, se halla comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva, incluidas las disposiciones de esta relativas al derecho de desistimiento (TJUE, Verbraucherzentrale Berlin eV contra DB Vertrieb GmbH, 12 de marzo de 2020, C-583/18).

El artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de la información que debe especificarse, de forma clara y concisa, en un contrato de crédito, con arreglo a esa disposición, figura el modo de computar el plazo de desistimiento establecido en el artículo 14, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Directiva.

El artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse, en relación con la información contemplada en el artículo 10 de esta, en el sentido de que se opone a que un contrato de crédito remita a una disposición nacional que lo haga a su vez a otras disposiciones del Derecho del Estado miembro de que se trate (TJUE, JC contra Kreissparkasse Saarlouis, 26 de marzo de 2020, C-66/19).

Los artículos 3, letra g), 10, apartado 2, y 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece un método para calcular el importe máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses que puede exigirse al consumidor, siempre que dicha normativa no establezca ninguna obligación adicional de información sobre dicho coste del crédito no correspondiente a intereses, que se sumaría a las establecidas en el citado artículo 10, apartado 2.

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no está excluida del ámbito de aplicación de esta Directiva una cláusula contractual que fija el coste del crédito no correspondiente a intereses respetando el límite máximo previsto por una disposición nacional, sin tener necesariamente en cuenta los costes realmente soportados (TJUE, Mikrokasa S.A. w Gdyni y Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie contra XO, 26 de marzo de 2020, C-779/18).

Contratación pública

Los considerandos 25 y 27 de la Directiva 2007/66/CE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos; el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2007/66; el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2007/66; el artículo 83, apartados 1 y 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y el artículo 99, apartados 1 y 2, de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, deben interpretarse en el sentido de que ni imponen ni prohíben a los Estados miembros adoptar una normativa en virtud de la cual una autoridad de supervisión puede incoar de oficio, por motivos de protección de los intereses financieros de la Unión Europea, un procedimiento de recurso al objeto de controlar las infracciones de la normativa en materia de contratación pública. Sin embargo, cuando esté previsto, tal procedimiento se regirá por el Derecho de la Unión en la medida en que los contratos públicos objeto de tal recurso estén comprendidos en el ámbito de aplicación material de las Directivas sobre contratación pública y, por tanto, deberá respetar dicho Derecho, incluidos sus principios generales, de los que forma parte el principio general de seguridad jurídica.

El principio general de seguridad jurídica se opone a que, en el marco de un procedimiento de recurso incoado de oficio por una autoridad de supervisión, por motivos de protección de los intereses financieros de la Unión Europea, una nueva normativa nacional establezca, al objeto de controlar la legalidad de modificaciones de contratos públicos, la incoación de tal procedimiento en un plazo de caducidad establecido en dicha normativa, a pesar de haber expirado el plazo de caducidad establecido por la normativa anterior, que era aplicable en la fecha de dichas modificaciones (TJUE, HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. y otros contra Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, 26 de marzo de 2020, C-496/18).

Cooperación judicial en materia penal

El artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que, para comprobar si el delito por el que se ha emitido una orden de detención europea se castiga en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años, tal como se define en el Derecho del Estado miembro emisor, la autoridad judicial de ejecución debe atender al Derecho del Estado miembro emisor en su versión aplicable a los hechos que dieron lugar al asunto en el que se ha emitido la orden de detención europea (TJUE, X (Mandat d’arrêt européen – Double incrimination), 3 de marzo de 2020, C-717/18).

El artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en relación con el artículo 1, apartado 3, de la misma y con el artículo 1, letra a), el artículo 3, apartados 3 y 4, y el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, en sus versiones modificadas por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que el Estado miembro de ejecución supedite la entrega de la persona que, siendo nacional o residente de este, es objeto de una orden de detención europea a efectos de entablar una acción penal, a la condición de que dicha persona le sea devuelta, tras haber sido oída, para cumplir en el propio Estado miembro de ejecución la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiera pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor, este último Estado miembro debe proceder a la mencionada devolución a partir del momento en que la condena haya adquirido firmeza, a menos que, por motivos concretos vinculados con el respeto del derecho de defensa de la persona en cuestión o con la buena administración de la justicia, se haga indispensable la presencia de dicha persona en ese último Estado, hasta tanto se hayan resuelto definitivamente otras etapas procesales vinculadas con la causa por el delito respecto del cual se ha dictado la orden de detención europea.

El artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de entablar una acción penal se supedite a la condición prevista en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, el Estado miembro de ejecución, a fin de ejecutar la pena o la medida de seguridad privativas de libertad dictada en el Estado miembro emisor contra la persona en cuestión, únicamente podrá adaptar la duración de dicha condena con arreglo a los requisitos estrictos previstos en el artículo 8, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/909, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299 (TJUE, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), 11 de marzo de 2020, C-314/18).

La Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, y en particular su artículo 3, apartado 2, debe interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como la ha interpretado la jurisprudencia nacional, según la cual, durante la fase de instrucción, el disfrute del derecho a la asistencia de letrado puede demorarse por razón de la incomparecencia del sospechoso o acusado tras habérsele practicado la citación para comparecer ante un juzgado de instrucción, hasta la ejecución de la orden de detención nacional dictada contra el interesado (TJUE, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution), 12 de marzo de 2020, C-659/18).

La Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que un órgano jurisdiccional nacional deberá ordenar el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente al término de un procedimiento que no está supeditado ni a la constatación de una infracción penal ni, a fortiori, a la condena de los supuestos autores de tal infracción (TJUE, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contra BP y otros, 19 de marzo de 2020, C-234/18).

Electricidad

El artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1228/2003, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una empresa que explota únicamente un interconector transfronterizo.

El artículo 16, apartado 6, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 714/2009 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un gestor de la red de transporte (GRT) explote únicamente un interconector transfronterizo, los costes de explotación y mantenimiento de dicho interconector no pueden considerarse inversiones en la red para mantener o aumentar la capacidad de interconexión en el sentido de dicha disposición.

El artículo 16, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento n.º 714/2009 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una autoridad reguladora nacional aplica dicha disposición a un GRT que explota únicamente un interconector transfronterizo, dicha autoridad deberá autorizar a dicho GRT a utilizar una parte de sus ingresos de congestión para la obtención de beneficios y para la explotación y el mantenimiento del interconector, con el fin de evitar que se le discrimine con respecto a otros GRT interesados y de garantizar que pueda ejercer su actividad en condiciones económicamente aceptables, incluida la relativa a la obtención de un beneficio apropiado (TJUE, Baltic Cable AB contra Energimarknadsinspektionen, 11 de marzo de 2020, C-454/18).

Empresas

En el supuesto de una transmisión de empresa que implique a varios cesionarios, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que los derechos y obligaciones derivados de un contrato de trabajo se transfieren a cada uno de los cesionarios en proporción a las funciones desempeñadas por el trabajador de que se trate, siempre que la división del contrato de trabajo resultante de esta operación sea posible y no suponga un deterioro de las condiciones de trabajo ni afecte al mantenimiento de los derechos de los trabajadores garantizados por esta Directiva, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En el supuesto de que tal división resulte imposible o atente contra los derechos de ese trabajador, se considerará, en virtud del artículo 4 de dicha Directiva, que la resolución de la relación laboral que pueda seguirle es imputable al cesionario o a los cesionarios, aunque se haya producido a instancia del trabajador (TJUE, ISS Facility Services NV contra Sonia Govaerts y Atalian NV, anciennement Euroclean NV, 26 de marzo de 2020, C-344/18).

Espacio de libertad, de seguridad y de justicia

El concepto de «persona jurídica» que figura, en particular, en los artículos 1, letra a), y 9, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse a la luz del Derecho del Estado de emisión de la resolución por la que se impone una sanción pecuniaria.

La Decisión Marco 2005/214, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a abstenerse de aplicar una disposición del Derecho nacional incompatible con el artículo 9, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, ya que sus disposiciones carecen de efecto directo. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente está obligado a realizar, en la medida de lo posible, una interpretación conforme del Derecho nacional para garantizar un resultado compatible con la finalidad perseguida por la Decisión Marco 2005/214, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299 (TJUE, Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) contra Bank BGŻ BNP Paribas S.A., 4 de marzo de 2020, C-183/18).

El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un pasajero de un vuelo que haya sido retrasado tres o más horas puede interponer una demanda de indemnización con arreglo a los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento contra el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, aun cuando ese pasajero y ese transportista aéreo no hayan celebrado un contrato entre ellos y el vuelo en cuestión forme parte de un viaje combinado comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados.

El artículo 5, punto 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una demanda de indemnización interpuesta en virtud del Reglamento n.º 261/2004 por un pasajero contra el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo está comprendida en el concepto de «materia contractual», en el sentido de dicha disposición, aun cuando no se haya celebrado ningún contrato entre tales partes y el vuelo operado por ese transportista aéreo hubiera sido estipulado en un contrato de viaje combinado —que comprende también el alojamiento— celebrado con un tercero.

Los artículos 15 a 17 del Reglamento n.º 44/2001 deben interpretarse en el sentido de que una demanda de indemnización interpuesta por un pasajero contra el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, con el que ese pasajero no ha celebrado un contrato, no está comprendida en el ámbito de aplicación de dichos artículos, relativos a la competencia especial en materia de contratos celebrados por los consumidores (TJUE, Libuše Králová contra Primera Air Scandinavia, 26 de marzo de 2020, C-215/18).

El artículo 1, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas, en relación con el artículo 4, apartado 1, letra d), de dicha Decisión Marco, debe interpretarse en el sentido de que el reconocimiento de una sentencia que ha impuesto una pena privativa de libertad cuya ejecución se ha suspendido con la única condición de que se respete una obligación legal de abstenerse de cometer una nueva infracción penal durante un período de suspensión de ejecución de la pena está comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Decisión Marco, siempre que esa obligación legal se desprenda de esa sentencia o de una resolución de libertad vigilada dictada sobre la base de esa sentencia, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, A. P. (Mesures de probation), 26 de marzo de 2020, C-2/19).

Fiscalidad

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro que establece un impuesto de carácter marcadamente progresivo sobre el volumen de negocios cuya carga efectiva recae principalmente en empresas controladas directa o indirectamente por nacionales de otros Estados miembros o por sociedades que tienen su domicilio social en otro Estado miembro debido a que estas empresas realizan los mayores volúmenes de negocios en el mercado de que se trate (TJUE, Tesco-Global Áruházak Zrt. contra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 3 de marzo de 2020, C-323/18).

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro que establece un impuesto de carácter progresivo sobre el volumen de negocios cuya carga efectiva recae principalmente en empresas controladas directa o indirectamente por nacionales de otros Estados miembros o por sociedades que tienen su domicilio social en otro Estado miembro debido a que estas empresas realizan los mayores volúmenes de negocios en el mercado de que se trate.

El artículo 401 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no se opone al establecimiento de un impuesto cuya base imponible es el volumen de negocios global del sujeto pasivo y que se percibe periódicamente, y no en cada fase del proceso de producción y de distribución, sin que exista un derecho a deducir el impuesto pagado en la fase anterior de dicho proceso (TJUE, Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. contra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 3 de marzo de 2020, C-75/18).

El artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las prestaciones efectuadas por teléfono, consistentes en asesorar sobre la salud y las enfermedades, pueden estar comprendidas en la exención establecida en dicha disposición, siempre que persigan una finalidad terapéutica, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que no exige que, por el hecho de que la asistencia a personas físicas se efectúe por teléfono, los enfermeros y auxiliares médicos que realizan estas prestaciones estén sujetos a requisitos adicionales de cualificación profesional para que dichas prestaciones puedan acogerse a la exención establecida en la referida disposición, siempre que puedan considerarse de un nivel de calidad equivalente al de las prestaciones efectuadas por otros prestadores que utilizan ese mismo medio de comunicación, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, X-GmbH contra Finanzamt Z, 5 de marzo de 2020, C-48/19).

El artículo 132, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de determinar si los servicios de asistencia sanitaria prestados por un establecimiento hospitalario privado, que son de interés general, se prestan en condiciones sociales comparables a las que rigen para entidades de Derecho público, en el sentido de la misma disposición, las autoridades competentes de un Estado miembro pueden tomar en consideración el hecho de que esos servicios se proporcionen en virtud de convenios celebrados con autoridades públicas de ese Estado miembro, a precios fijados por esos convenios, y que el coste de tales servicios sea asumido en parte por las instituciones de seguridad social del referido Estado miembro.

El artículo 391 de la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 377 de esta y con los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y neutralidad fiscal, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la exención del impuesto sobre el valor añadido de los servicios de asistencia sanitaria prestados por un establecimiento hospitalario privado que entren en el ámbito de aplicación del artículo 132, apartado 1, letra b), de dicha Directiva debido a un cambio en las condiciones en las que ejerce sus actividades producido después de que hubiese optado por el régimen de tributación previsto por la legislación nacional del Estado miembro en cuestión, que establece la obligación de que todo sujeto pasivo que se decante por tal régimen permanezca sometido a él durante un determinado período de tiempo, cuando ese período todavía no haya expirado (TJUE, Idealmed III – Serviços de Saúde SA contra Autoridade Tributária e Aduaneira, 5 de marzo de 2020, C-211/18).

El artículo 2, punto 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual no se consideran relevantes a efectos del IVA las transferencias temporales o los desplazamientos de personal de una sociedad matriz a su filial realizados contra el mero reembolso de los costes correspondientes, siempre que los importes abonados por la filial a su sociedad matriz, por una parte, y tales transferencias temporales o desplazamientos, por otra, se condicionen mutuamente (TJUE, San Domenico Vetraria SpA contra Agenzia delle Entrate, 11 de marzo de 2020, C-94/19).

Libre prestación de servicios

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que somete a los prestadores de servicios publicitarios establecidos en otro Estado miembro a una obligación de información, a efectos de su sujeción a un impuesto sobre la publicidad, mientras que los prestadores de tales servicios establecidos en el Estado miembro de tributación están exentos de dicha obligación por estar sometidos a obligaciones de información o de registro en virtud de su sujeción a cualquier otro impuesto aplicable en el territorio de dicho Estado miembro.

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro que no hayan cumplido una obligación de información a efectos de su sujeción a un impuesto sobre la publicidad se les imponen, en unos cuantos días, varias multas cuyo importe, a partir de la segunda, se triplica respecto del importe de la multa anterior en cada nueva declaración de incumplimiento de dicha obligación y se alcanza un importe acumulado de varios millones de euros, sin que la autoridad competente, antes de adoptar la resolución en la que se establece definitivamente el importe acumulado de esas multas, conceda a dichos prestadores de servicios el tiempo necesario para cumplir sus obligaciones, les dé la oportunidad de presentar sus observaciones, ni examine ella misma la gravedad de la infracción, mientras que el importe de la multa que se impondría a un prestador establecido en el Estado miembro de tributación que haya incumplido una obligación de información o de registro similar conculcando disposiciones generales de la normativa tributaria nacional es notablemente inferior y no se incrementa, en caso de incumplimiento continuo de tal obligación, ni en las mismas proporciones ni necesariamente en plazos tan breves (TJUE, Google Ireland Limited contra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága, 3 de marzo de 2020, C-482/18).

Marca de la UE

Anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de septiembre de 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑328/17, no publicada, EU:T:2018:594) (TJUE, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), 5 de marzo de 2020, C-766/18 P).

De ello se desprende que correspondía al Tribunal General examinar, al menos, si el hecho de que la marca HALLOUMI y la marca solicitada BBQLOUMI sean, según su apreciación, poco similares desde el punto de vista visual, fonético y conceptual se compensa, en particular, por la identidad de los productos designados por cada una de esas marcas, a saber, los quesos. Con arreglo a los principios enunciados por la citada jurisprudencia, que exige una apreciación que tenga en cuenta la interdependencia entre los factores pertinentes, un examen de ese tipo resultaba necesario para determinar si existe o no riesgo de que el público en general pueda creer erróneamente que los productos o los servicios ofertados con la marca BBQLOUMI proceden de una empresa afiliada a la asociación titular de la marca HALLOUMI.

Ahora bien, tras haber recordado esos principios en el apartado 56 de la sentencia recurrida y haber anunciado en el apartado 69 de dicha sentencia que llevaría a cabo, en la parte restante de la citada sentencia, una apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal General se limitó, en los apartados 70 y 71 de la misma sentencia, a exponer sus constataciones por lo que respecta al grado de carácter distintivo de la marca anterior y al grado de similitud tanto de las marcas en conflicto como de los productos designados por estas, y a considerar, de manera abstracta, que no puede existir riesgo de confusión en el público pertinente ya que la existencia, entre las marcas en conflicto, de un grado —en el presente asunto, bajo— de similitud desde el punto de vista visual, fonético y conceptual no basta, en el caso de una marca anterior que presenta un escaso carácter distintivo, para concluir que existe un riesgo de confusión. Sobre esa única base, el Tribunal General resolvió, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso, pese a haber incurrido en los errores constatados en los apartados 62 a 69 de esa sentencia, había llegado acertadamente a la conclusión de que no existía riesgo de confusión.

De ese modo, de ninguno de los motivos de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General haya examinado debidamente la interdependencia de los factores pertinentes. Incluso suponiendo que haya analizado si el grado bajo de similitud de las marcas en conflicto podía compensarse por el grado claramente más elevado de la similitud de los productos designados por esas marcas, procede señalar que el Tribunal General no expuso, en la sentencia recurrida, las razones por las que consideró que no sucedía así.

Del apartado 71 de la sentencia recurrida se desprende más bien que el Tribunal General se basó en la premisa de que, en caso de que la marca anterior tenga escaso carácter distintivo, la existencia de un riesgo de confusión debe excluirse en cuanto resulte que la similitud de las marcas en conflicto no permite, por sí sola, establecer un riesgo de ese tipo.

Como se desprende de la jurisprudencia recordada en los apartados 69 y 70 de la presente sentencia, esa premisa es errónea, ya que la circunstancia de que el carácter distintivo de una marca anterior sea escaso no excluye la existencia de un riesgo de confusión. A efectos de determinar si existe o no ese riesgo, resultaba necesario, por lo que respecta al criterio de la interdependencia enunciado en esa jurisprudencia, examinar si el grado bajo de similitud de las marcas en conflicto se compensa por el grado más elevado de similitud, incluso la identidad, de los productos designados por esas marcas. Pues bien, la apreciación que efectuó el Tribunal General no contiene ningún examen concreto a este respecto.

Esta lectura de la sentencia recurrida prevalece tanto si se tiene en cuenta la versión inicial de esa sentencia como la resultante del auto de rectificación de 17 de septiembre de 2019. Por lo tanto, como la rectificación llevada a cabo por el Tribunal General no incide en la apreciación del presente recurso de casación, no procede examinar la cuestión, debatida entre las partes durante la vista ante el Tribunal de Justicia, de si esa rectificación, anunciada por el Tribunal General a las partes poco antes de la vista ante el Tribunal de Justicia, era compatible con las normas de procedimiento aplicables.

Los artículos 5, apartado 1, letra b), 10, apartado 1, párrafo primero, y 12, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en relación con su considerando 6, deben interpretarse en el sentido de que atribuyen a los Estados miembros la facultad de permitir que el titular de una marca cuyos derechos sobre la misma hayan caducado tras la expiración del plazo de cinco años contados a partir de su registro por no haber hecho un uso efectivo de esa marca en el Estado miembro de que se trate para los productos o los servicios para los cuales se había registrado conserve el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido al uso por un tercero, con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que se prestan a confusión con su marca (TJUE, AR contra Cooper International Spirits LLC y otros, 26 de marzo de 2020, C-622/18).

Seguridad social

Una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio principal constituye una prestación de enfermedad, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012.

El Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.º 465/2012, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una situación en la que a una persona que ha dejado de estar afiliada a la seguridad social de su Estado miembro de origen después de haber cesado en él su actividad profesional y de haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, en el cual ha trabajado y ha cubierto la mayor parte de su períodos de seguro, la institución competente de su Estado miembro de origen le deniega la percepción de una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio principal, puesto que dicha persona no se rige por la legislación del mencionado Estado de origen, sino por la del Estado miembro en el que se encuentra su residencia (TJUE, Pensionsversicherungsanstalt contra CW, 5 de marzo de 2020, C-135/19).

El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que la ayuda para la integración de los niños y adolescentes con discapacidad mental, prevista en el artículo 35a del libro VIII del Sozialgesetzbuch (Código de Seguridad Social), no constituye una prestación a efectos de dicho artículo 3 y, por consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación material de ese Reglamento.

El artículo 5 del Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.º 988/2009, debe interpretarse en el sentido de que:

  • La prestación por crianza de un hijo con discapacidad, establecida en el artículo L. 541‑1 del code de la sécurité sociale (Código de Seguridad Social), y la ayuda a la integración de niños y adolescentes con discapacidad mental, en virtud del artículo 35a del libro VIII del Código de Seguridad Social alemán, no pueden considerarse prestaciones equivalentes a efectos de la letra a) de dicho artículo 5.
  • El principio de asimilación de hechos recogido en la letra b) del citado artículo 5 se aplica en circunstancias como las del litigio principal. Por lo tanto, incumbe a las autoridades competentes francesas determinar si, en el caso de autos, se ha acreditado la concurrencia del hecho requerido a efectos de esa disposición. A este respecto, dichas autoridades deben tener en cuenta hechos semejantes que guarden relación y hayan ocurrido en Alemania como si hubieran ocurrido en su propio territorio (TJUE, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle contra SJ y Ministre chargé de la Sécurité sociale, 12 de marzo de 2020, C-769/18).

Transporte

El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91, y concretamente su artículo 7, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un pasajero aéreo que ha percibido una compensación por la cancelación de un vuelo y ha aceptado el vuelo alternativo que se le ha propuesto puede solicitar una compensación por el retraso del vuelo alternativo cuando dicho retraso alcance un número de horas que genere un derecho a compensación y el transportista aéreo del vuelo alternativo sea el mismo que el del vuelo cancelado.

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que un transportista aéreo no puede eximirse de su obligación de compensación alegando «circunstancias extraordinarias», en el sentido de dicha disposición, relacionadas con el fallo de un componente de los denominados on condition, es decir, un componente que solo se sustituye cuando falla el componente anterior, aunque dicho transportista aéreo tenga siempre en reserva un componente de recambio, salvo en el supuesto, que corresponderá comprobar al tribunal remitente, de que tal fallo constituya un acontecimiento que, por su naturaleza o su origen, no sea inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo afectado y escape al control efectivo de este, teniendo en cuenta no obstante que, en la medida en que dicho fallo esté, en principio, intrínsecamente ligado al sistema de funcionamiento de la aeronave, no podrá ser considerado como tal acontecimiento (TJUE, A y otros contra Finnair Oyj, 12 de marzo de 2020, C-832/18).

El artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el plazo máximo de 30 años establecido en esa disposición para los contratos a que se refiere el artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letra b), de este Reglamento comienza a correr en la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento (TJUE, Compañía de Tranvías de la Coruña, SA contra Ayuntamiento de A Coruña, 19 de marzo de 2020, C-45/19).

Unión aduanera

El Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, en caso de hurto de mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero, se impone al titular de la autorización de depósito aduanero una sanción pecuniaria apropiada por infracción de la legislación aduanera.

El artículo 42, apartado 1, del Reglamento n.º 952/2013 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual, cuando se sustraen a la vigilancia aduanera mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero, el titular de la autorización de depósito aduanero debe abonar, además de una sanción pecuniaria, una cuantía correspondiente al valor de dichas mercancías (TJUE, Schenker, 4 de marzo de 2020, C-655/18).

El artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1484/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina y se deroga el Reglamento n.º 163/67/CEE, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 248/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que mercancías importadas en la Unión hayan sido vendidas a pérdida, es decir, a un precio inferior al precio cif de importación, tal como figura en la declaración aduanera, no basta, por sí solo, para declarar que no se ha acreditado la realidad del precio cif de importación cuando el importador demuestre que todas las condiciones relativas al proceso de envío de dichas mercancías confirman la realidad de ese precio.

Los artículos 3, apartado 5, y 4 del Reglamento n.º 1484/95, en su versión modificada por el Reglamento n.º 248/2010, deben interpretarse en el sentido de que, si el importador no ha podido demostrar la realidad del precio cif de importación que figura en la declaración aduanera, las autoridades aduaneras deberán, a efectos de aplicar derechos adicionales, rechazar ese precio y recurrir a los métodos de valoración en aduana de las mercancías importadas establecidos en los artículos 29 a 31 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996 (TJUE, X BV contra Staatssecretaris van Financiën, 11 de marzo de 2020, C-160/18).

La nota complementaria 1 del capítulo 89 de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión resultante del Reglamento (CE) n.º 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidos en el concepto de «barcos concebidos para navegar por alta mar», que figura en dicha nota complementaria, los barcos que, por las propiedades inherentes a su construcción, solo son capaces de navegar a unas 21 millas náuticas de la costa con mar gruesa (TJUE, Rensen Shipbuilding BV, 11 de marzo de 2020, C-192/19).

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1140 de la Comisión, de 8 de julio de 2016, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada, es inválido (TJUE, Pfizer Consumer Healthcare Ltd contra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, 26 de marzo de 2020, C-182/19).

En el presente asunto, como resulta del tenor de la columna 1 del cuadro que figura en el anexo del Reglamento de Ejecución 2016/1140, los productos a los que se refiere se presentan en forma de parches o cintas de calentamiento espontáneo para aliviar el dolor. Dichos parches están constituidos de una materia adhesiva que permite fijarlos a la piel, mientras que las mencionadas cintas están constituidas por una materia no adhesiva que se fija mediante una tira autoadhesiva. Los productos están hechos de material sintético flexible que se ajusta a la forma del cuerpo y contiene varios discos rellenos de polvo de hierro, carbón, sal y agua, que, una vez expuestos al aire, producen calor debido a una reacción exotérmica.

Conforme al tenor de la partida 3824 de la NC, los productos comprendidos en esta partida son productos «no expresados ni comprendidos en otra parte».

Los productos a los que se refiere el Reglamento de Ejecución 2016/1140 están comprendidos en la partida 3005 de la NC y, por ello (…) no pueden incluirse en la partida 3824 de la NC.

LECTURA

Reseña del editor. Si el mundo es cada vez más plural y diverso, resulta obligado trabajar por una sociedad inclusiva, justa y respetuosa, en la que no haya espacio para el odio y la discriminación racial. Un nutrido elenco de expertos, desde una vertiente multidisciplinar, invitan a la reflexión y al enjuiciamiento crítico de la realidad social europea en la que, por desgracia, abundan las actitudes y comportamientos discriminatorios, intolerantes y xenófobos. Es por ello que se requieren estrategias más eficaces para que los ciudadanos mantengan una actitud positiva y receptiva, vinculada con la posibilidad de escuchar al otro, siendo capaces de ponerse en el lugar del que se siente discriminado o excluido, para desde ahí construir un consenso valorativo que fortalezca el corazón de nuestra identidad europea.

Discriminación racial, intolerancia y fanatismo en la Unión Europea
Cristina Hermida del Llano

ISBN: 9788413245843
Editorial Dykinson
2020
Nº Pág.: 226

20 €

Reseña del editor. La gobernanza económica europea está integrada por una suma tan amplia de normas de hard law y soft law, además de tratados y acuerdos internacionales, que constituye un abigarrado universo de decisiones políticas e imposiciones jurídicas de difícil comprensión y de aún más difícil aplicación. La complejidad que dicho plan económico, financiero y presupuestario está produciendo, no solo en el proyecto europeo, sino también en los Estados y en su régimen constitucional, le hace merecedor de que se abran líneas de estudio que transciendan los análisis meramente sectoriales (económico, financiero o de derecho europeo). Se hace imprescindible una teoría constitucional que integre y explique de forma sistematizada el proceso y los cambios tanto dentro de la UEM como en el resto de la UE.

Las implicaciones constitucionales de la gobernanza económica europea
Elviro Aranda Álvarez

ISBN: 9788413361352
Tirant lo Blanch
2020
Nº Pág.: 417

39,90 €