EDICIÓN DEL LUNES 22 DE ENERO DE 2018

Sumario (n.° 63)

  • En portada: Gobernanza medioambiental
  • Economía circular: marco de seguimiento
  • Proceso de reducción de los préstamos dudosos en Europa
  • Educación digital: plan de acción
  • Crisis de los bancos: eficiencia operativa de la gestión por el BCE
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 16 al 22 de enero de 2018)
  • Jurisprudencia TJUE : IVA; libre circulación de capitales; libre prestación de servicios; medio ambiente; política social; Schengen; sistema financiero
  • Lectura: Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea (Joaquín García Murcia)

EN PORTADA: GOBERNANZA MEDIOAMBIENTAL

La UE ya dispone de un amplio corpus de legislación medioambiental ya consolidada. No obstante, tal como subraya la Comisión en su revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE, existen importantes obstáculos para su aplicación. Estos obstáculos están vinculados a problemas medioambientales persistentes tales como la contaminación difusa del agua, la baja calidad del aire en las zonas urbanas, el tratamiento insatisfactorio de los residuos, y el declive de especies y hábitats. Hay asimismo una incidencia elevada de delitos ecológicos y numerosas denuncias a la Comisión y peticiones al Parlamento Europeo en materia de medio ambiente. Se estima que los costes de la no aplicación de la normativa medioambiental se elevan a 50 000 millones de euros al año. Es posible obtener muchos beneficios mediante una mejor aplicación de la normativa sin crear nueva legislación. 

Esto exige, entre otras cosas, la vigilancia del cumplimiento de las normas medioambientales sobre el terreno, esto es, el cumplimiento, en la realización de sus actividades, de las obligaciones medioambientales de la industria, los proveedores de energía, los propietarios de tierras y demás responsables. Las obligaciones pueden adoptar la forma de prohibiciones, normas generales obligatorias, permisos y otras medidas para proteger el medio ambiente, la salud pública y las necesidades a largo plazo de recursos por parte de la sociedad.

Conclusiones

El presente Plan de Acción responde a la demanda de apoyo práctico a los profesionales que trabajan en toda la UE en el ámbito de la asistencia para la mejora de la garantía de cumplimiento y de gobernanza en el campo medioambiental. Más más allá de las ventajas específicas ya mencionadas anteriormente, el plan ayudará a establecer conjuntamente un enfoque de la UE más coherente para abordar los retos que presentan el cumplimiento de la legislación medioambiental y la gobernanza en este ámbito. Los resultados deben servir para que los profesionales: den una mejor respuesta a las infracciones de las normas medioambientales y la competencia desleal, así como al daño que causan; presten una mejor asistencia a los responsables en el cumplimiento de sus obligaciones; se hagan merecedores de un mayor grado de confianza por parte del público en lo que se refiere a la garantía del cumplimiento de la normativa medioambiental y, por último, pero no por ello menos importante, protejan mejor el patrimonio común de Europa.

ECONOMÍA CIRCULAR

Conclusiones

El presente marco de seguimiento refleja, a través de un conjunto sucinto de indicadores, los elementos principales de la economía circular, entre ellos, el ciclo de vida de los productos y materiales, los ámbitos y sectores prioritarios, y la repercusión en la competitividad, la innovación y el empleo. Así pues, servirá de instrumento para hacer un seguimiento de las tendencias clave en la transición, evaluar si las medidas puestas en marcha y la participación de todos los agentes han sido suficientemente efectivas, e identificar las mejores prácticas de los Estados miembros con miras a su difusión.

Los indicadores se irán actualizando constantemente en el sitio web específico para el marco de seguimiento 29 , en el que se ofrecen también instrumentos para seguir los progresos y se documentan los métodos relativos a los indicadores, así como las fuentes de datos, las definiciones y las normas de publicación. La Comisión seguirá trabajando en los indicadores que requieren un mayor desarrollo, en concreto, en lo referente a los residuos alimentarios y la contratación pública ecológica.

El diálogo con los Estados miembros y las partes interesadas ayudará a proseguir la mejora del marco, que se basa en gran medida en las estadísticas de gran calidad proporcionadas por los Estados miembros a Eurostat. La Comisión agradecería, asimismo, la participación de todas las instituciones de la UE.

PRÉSTAMOS DUDOSOS EN EUROPA

La mejora general de las ratios de préstamos dudosos registrada en los últimos años prosiguió en 2017. La calidad de las carteras de préstamos de los bancos siguió mejorando. Las cifras más recientes confirman la tendencia a la baja de la ratio de préstamos dudosos, que ha descendido al 4,6 % (segundo trimestre de 2017), lo que supone un descenso interanual de aproximadamente 1 punto porcentual. Esta evolución ha propiciado que la ratio se encuentre en su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2014. La ratio de provisiones 6 también ha aumentado y asciende al 50,8 % (segundo trimestre de 2017). Las ratios de préstamos dudosos han disminuido recientemente en casi todos los Estados miembros, aunque la situación varía considerablemente entre unos y otros. En algunos siguen siendo elevadas (nueve Estados miembros tenían ratios por encima del 10 % a finales del segundo trimestre de 2017), mientras que en otros son muy bajas (en diez Estados miembros se situaban por debajo del 3 %). 

Conclusiones

En consonancia con el significativo avance global de la reducción de riesgos en el sector bancario de la UE, la ratio de préstamos dudosos sigue disminuyendo en la Unión. A pesar de esta tendencia positiva, las ratios elevadas de préstamos dudosos siguen constituyendo un reto importante para varios Estados miembros y para la Unión en su conjunto. El Plan de acción aprobado por el Consejo en julio de 2017 ha sido un paso importante a la hora de corregir esta situación. Esta primera evaluación muestra que se han logrado importantes avances en la aplicación del Plan de acción.

En los próximos meses y años será necesario mantener el ritmo de avance en la aplicación del Plan de acción para poder atajar el desafío que plantean los préstamos dudosos en términos tanto de la reducción de los elevados volúmenes actuales hasta niveles sostenibles como de la evitación de su futura acumulación. Si bien es necesario que los esfuerzos prosigan a un ritmo sostenido en los distintos bancos y Estados miembros afectados, a nivel de la UE es necesaria una actuación continua y concertada por parte de la Comisión y las demás instituciones de la UE, incluido el Banco Central Europeo. La Comisión presentará un conjunto de medidas específicas en la primavera de 2018, en particular varias propuestas legislativas destinadas a facilitar la gestión de los préstamos dudosos por los bancos y evitar que puedan volverse a acumular en el futuro.

La Comisión continuará siguiendo de cerca este asunto y presentará un nuevo informe en marzo de 2018, a más tardar.

EDUCACIÓN DIGITAL

La educación y la formación son las mejores inversiones en el futuro de Europa. Desempeñan un papel primordial para impulsar el crecimiento, la innovación y la creación de empleo. Los sistemas europeos de educación y formación han de ofrecer las competencias, capacidades y conocimientos prospectivos que las personas precisan para innovar y prosperar. También tienen una función importante en la creación de una identidad europea basada en valores y culturas comunes. La educación debe ayudar a conferir a los jóvenes el poder de articular el futuro de una Europa caracterizada por la democracia, la solidaridad y la inclusión, así como a velar por él, participar en él y modelarlo. La tecnología digital enriquece el aprendizaje de diferentes maneras y ofrece unas oportunidades de aprendizaje que deben estar al alcance de todos. Da acceso a un gran caudal de información y recursos.

En la Declaración de Roma, de marzo de 2017, los Estados miembros de la UE reiteraron su compromiso de proporcionar a los jóvenes «la mejor educación y formación». El Consejo Europeo de octubre de 2017 instó a la creación de «sistemas de educación y formación adaptados a la era digital». En la Cumbre de Gotemburgo, de noviembre de 2017, el Parlamento, el Consejo y la Comisión proclamaron el pilar europeo de derechos sociales, que consagra el derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad.

Conclusiones

El Plan de Acción esboza las iniciativas europeas que la Comisión, en asociación con los Estados miembros, las partes interesadas y la sociedad, aplicarán de aquí a finales de 2020. Se integra en una idea más ambiciosa de la Comisión de establecer un Espacio Europeo de Educación que complemente las recomendaciones relativas a los valores comunes y las competencias clave. El Plan de Acción se integrará en el Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020). También apoyará el Semestre Europeo, que es uno de los motores fundamentales de la reforma, por medio de las recomendaciones específicas por país relacionadas con la educación y la formación.

La Comisión entablará un diálogo con las principales partes interesadas sobre la manera de implementar las acciones propuestas. En el seguimiento de la aplicación, la Comisión trabajará con el Grupo de Capacidades y Competencias Digitales de ET 2020. Además, la Comisión extraerá enseñanzas políticas de la ejecución de las acciones. De esta manera contribuirá al debate incipiente sobre la futura cooperación europea en educación y formación.

CRISIS DE LOS BANCOS

El Tribunal tiene el mandato de controlar la eficiencia operativa de la gestión del BCE. Se trata de la segunda auditoría que el Tribunal realiza sobre la participación del BCE en la supervisión bancaria y complementa su auditoría de la Junta Única de Resolución (JUR), publicada el mes pasado. Como era de esperar, en los informes se tratan temas comunes, y el Tribunal constató, tanto en el presente como en el dedicado a la JUR, que es necesario mejorar la interacción entre ambos organismos.

Conclusiones

En 2014, el Banco Central Europeo (BCE) asumió las competencias de supervisión bancaria en el marco del establecimiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). En este sentido, su objetivo es contribuir a la seguridad y la solidez del sistema bancario. En la actualidad, aproximadamente 120 grupos bancarios de la zona del euro están bajo la supervisión directa del BCE, y otros están sujetos supervisores nacionales en estrecha cooperación con el BCE.

En la presente fiscalización se examinó la eficiencia operativa de la gestión del BCE respecto de una función específica de supervisión: la gestión de crisis. El Tribunal constató que el BCE ha establecido un marco sustantivo para los procedimientos de gestión de crisis. Sin embargo, existen algunos fallos de concepción e indicios de aplicación ineficiente que deben corregirse.

El Tribunal formuló una serie de recomendaciones en las que aconsejaba hacer un mejor uso de las evaluaciones de los planes de reestructuración, desarrollar orientaciones operativas para las actividades de gestión de crisis, y perfeccionar los sistemas de información de gestión.

NUESTRA SELECCIÓN (DOUE)

 

DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2018

JURISPRUDENCIA TJUE

IVA

La Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2001/4/CE del Consejo, de 19 de enero de 2001, debe interpretarse en el sentido de que una prestación única, como la controvertida en el litigio principal, compuesta de dos elementos diferenciados, uno principal y el otro accesorio, que, si se prestaran de forma separada, estarían sujetos a tipos de IVA diferentes, debe quedar sujeta únicamente al tipo de IVA aplicable a esta prestación única determinado en función del elemento principal, y ello aunque pueda identificarse el precio de cada elemento que compone el precio total pagado por un consumidor para poder disfrutar de la mencionada prestación (TJUE, Stadion Amsterdam, 18 de enero de 2018, C‑463/16).

LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES

Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la legislación de un Estado miembro, como la que es objeto del litigio principal, conforme a la cual un nacional de ese Estado miembro que resida en un tercer Estado distinto de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) o la Confederación Suiza, en el que esté afiliado a un régimen de seguridad social, está sujeto, en dicho Estado miembro, a gravámenes sobre los rendimientos del capital en concepto de cotización al régimen de seguridad social establecido por éste, mientras que un nacional de la Unión afiliado a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro está exento de tales gravámenes en virtud del principio de unicidad de la legislación aplicable en materia de seguridad social con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (TJUE,  Jahin, 18 de enero de 2018, C‑45/17).

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa y a una práctica administrativa de un Estado miembro, como las controvertidas en el litigio principal, conforme a las cuales:

  • la puesta en circulación de un vehículo cedido en leasing a un residente de ese Estado miembro por una sociedad de arrendamiento financiero domiciliada en otro Estado miembro, para un uso temporal de ese vehículo en el primer Estado miembro, a cambio del pago de la parte proporcional del impuesto de matriculación correspondiente a la duración de esa utilización, se supedita, por lo que se refiere a ese pago, a una autorización previa de las autoridades fiscales de ese primer Estado miembro, sin la cual dicho vehículo no puede, en principio, ser puesto en circulación en su territorio, y
  • la facultad de utilizar inmediatamente tal vehículo en ese primer Estado miembro, mientras se tramita la solicitud del deudor de pago de la parte proporcional del impuesto de matriculación correspondiente a la utilización de dicho vehículo en el primer Estado miembro, exige el pago por adelantado de la totalidad de la cuota del impuesto de matriculación, sin perjuicio de que se reembolse el importe del impuesto de matriculación abonado en exceso, con intereses, cuando dichas autoridades fiscales autoricen, en su caso, al deudor a pagar la parte proporcional de dicho impuesto de matriculación (TJUE, Wind 1014 y Daell, 18 de enero de 2018, C‑249/15).

MEDIO AMBIENTE

El artículo 3, letra h), de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que excluye del concepto de «subinstalación con emisiones de proceso», tal como se define en dicha disposición, las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la combustión de carbono parcialmente oxidado en estado líquido (TJUE, INEOS Köln GmbH, 18 de enero de 2018, C‑58/17).

POLÍTICA SOCIAL

El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando tales ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador, salvo que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Ruiz Conejero, 18 de enero de 2018, C‑270/16).

SCHENGEN

El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995, debe interpretarse en el sentido de que, si bien el Estado contratante que tenga la intención de adoptar una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada y estancia en el espacio Schengen contra un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante está facultado para incoar el procedimiento de consulta previsto en dicha disposición incluso antes de adoptar la referida decisión, la incoación de ese procedimiento será en cualquier caso obligatoria una vez que se haya adoptado tal decisión.

El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada adoptada por un Estado contratante respecto a un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante sea ejecutada aun cuando siga en curso el procedimiento de consulta previsto en esta disposición, en la medida en que el Estado contratante informador considere que dicho nacional representa una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, sin perjuicio de la facultad del referido nacional para ejercer los derechos que le otorga ese permiso de residencia dirigiéndose posteriormente al territorio del segundo Estado contratante. No obstante, transcurrido un plazo razonable tras la incoación del procedimiento de consulta sin que haya habido respuesta del Estado contratante consultado, corresponderá al Estado contratante informador proceder a retirar la inscripción como no admisible y, en su caso, inscribir al nacional de un tercer país en su lista nacional de personas no admisibles.

El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen debe interpretarse en el sentido de que el nacional de un tercer país, titular de un permiso de residencia válido expedido por un Estado contratante y contra el cual se ha adoptado, en otro Estado contratante, una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada, puede invocar ante el juez nacional efectos jurídicos derivados del procedimiento de consulta que incumbe al Estado contratante informador, así como las exigencias que de él se desprenden (TJUE, E contra Maahanmuuttovirasto, 16 de enero de 2018, C‑240/17).

SISTEMA FINANCIERO

El artículo 2, apartado 1, punto 3, letra c), de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, en relación con el artículo 3, punto 7, letra a), de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de esos preceptos una persona, como la interesada en el procedimiento principal, cuya actividad comercial consiste en vender sociedades que ella misma ha constituido, sin solicitud previa alguna por parte de sus futuros clientes, con objeto de venderlas a tales clientes, mediante la cesión de sus participaciones en el capital de la sociedad que es objeto de la venta (TJUE, CORPORATE COMPANIES s.r.o.. contra Ministerstvo financí ČR, 17 de enero de 2018, C‑676/16).

LECTURA

Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea
Un estudio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia
Joaquín García Murcia

Editorial: Aranzadi
ISBN: 9788491775744
Nº Pág.: 991
Fecha de la edición: 2018
Encuadernación: Cartoné

¿Quién es el centro de imputación subjetiva de las normas del Derecho de la UE relativas a las condiciones de empleo y relaciones de trabajo que, establecidas en ese nivel supranacional, trascienden a los sistemas jurídicos nacionales de los Estados Miembros y limitan su libertad en la definición del concepto de trabajador? En definitiva, y de forma directa, ¿quién es trabajador en el Derecho del Trabajo la UE?