EDICIÓN DEL LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2017

Sumario (n.° 60)

  • En portada: Cooperación reforzada (defensa)
  • Consumo: resolución de litigios
  • Política regional: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
  • Tribunal de Cuentas: Informes especiales (misiones de observación electoral; ecologización)
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 12 al 18 de diciembre de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción; cooperación judicial en materia civil; derecho de sociedades; espacio de libertad, seguridad y justicia; IVA
  • Lectura: Los grupos de presión. Análisis de la regulación del lobby en la UE y España (Joan Ridao)

EN PORTADA: COOPERACIÓN REFORZADA – DEFENSA

Establecimiento de una cooperación estructurada permanente

Queda establecida una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión entre los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares, en el sentido del artículo 1 del Protocolo n.° 10, y que hayan suscrito entre ellos compromisos en la materia, en el sentido del artículo 2 de dicho Protocolo, para realizar las misiones más exigentes y contribuir al cumplimiento del nivel de ambición de la Unión.

Estados miembros participantes

Los Estados miembros participantes en la cooperación estructurada permanente serán los siguientes:

  • Bélgica,
  • Bulgaria,
  • República Checa,
  • Alemania,
  • Estonia,
  • Irlanda,
  • Grecia,
  • España,
  • Francia,
  • Croacia,
  • Italia,
  • Chipre,
  • Letonia,
  • Lituania,
  • Luxemburgo,
  • Hungría,
  • Países Bajos,
  • Austria,
  • Polonia,
  • Portugal,
  • Rumanía,
  • Eslovenia,
  • Eslovaquia,
  • Finlandia,
  • Suecia.
Lista de los compromisos comunes

«a) cooperar, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con miras a la realización de objetivos acordados relativos al nivel de gastos de inversión en materia de equipos de defensa, y a revisar periódicamente dichos objetivos en función del entorno de seguridad y de las responsabilidades internacionales de la Unión.».

Con base en los marcos de referencia colectivos identificados en 2007, los Estados miembros participantes suscriben los compromisos siguientes:

1. Aumentar periódicamente su presupuesto de defensa, a fin de alcanzar los objetivos acordados.

2. Aumentar progresivamente a medio plazo el gasto de inversión en defensa hasta que este alcance el 20 % del gasto total de defensa (valor de referencia colectivo) con el fin de subsanar carencias en el ámbito de las capacidades estratégicas a través de la participación en proyectos de capacidades de defensa de conformidad con el Plan de Desarrollo de Capacidades y la revisión anual coordinada de la defensa (RACD).

3. Aumentar el número de proyectos conjuntos y «colaborativos» de capacidades estratégicas de defensa. Dichos proyectos conjuntos y colaborativos deberán financiarse, cuando sea necesario y apropiado, a través del Fondo Europeo de Defensa.

4. Aumentar la cuota del gasto dedicado a la investigación y a la tecnología en el ámbito de la defensa, a fin de que se acerque al 2 % del gasto total de defensa (valor de referencia colectivo).

5. Establecer un análisis periódico de dichos compromisos (con el objetivo de aprobación por el Consejo).

«b) aproximar en la medida de lo posible sus instrumentos de defensa, en particular armonizando la determinación de las necesidades militares, poniendo en común y, en caso necesario, especializando sus medios y capacidades de defensa, y propiciando la cooperación en los ámbitos de la formación y la logística.».

6. Desempeñar un importante papel en el desarrollo de capacidades dentro de la UE, inclusive en el marco de la RACD, a fin de garantizar la disponibilidad de las capacidades necesarias para alcanzar el nivel de ambición de Europa.

7. Apoyar todo lo posible la RACD, reconociendo a la vez la naturaleza voluntaria de la revisión y las limitaciones individuales de los Estados miembros participantes.

8. Asegurar una participación intensiva del futuro Fondo Europeo de Defensa en la contratación pública multinacional que tengan un valor añadido identificado para la UE.

9. Establecer requisitos armonizados para todos los proyectos de desarrollo de capacidades acordados por los Estados miembros participantes.

10. Considerar el uso conjunto de capacidades existentes para optimizar los recursos disponibles y mejorar su eficacia general.

11. Garantizar mayores esfuerzos en el ámbito de la cooperación en materia de ciberdefensa, como el intercambio de información, la formación y el apoyo operativo.

«c) tomar medidas concretas para reforzar la disponibilidad, la interoperabilidad, la flexibilidad y la capacidad de despliegue de sus fuerzas, en particular mediante la definición de los objetivos comunes en materia de proyección de fuerzas, incluida la posible revisión de sus procedimientos decisorios nacionales.».

12. En lo que respecta a la disponibilidad y la capacidad de despliegue de las fuerzas, los Estados miembros participantes se comprometen a:

  • Poner a disposición formaciones que puedan ser desplegadas estratégicamente, además del despliegue potencial de un grupo de combate de la UE, a fin de hacer realidad el nivel de ambición de la UE. Este compromiso no afecta a las fuerzas de intervención rápida, las fuerzas permanentes ni a las fuerzas de reserva.
  • Desarrollar un instrumento sólido (por ejemplo, una base de datos) a la que solo tendrán acceso los Estados miembros participantes y las naciones que contribuyan a ella, con el fin de registrar las capacidades disponibles y rápidamente desplegables para facilitar y acelerar el proceso de generación de fuerzas.
  • Obrar en favor de un rápido compromiso político a escala nacional, incluyendo la posible revisión de los procedimientos decisorios nacionales.
  • Proporcionar un apoyo sustancial teniendo en cuenta sus medios y capacidades a las operaciones de la PCSD (por ejemplo, EUFOR) y misiones (por ejemplo, las misiones de formación de la UE), con personal, material, formación, apoyo a los ejercicios, infraestructuras o de otra manera, que hayan sido objeto de una decisión unánime en el Consejo, sin perjuicio de cualquier decisión referente a las contribuciones a las operaciones de la PCSD ni de cualquier limitación constitucional.
  • Contribuir sustancialmente al grupo de combate de la UE confirmando las contribuciones prometidas con cuatro años de antelación como mínimo y respetando un periodo de alerta en consonancia con el concepto del grupo de combate de la UE y la obligación de llevar a cabo ejercicios del grupo de combate de la UE para el conjunto de las fuerzas del grupo de combate de la UE (nación marco) y/o de participar en estos ejercicios (todos los Estados miembro de la UE que participen en el grupo de combate de la UE).
  • Simplificar y normalizar el transporte militar transfronterizo en Europa para permitir un rápido despliegue de material y personal militar.

13. En lo que respecta a la interoperabilidad de las fuerzas, los Estados miembros participantes se comprometen a:

  • Desarrollar la interoperabilidad de sus fuerzas:
    • Poniéndose de acuerdo sobre una evaluación común y criterios de evaluación para el conjunto de las fuerzas del grupo de combate de la UE, acordes con las normas de la OTAN, conservando a la vez una certificación nacional.
    • Poniéndose de acuerdo sobre normas técnicas y operativas comunes de las fuerzas, reconociendo que deben garantizar la interoperabilidad con la OTAN.
  • Optimizar las estructuras multinacionales: los Estados miembros participantes podrían comprometerse a formar parte de las principales estructuras existentes y de las posibles estructuras futuras que participen en la acción exterior europea en el ámbito militar (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCCE/ATARES/SEOS) y a desempañar un papel activo en ellas.

14. Los Estados miembros participantes procurarán adoptar un planteamiento ambicioso en lo que respecta a la financiación común de las operaciones y misiones militares de la PCSD, más allá de lo que se define como coste común de conformidad con la Decisión Athena del Consejo.

«d) cooperar para garantizar que toman las medidas necesarias para colmar, entre otras cosas mediante planteamientos multinacionales y sin perjuicio de los compromisos que hayan contraído en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las insuficiencias que se observen en el marco del mecanismo de desarrollo de capacidades.».

15. Ayudar a superar las deficiencias de capacidad determinadas por el Plan de Desarrollo de Capacidades y la RACD. Estos proyectos de capacitación ampliarán la autonomía estratégica de Europa y reforzarán la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE).

16. Considerar como una prioridad un enfoque colaborativo europeo a fin de subsanar las deficiencias de capacidad determinadas a escala nacional y, de manera general, recurrir únicamente a un planteamiento nacional si ya se ha llevado a cabo dicho examen.

17. Participar en al menos un proyecto en el marco de la cooperación estructurada permanente que desarrolle u ofrezca capacidades que los Estados miembros hayan considerado importantes desde un punto de vista estratégico.

«e) participar, en caso necesario, en el desarrollo de programas comunes o europeos de equipos de gran envergadura en el marco de la Agencia Europea de Defensa.».

18. Utilizar la AED como el foro europeo para el desarrollo conjunto de capacidades y considerar la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento como la organización de referencia para la gestión de los programas colaborativos.

19. Garantizar que todos los proyectos relacionados con las capacidades y liderados por los Estados miembros participantes refuercen la competitividad de la industria europea de la defensa gracias a una política industrial adecuada que evite cualquier solapamiento innecesario.

20. Garantizar que los programas de cooperación, que deben únicamente beneficiar a entidades que aporten manifiestamente un valor añadido en el territorio de la UE, y las estrategias de adquisición adoptadas por los Estados miembros participantes tengan un efecto positivo en la BITDE.

Gobernanza de la cooperación estructurada permanente

1. La gobernanza de la cooperación estructurada permanente se organizará:

  • a nivel del Consejo, y
  • en el marco de proyectos puestos en marcha por grupos de Estados miembros participantes que hayan acordado entre sí llevarlos a cabo.

2. De conformidad con el artículo 46, apartado 6, del TUE, el Consejo podrá adoptar decisiones y recomendaciones a fin de:

a) proporcionar una dirección y orientaciones estratégicas para la cooperación estructurada permanente;

b) definir las diferentes etapas de la realización de los compromisos más vinculantes que figuran en el anexo en el transcurso de las dos fases iniciales consecutivas (años 2018-2020 y 2021-2025) y especificar al principio de cada fase los objetivos más precisos para el cumplimento de los compromisos más vinculantes que figuran en el anexo;

c) actualizar y ampliar, en su caso, los compromisos más vinculantes que figuran en el anexo, teniendo en cuenta los logros alcanzados mediante la cooperación estructurada permanente, para reflejar la evolución del entorno de seguridad de la Unión. En particular, dichas decisiones deberán tomarse al final de las fases mencionadas en el apartado 2, letra b),sobre la base de un proceso de revisión estratégica que permita evaluar el cumplimento de los compromisos de la cooperación estructurada permanente;

d) evaluar las contribuciones de los Estados miembros participantes en aras del cumplimiento de los compromisos acordados, de conformidad con el mecanismo descrito en el artículo 6;

e) establecer la lista de proyectos que deberán desarrollarse en el marco de la cooperación estructurada permanente, que deberá reflejar a la vez el apoyo al desarrollo de la capacidad y el suministro de un apoyo sustancial en los medios y las capacidades para las operaciones y misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa;

f) establecer un conjunto de reglas de gobernanza comunes para proyectos, que los Estados miembros participantes en un proyecto individual puedan adaptar, si es necesario, a ese proyecto;

g) establecer, a su debido tiempo, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, las condiciones generales en las que se podrá, de manera excepcional, invitar a terceros Estados a participar en proyectos individuales; y determinar, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, si un determinado tercer Estado cumple dichas condiciones, y

h) proporcionar cualquier otra medida necesaria para seguir aplicando la presente Decisión.

Proyectos de cooperación estructurada permanente

1. Tras la presentación de propuestas por parte de los Estados miembros participantes que tengan la intención de participar en un proyecto individual, el Alto Representante podrá formular recomendaciones relativas a la identificación y a la evaluación de los proyectos de cooperación estructurada permanente, con base en las evaluaciones facilitadas de conformidad con el artículo 7, en decisiones y recomendaciones del Consejo que deberán adoptarse de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra e), siguiendo un parecer militar del Comité Militar de la Unión Europea (CMUE).

2. Los Estados miembros participantes que tengan intención de proponer un proyecto individual informarán a los demás Estados miembros participantes a su debido tiempo antes de presentar su propuesta a fin de recabar apoyo y ofrecerles la oportunidad de sumarse a la presentación colectiva de la propuesta.

Los miembros del proyecto serán los Estados miembros participantes que hayan presentado la propuesta. La lista de los miembros del proyecto de cada proyecto individual se adjuntará a la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 4, apartado 2, letra e).

Los Estados miembros participantes que participen en un proyecto podrán acordar entre ellos admitir a otros Estados miembros participantes que con posterioridad deseen participar en el proyecto.

3. Los Estados miembros participantes que participen en un proyecto acordarán entre sí las modalidades y el alcance de la cooperación, así como la gestión de dicho proyecto. Los Estados miembros participantes que participen en un proyecto deberán informar regularmente al Consejo sobre el desarrollo del proyecto, según proceda.

CONSUMO: RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

El proceso en la plataforma de resolución de litigios en línea

La plataforma de resolución de litigios en línea se puso en marcha en enero de 2016 y se abrió al público el 15 de febrero de ese mismo año. El objetivo de dicha plataforma es facilitar la resolución en línea de litigios entre consumidores y comerciantes con respecto a transacciones realizadas en línea. la plataforma tiene las siguientes características:

  • Los consumidores y los comerciantes pueden elegir cualquiera de las lenguas oficiales de la UE para interactuar con la plataforma (p.ej., presentar sus reclamaciones o recibir notificaciones); dispone de una herramienta de traducción automática para la comunicación de texto libre;
  • la plataforma identifica qué organismos de resolución alternativa de litigios notificados tienen competencia para tramitar el asunto y refiere el litigio al organismo que acuerden las partes;
  • los organismos de resolución alternativa de litigios pueden utilizar el sistema de tramitación de asuntos de la plataforma para tramitar el procedimiento de resolución alternativa de litigios totalmente en línea;
  • las partes pueden solicitar que el resultado del procedimiento de resolución alternativa de litigios sea traducido por un traductor profesional;
  • la plataforma incorpora plazos claros para garantizar un proceso rápido.

Reclamaciones presentadas por mes

Conclusiones

En general, la funcionalidad estructural de la plataforma y su impresionante alcance entre los consumidores en su primer año de funcionamiento son factores muy positivos. Las principales funciones de la plataforma operan correctamente, funciona como herramienta de TI en línea interactiva y multilingüe, proporciona un medio para presentar reclamaciones en línea fácil de usar, contiene un registro multilingüe de entidades de resolución alternativa de litigios y ofrece información sobre recursos en materia de consumo. No obstante, su contribución a la resolución de casos fuera de la plataforma se debe principalmente a su efecto como incentivo.

En los próximos meses será importante mejorar el compromiso de los comerciantes para garantizar que las reclamaciones que no puedan resolverse de forma bilateral (es decir, fuera de la plataforma o a través de los sistemas internos de reclamación del comerciante) se canalicen de manera efectiva a través de la plataforma de resolución de litigios en línea y sean tramitadas por un organismo competente de resolución alternativa de litigios. Para ello, la Comisión trabajará con las autoridades nacionales para mejorar el cumplimiento por parte de los comerciantes de la obligación de establecer un enlace a la plataforma de resolución de litigios en línea en sus sitios web. La Comisión ha comenzado también a adoptar medidas para animar a los comerciantes a cooperar en mayor medida en la plataforma, como ofrecer observaciones cuando solucionan los casos fuera de la plataforma, y se están implantando medidas técnicas con el objetivo de mejorar la interfaz y el sistema de mensajes de la plataforma y comunicar mejor las distintas formas de gestionar las reclamaciones de que disponen los consumidores.

Las actividades de comunicación destinadas a seguir promocionando la plataforma de resolución de litigios en línea entre los consumidores y los comerciantes se pondrán en marcha en 2017. Asimismo, la Comisión organizó dos actos de alto nivel con comerciantes que desarrollan su actividad en los principales sectores minoristas en línea, la ropa y el calzado y el sector de las líneas aéreas, para debatir el potencial que la resolución alternativa de litigios y la resolución de litigios en línea tienen para aumentar la confianza del cliente en el comercio en línea.

Finalmente, merece la pena mencionar que la plataforma de resolución de litigios en línea cuenta también con el apoyo del instrumento financiero del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE en telecomunicaciones) establecido por el Reglamento (UE) nº 1316/201313. Los proyectos respaldados tienen como objetivo mantener la plataforma de resolución de litigios en línea y mejorar su interoperabilidad con otros sistemas, con el fin de facilitar la comunicación entre los sistemas de reclamación de los comerciantes y la plataforma.

FONDOS ESTRUCTURALES

 

El principal objetivo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») es fomentar la cohesión territorial, la resiliencia y la convergencia socioeconómica a largo plazo. Los Fondos proporcionan una masa crítica de inversiones en ámbitos prioritarios de la UE mediante la gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros. Al apoyar la creación de empleo, el crecimiento y la inversión, reforzando el mercado único, la Unión de la Energía y la gobernanza económica, estas inversiones dan respuesta a las necesidades de la economía real. Los Fondos también ayudan considerablemente a la UE a alcanzar sus objetivos políticos traduciéndolos en acciones sobre el terreno.

El presente informe proporciona la primera visión estratégica de la aplicación de los programas de los Fondos EIE para el período 2014-2020, que estarán en funcionamiento hasta finales de 2023. Resume los informes de evolución y de ejecución de los Estados miembros correspondientes al período 2014-2016. Por tanto, se centra en los avances conseguidos en el ámbito de la ejecución, de conformidad con los datos sobre los proyectos seleccionados. En el documento de trabajo adjunto se facilita más información.

Los Fondos EIE proporcionan un marco de inversiones estable y a largo plazo a los Estados miembros y sus regiones. Con un presupuesto de 454 000 millones EUR para el período 2014-2020, los Fondos EIE constituyen el principal instrumento de inversión de la UE. Se prevé que la cofinanciación nacional pública y privada alcance, como mínimo, 184 000 millones EUR, lo que supone una inversión total de 638 000 millones EUR. Los Fondos EIE también ayudan a los Estados miembros a mejorar el clima de inversión, lo que incluye apoyar las reformas estructurales para movilizar capital privado, así como introducir condiciones ex ante. La actual generación de programas ha incorporado importantes reformas y ahora hay más financiación que nunca concentrada en los sectores de mayor valor añadido de la UE, como el empleo, la inclusión social, el desarrollo de capacidades, la investigación y la innovación, el medio ambiente o la economía con bajas emisiones de carbono. Los Fondos también ayudan a las autoridades y a las partes interesadas a pensar a escala de la UE o incluso mundial cuando actúan a escala local. Esto permite desarrollar una mejor planificación estratégica y alcanzar una mayor capacidad de respuesta.

Si se analizan los tres primeros años de los programas del período 2014-2020, se pueden apreciar los primeros logros. Se han seleccionado aproximadamente dos millones de proyectos en toda Europa, que ascienden a 182 000 millones EUR o representan el 28,4 % del total de la financiación disponible para el período. Se está dando apoyo a 793 490 empresas y, hasta la fecha, se ha ayudado a 7,8 millones de personas a buscar empleo, o posibilidades de formación o educación. En un 20 % del total de la superficie agrícola se llevan a cabo actuaciones relacionadas con el clima y el medio ambiente, después de haber realizado inversiones para mejorar la gestión del agua, el suelo y la biodiversidad.

Los informes de los Estados miembros ponen de manifiesto que el número de proyectos seleccionados en 2016 aumentó considerablemente, lo que indica que los Estados miembros están alcanzando su máxima velocidad a la hora de transformar los Fondos EIE en resultados concretos y de mejorar la vida de las personas en Europa. Las inversiones están progresando adecuadamente en muchas de las zonas consideradas prioritarias para la UE, por ejemplo, con el 31 % de la inversión total prevista para competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) asignado a proyectos. Los Estados miembros señalan asimismo una serie de ámbitos en los que se avanza lentamente y que, por tanto, requieren un cierto seguimiento, como por ejemplo, el ámbito de las inversiones en tecnología de la información y la comunicación.

Conclusiones

Con un presupuesto de 454 000 millones EUR para el período 2014-2020, los Fondos EIE, que apoyan a todos sus Estados miembros y regiones, constituyen el principal instrumento de inversión de la UE.

El marco jurídico del período de programación 2014-2020 ha supuesto una importante innovación política, que está contribuyendo al desarrollo de la iniciativa Un presupuesto de la UE centrado en los resultados. La reforma ha introducido una serie de elementos modernos para asegurar la eficacia en el cumplimiento. Además de apoyar los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y promover la cohesión, los Fondos EIE ofrecen unas mejores condiciones marco para la inversión, mediante condiciones ex ante, la armonización con las recomendaciones específicas por país, el refuerzo del marco de rendimiento y mejores sinergias con otros instrumentos. Esto genera un importante efecto palanca a escala de las políticas que va mucho más allá de los Fondos EIE.

La puesta en práctica de este nuevo y ambicioso enfoque en las regiones y los Estados miembros requiere tiempo y recursos en la fase inicial. La Comisión ha apoyado y seguirá apoyando a los Estados miembros en relación con el cumplimiento de nuevas exigencias normativas y adaptándose a los nuevos retos de diversas formas, por ejemplo, mediante servicios de asesoramiento, desarrollo de capacidades, formación, intercambio de buenas prácticas y otras medidas.

El primer informe nacional de evolución del ciclo de programación 2014-2020, junto con los informes de ejecución anuales de los programas, ofrecen una visión general del modo en que los Estados miembros están aplicando los objetivos políticos y avanzando en relación con su consecución. Los resultados del ejercicio de seguimiento de 2016 y los últimos datos disponibles a finales de octubre de 2017 muestran que, con una cifra total de selección de proyectos cuyo valor asciende actualmente a 278 000 millones EUR —que representan el 44 % de la financiación total disponible para el período—, la aplicación de los Fondos EIE ha despegado y está alcanzando su velocidad de crucero. Las inversiones relacionadas generan mejoras concretas en las vidas de los ciudadanos de toda la UE en ámbitos clave como el desarrollo económico, el empleo, la asistencia sanitaria, la accesibilidad o la protección del medio ambiente, y también han sido capaces de responder a las necesidades emergentes, como la crisis migratoria. Es una prueba tangible del valor añadido de la UE en acción.

Si bien se han producido avances importantes en la mayoría de los Estados miembros y ámbitos políticos, siguen pendientes algunos retos, como las inversiones en el ámbito de las TIC, la economía con bajas emisiones de carbono y el apoyo al desarrollo de la capacidad administrativa de las autoridades y los beneficiarios. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar que se seleccionan proyectos de calidad y que se aplican de manera efectiva.

Ahora resulta primordial que al acelerado ritmo de ejecución siga un fuerte y rápido aumento del gasto real. Los Estados miembros tienen que velar por que se desembolsen los fondos comprometidos, al tiempo que se mantienen los positivos avances realizados en la selección de proyectos. De este modo, maximizarán la valiosa contribución de estos fondos a las prioridades clave de la Unión.

OBSERVACIÓN ELECTORAL

La observación electoral es un importante instrumento para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Unas elecciones bien gestionadas pueden contribuir al traspaso pacífico del poder político.

Desde que se estableció la metodología de observación electoral de la UE en 2000, la UE ha enviado 138 misiones de observación electoral a 66 países de África, Oriente Medio, Asia y América Latina.

Casi la mitad de las misiones se desarrolla en África.

Las misiones de observación están lideradas normalmente por un diputado al Parlamento Europeo, que es nombrado por la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y actúa como jefe de observadores. Los observadores están obligados a ser estrictamente imparciales y a no mostrar sesgo alguno hacia ninguna de las partes implicadas en el proceso electoral.

Conclusiones

La UE observa elecciones en todo el mundo para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Aproximadamente dos meses después de la jornada electoral, las misiones de observación formulan recomendaciones al país en cuestión sobre la forma de mejorar el marco para futuras elecciones.

El Tribunal evaluó el apoyo prestado a la aplicación de dichas recomendaciones en cuatro países (Ghana, Jordania, Nigeria y Sri Lanka) y constató que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea habían dedicado esfuerzos razonables a apoyar la aplicación de las recomendaciones y, para lograrlo, habían utilizado los medios a su disposición. Ahora bien, son necesarias más consultas sobre el terreno y las misiones de seguimiento electoral podrían enviarse con más frecuencia. Por último, no existe ni una lista centralizada de las recomendaciones ni una evaluación sistemática de su estado de aplicación. El Tribunal formula una serie de recomendaciones para mejorar estos aspectos.

ECOLOGIZACIÓN

Conclusiones

La agricultura, en particular si es intensiva, incide negativamente en el medio ambiente y en el clima. La ecologización, pago directo que recompensa a los agricultores por ejercer prácticas agrícolas beneficiosas para la calidad del suelo, la captura de carbono y la biodiversidad, fue introducida en 2015 como medio para mejorar los resultados medioambientales y climáticos de la Política Agrícola Común de la UE. El Tribunal constató que no es probable que la ecologización, tal como se aplica actualmente, alcance este objetivo, debido principalmente al escaso nivel de los requisitos, que reflejan en gran medida las prácticas agrícolas normales. El Tribunal estima que la ecologización solo ha supuesto un cambio en las prácticas agrícolas en alrededor del 5 % de todas las tierras cultivables de la UE, y formula una serie de recomendaciones sobre cómo concebir unos instrumentos medioambientales más eficaces para la Política Agrícola Común después de 2020.

La ecologización es un nuevo tipo de pago directo introducido con la reforma de 2013 de la Política Agrícola Común (PAC), concebido para recompensar a los agricultores por tener un impacto positivo en el medio ambiente que de otro modo no habría sido gratificado por el mercado. Es el único pago directo cuyo principal objetivo declarado es de carácter medioambiental.

NUESTRA SELECCIÓN (DOUE)

DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017

JURISPRUDENCIA TJUE

CONDICIONES ARMONIZADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

La Norma EN 1090‑1:2009+A1:2011, con el título «Ejecución de estructuras de acero y aluminio — Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales», debe interpretarse en el sentido de que productos como los controvertidos en el litigio principal, destinados a ser fijados en el hormigón antes de que éste fragüe, están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Norma si tienen una función estructural en el sentido de que su retirada de una construcción disminuiría inmediatamente la resistencia de ésta (TJUE, Anstar Oy, 14 de diciembre de 2017, C‑630/16).

COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo (TJUE, Grzegorz Chudaś y Irena Chudaś contra DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG, 14 de diciembre de 2017, C‑66/17).

DERECHO DE SOCIEDADES

La Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48 [CE], párrafo segundo, para proteger los intereses de socios y terceros, y en particular sus artículos 2 y 6 a 8, y la Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 54 [TFUE], párrafo segundo, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital, en particular sus artículos 19 y 36, deben interpretarse en el sentido de que no confieren a los trabajadores que sean acreedores de una sociedad anónima, a raíz de la extinción de su contrato de trabajo, el derecho a ejercitar, ante la misma jurisdicción social que la competente para conocer de la acción declarativa de su crédito salarial, una acción de responsabilidad contra el administrador de esa sociedad, por no haber convocado la junta general pese a las pérdidas importantes sufridas por la empresa, con el fin de que se declare a dicho administrador responsable solidario de la referida deuda salarial (TJUE, Antonio Miravitlles Ciurana y otros contra Contimark SA y Jordi Socias Gispert, 14 de diciembre de 2017, C‑243/16).

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

El artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de prever un procedimiento de recurso contra las decisiones denegatorias de visado, cuya regulación procesal corresponderá al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad. Debe garantizarse la posibilidad de interponer un recurso judicial en algún punto de dicho procedimiento (TJUE, Soufiane El Hassani contra Minister Spraw Zagranicznych, 13 de diciembre de 2017, C‑403/16).

IVA

Los artículos 17 y 27 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2004/7/CE del Consejo, de 20 de enero de 2004, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida, como la controvertida en el litigio principal, autorizada por la Decisión 89/534/CEE del Consejo, de 24 de mayo de 1989, por la que se autoriza al Reino Unido a que aplique, en relación con determinadas entregas efectuadas a revendedores que no son sujetos pasivos, una excepción al artículo 11, [parte A, número 1, letra a)], de la Sexta Directiva, conforme al artículo 27 de la citada Directiva, que establece una excepción al artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, en virtud de la cual la base imponible a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una sociedad de venta directa será el valor normal de los bienes vendidos en la fase del consumo final, cuando dichos bienes se comercialicen a través de distribuidores no sujetos al IVA, aunque esa medida excepcional no tenga en cuenta de ningún modo el IVA soportado en relación con los artículos de muestra comprados por los distribuidores a esa sociedad.

El artículo 27 de la Sexta Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 2004/7, debe interpretarse en el sentido de que no exige al Estado miembro que solicita la autorización para establecer una excepción al artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de esta Directiva que informe a la Comisión Europea de que los distribuidores no sujetos al impuesto soportan el IVA por la compra de artículos de muestra adquiridos a una sociedad de venta directa, utilizados para los fines de su actividad económica, al objeto de que este impuesto soportado se tenga en cuenta de alguna manera en las modalidades de la medida excepcional (TJUE, Avon Cosmetics Ltd contra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, 14 de diciembre de 2017, C‑305/16).

LECTURA

Los grupos de presión
Análisis de la regulación del lobby en la UE y España
Joan Ridao

 

Editorial: Tirant lo Blanch
ISBN: 9788491695523
Nº Pág.: 272
Fecha de la edición: 2017
Encuadernación: Rústica

 

En los últimos años, los lobbies se han multiplicado y ganado terreno en el diseño e implementación de políticas públicas en Europa y en España. Con todo, solo la UE y una decena de Estados miembros han tomado la iniciativa en la esfera regulatoria. Y en España se reduce al ámbito autonómico. Por ello, hasta ahora, la mayor parte de estudios sobre la cuestión, de cariz eminentemente politológico, se han centrado en la interacción entre los grupos de interés y los gobiernos, para analizar su capacidad de influencia en las decisiones públicas.

La reciente regulación en el seno de la UE, las iniciativas en curso a nivel estatal y la regulación en el ámbito autonómico revelan sin embargo la existencia de una tendencia creciente a adoptar una regulación semejante a la establecida en los países anglosajones, con una configuración pluralista de las relaciones entre Estado y sociedad. Sin duda, ello va a contribuir a una mayor transparencia e integridad formal en el sistema de relaciones entre actores públicos y privados de cara a la influencia en la elaboración de políticas públicas y, tal vez, un sistema de mayor equilibrio de oligarquías en el campo de juego. El presente trabajo sistematiza y analiza dichas regulaciones en el nivel europeo y español.